Alarmas en Tandil por fumigaciones y un juicio que puede cambiar las reglas
Productores agroecológicos reportan perjuicios severos por agrotóxicos, en paralelo al proceso penal de Pergamino que cuestiona el modelo de controles en zonas pobladas.
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En Tandil, las tensiones políticas y sociales volvieron a escena con un conflicto que expone el malestar acumulado en distintos barrios del distrito. Entre reclamos por inseguridad, pedidos de intervención municipal y cuestionamientos a la conducción local, el episodio sumó presión sobre una gestión que ya venía atravesando semanas de alta sensibilidad política.
El caso más grave es el de la huerta Elama, que perdió más de 6.000 plantines luego de detectar deformaciones compatibles con herbicidas hormonales como 2,4D. Aunque el Municipio abrió un expediente, se negó a tomar la denuncia sin un responsable identificado, pese a que rige una cautelar judicial y que en el sistema provincial no figura ninguna receta agronómica autorizada en un radio de 500 metros. La falta de controles expone a los vecinos a daños ecológicos, económicos y potenciales riesgos para la salud.
Las organizaciones remarcan que el Estado incumple principios básicos de la Ley General del Ambiente, como la prevención y el principio precautorio, que obligan a intervenir aun sin certeza científica total. La ausencia de medidas eficaces profundiza la vulnerabilidad de familias y productores, mientras las instituciones siguen sin realizar las pruebas químicas prometidas para confirmar la contaminación.
Como antecedente de peso, el juicio penal por fumigaciones ilegales en Pergamino avanza en los tribunales federales de Rosario y es seguido de cerca por su posible impacto en futuras causas ambientales. La causa se originó en 2018 tras denuncias de vecinos por pulverizaciones cerca de viviendas, escuelas y cursos de agua, investigación que posteriormente confirmó la presencia de plaguicidas en zonas urbanas.
Tras años de pericias, análisis de suelos y pozos y revisión de ordenanzas locales, el expediente fue elevado a juicio oral. Productores y exfuncionarios municipales están acusados de contaminación peligrosa e incumplimiento de deberes, en un proceso que incluye testigos clave como médicos, agrónomos y especialistas en toxicología.
El juicio es considerado histórico porque podría fijar un precedente nacional sobre la responsabilidad penal en fumigaciones cercanas a áreas habitadas. Su sentencia podría incidir en otros conflictos agrícolas del país y reabrir debates sobre los límites del modelo productivo y el rol del Estado en proteger la salud y el ambiente.
