26 de febrero de 2026
A LA JUSTICIA
Citan a indagatoria a un exfuncionario de PBA por presunta defraudación a la administración pública
La jueza María Eugenia Capuchetti citó a un exfuncionario del PRO para declarar en una causa por negocios incompatibles por presuntos otorgamientos de créditos fiscales a Toyota.
El exdirector general de Cultura y Educación y actual Jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny, fue citado a indagatoria por la jueza federal María Eugenia Capuchetti en el marco de una causa judicial por presunta defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles vinculadas al otorgamiento de créditos fiscales a Toyota Argentina.
La cita será el próximo 3 de marzo, donde el exfuncionario bonaerense fue citado para brindar declaraciones. La causa está caratulada “Sánchez Zinny, Gabriel y Otros s/ Negociaciones incompatibles, defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la Administración Pública”. El pedido de indagatoria fue formulado por la Fiscalía Federal N° 12 a cargo de María Alejandra Mangano.
En dicha causa también fueron convocados a indagatoria Diego Pablo Taurizano, Diego Hernán Gabella y Martín Galante. Los hechos por los que se los acusa ocurrieron entre el 29 de marzo de 2016 y el 11 de abril de 2017, cuando se los dirigentes ocupaban cargos en en el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y en el Ministerio de Educación.
De acuerdo a lo que sostiene la imputación, los implicados realizaron presuntas contrataciones a través del régimen de crédito fiscal. Las mismas no podían concretarse de manera directa por no cumplir con el régimen de contrataciones públicas y por la existencia de vínculos familiares y personales con integrantes de las empresas beneficiadas.
La maniobra consistió en la emisión de certificados de crédito fiscal en favor de Toyota Argentina SA como empresa patrocinante de proyectos educativos conforme la ley 22.317. Pero la fiscalía entendió que el dinero fue utilizado para contratar servicios de consultoría y publicidad privada que no se ajustaban a los fines educativos previstos por la norma.
El monto acreditado del presunto perjuicio ascendió a $2.854.405, cifra que actualizada mediante la tasa activa del Banco Nación alcanzó los $16.515.389,42. En tanto, el total originalmente presupuestado en certificados de crédito fiscal para Toyota Argentina SA fue de $7.000.000, que actualizados representarían $40.501.514,67, según indicó el medio Noticias Argentinas.