Milei ajusta salud, educación y obra pública, pero aumenta fondos de Inteligencia
Un informe sobre la ejecución presupuestaria nacional expone un fuerte recorte del gasto público en comparación con 2023. Caen programas alimentarios, hospitales, universidades, ciencia, rutas y asistencia a provincias y municipios. En paralelo, crecen las partidas para la SIDE y se sostiene el peso del pago de deuda.
El ajuste del gobierno de Javier Milei ya impacta de lleno sobre la estructura del Estado nacional y empieza a mostrar cifras contundentes en áreas sensibles. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional cayó un 32% en términos reales durante el primer cuatrimestre de 2026 respecto al mismo período de 2023, con recortes masivos en salud, educación, obra pública, desarrollo social, ciencia y transferencias a provincias y municipios.
El trabajo, elaborado sobre datos oficiales del sistema e-Sidif, muestra además una fuerte paradoja política: mientras se desploman programas sociales, hospitales y fondos educativos, la Secretaría de Inteligencia del Estado incrementó su ejecución un 25% real en comparación con 2023.
La magnitud del ajuste atraviesa prácticamente toda la administración nacional. Según el informe, el gasto total ejecutado entre enero y abril de 2026 quedó muy por debajo de los niveles previos al desembarco libertario en la Casa Rosada. La caída también alcanza a programas históricamente centrales para el funcionamiento estatal.
En salud, el panorama es particularmente crítico. La Superintendencia de Servicios de Salud sufrió un recorte del 51%, mientras que hospitales nacionales registran caídas de entre 28% y 53%. El Hospital Laura Bonaparte perdió 53% de su ejecución real y el Posadas cayó 28%. También aparecen fuertes recortes en el Instituto Malbrán (-38%) y la ANMAT (-36%).
Además, programas sanitarios directamente quedaron paralizados. Atención Sanitaria en el Territorio y Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles muestran ejecución cero, es decir una caída del 100%. También se desplomaron programas vinculados a medicamentos, VIH, hepatitis, tuberculosis y enfermedades endémicas.
El ajuste educativo tampoco deja zonas intactas. El informe señala que Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente tuvieron caída total de ejecución (-100%). Las becas estudiantiles retrocedieron 85%, las acciones de formación docente 95% y la infraestructura educativa cayó 96%.
En ciencia y tecnología el panorama es similar. El programa de Promoción de la Investigación e Innovación cayó 84%, la CONAE perdió 59% de presupuesto real y el CONICET retrocedió 36%. También aparecen fuertes reducciones en el Servicio Meteorológico Nacional, la CONEAU y distintos organismos científicos y tecnológicos.
La obra pública directamente aparece virtualmente paralizada. El informe habla de una “ejecución extremadamente baja” en infraestructura, rutas y urbanización. Infraestructura en Municipios, Obras de Seguridad en Rutas Nacionales y programas de urbanización muestran recortes del 100%. Desarrollo de Obra Pública cayó 98%, mientras que Vialidad Nacional perdió 83% de ejecución real respecto a 2023.
También se derrumbaron las transferencias a provincias y municipios. La cooperación y asistencia técnica a municipios cayó 97%, la asistencia financiera a provincias y municipios retrocedió 99% y el Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la provincia de Buenos Aires directamente desapareció, con un recorte total del 100%.
El área social también refleja el impacto del ajuste. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia cayó 77%, el programa Economía Social tuvo ejecución nula y el Plan Nacional de Protección Social perdió 99% de sus recursos. Los comedores comunitarios y merenderos retrocedieron 54%, mientras que la Prestación Alimentar cayó 45% en términos reales.
Incluso las fuerzas federales y armadas muestran fuertes retrocesos presupuestarios: Policía Federal (-35%), Gendarmería (-31%), Prefectura (-31%), Ejército (-13%) y Armada (-18%).
El informe plantea además que el peso del pago de deuda sigue ocupando un lugar central dentro del esquema fiscal libertario. Los servicios de deuda pública representan el 11% del gasto total ejecutado por la administración nacional.
En ese contexto, el incremento de fondos para Inteligencia aparece como uno de los pocos rubros expansivos dentro de un presupuesto marcado por recortes generalizados. Para CEPA, la orientación fiscal del Gobierno muestra “un marcado sesgo contractivo del gasto público” que impacta sobre políticas esenciales en medio de un escenario económico y social delicado.