El juez Ernesto Kreplak avanzó en la causa conocida como “Gestapo PRO”, en la que se investiga el presunto armado de causas judiciales contra dirigentes políticos y sindicales de parte de ex funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal, en conjunto con empresarios y agentes de la Agencia Federal de Inteligencia.
En este sentido, el magistrado decidió procesar sin prisión preventiva al ex ministro de Trabajo Marcelo Villegas; al ex secretario de Justicia, Adrian Grassi; al intendente Julio Garro; al senador Juan Pablo Allan, a Juan De Stefano; Dario Biorci y a Diego Dalmau Pereyra.
Asimismo, Kreplak embargó a los implicados por la suma de 10 millones de pesos, "como garantía de sus eventuales responsabilidades civiles y/o penales, haciéndole saber que en caso de carecer de ellos y/o de resultar insuficientes los que le sean embargados, se decretará su inhibición general".
En tanto, el juez dictó la falta de mérito contra los empresarios y Roberto Gigante, quien se desempeñó como Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos.
Entre los argumentos para el procesamiento, Kreplak señaló en la Resolución, a la que tuvo acceso LaTecla.Info, que "del análisis de los hechos efectuado en el presente auto, se desprende que el plan cuyos ribetes delictivos han sido suficientemente indicados no se limitó a las personas aquí imputadas. Por el contrario, diversas líneas de investigación se desprenden de las mismas conclusiones sobre los hechos que en estas páginas se sostienen".
"Entre ellas, en primer lugar, se advierte que la decisión de avanzar con la estrategia de judicialización desplegada podría haber sido tomada o bien autorizada en los niveles superiores de los gobiernos nacional y provincial y que, asimismo, podrían encontrarse involucrados otros miembros de esos gabinetes de gobierno que no han sido hasta ahora mencionados", señaló.
Y agregó: "Del mismo modo, existen elementos que indican la necesidad de profundizar la investigación respecto de las autoridades superiores de la Agencia Federal de Inteligencia al momento de los hechos, cuya actuación directa o indirectamente se desprende de numerosas constancias incorporadas al proceso. Por otra parte, se advierte la necesidad de profundizar la investigación respecto de las autoridades judiciales y del ministerio público fiscal cuyo obrar ha sido considerado relevante en cuanto precede".
La denuncia que dio origen a esta investigación fue presentada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien a través de un escrito de tres páginas describió el hallazgo de los videos en los que puede observarse “la organización de una estrategia para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de personas vinculadas a la práctica sindical. centralizada en la actividad de la construcción desarrollada en la Ciudad de La Plata”.
La justicia deberá determinar qué hacía ese video en manos de la AFI y si lo que allí quedó registrado es efectivamente la planificación de una estrategia para perseguir a dirigentes a los que el gobierno de Vidal consideraba adversarios políticos o enemigos.
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