Argentina
Domingo, 14 agosto 2022
NOTA DE GRAFICA
25 de abril de 2022

Retroalimentación del conflicto social

El contexto de crisis económica generó que las demandas sociales deriven en procesos de judicialización y en una espiralización de los reclamos hacia la Justicia desde el seno de la sociedad

Por Juan Manuel Suárez

En un escenario de inflación descontrolada e índices de pobreza en alza, los reclamos sociales por las necesidades básicas como vivienda y empleo se multiplican en el país. En algunas ocasiones generan procesos de judicialización, como ocurrió con la megatoma de terrenos fiscales en la localidad de Los Hornos, en La Plata, que derivó en resoluciones que trajeron más cruces, para alimentar la grieta política.

Este tipo de tensiones sociales exige cuestionar: qué relación deben tener la Justicia y la sociedad, si existe una deslegitimación de la Justicia y por qué se dan situaciones de judicialización en la política. En comunicación con La Tecla, protagonistas de la Justicia Federal y bonaerense evaluaron la actualidad del Poder Judicial y su vínculo con los reclamos sociales y la política.

Consultado por los constantes reclamos hacia la Justicia, un juez de la provincia de Buenos Aires con amplia trayectoria deslizó que “no se respeta la institucionalidad, es básico. No solamente con respecto a los fallos, no se respeta en nada”. Al ser consultado por el avance de las críticas hacia las resoluciones judiciales, el mismo magistrado consideró que “va más allá de una deslegitimación de la Justicia, ya que lo que sucede en este país es que no se respeta la República”.

Tampoco soslayó el costado político que compone estas tensiones y apuntó contra representantes del Poder Judicial identificados con el kirchnerismo: “Hay operadores dentro de la Justicia, como Justicia Legítima, que actúan para deslegitimar”; explicó que “eso es una actitud ideológica”, y remarcó que “a un sector no le conviene la división de poderes, y no la acepta”.

En contraposición a esta mirada, el fiscal federal Federico Delgado, en diálogo con La Tecla se refirió a la resolución del juez federal Alejo Ramos Padilla sobre el fallo de la megatoma en el barrio de Los Hornos: “La sentencia es un ejemplo de desjudicialización de una política que fue judicializada, porque la tendencia inicial de la dirigencia política es criminalizar los problemas sociales utilizando a la Justicia como una suerte de depósito y esperando que el Código Penal resuelva profundos problemas estructurales”.

Para Ramos Padilla, desde esa perspectiva “la dirigencia en su conjunto tiende a eludir responsabilidades políticas y a depositar el problema en la Justicia. A partir de allí, los usos político-partidarios de la judicialización de la política son evidentes”. Con posturas antagónicas fuertemente marcadas con respecto a un mismo hecho, la discusión política también se traslada al ámbito de la Justicia.

El caso puntual del bloqueo de camiones en San Nicolás a partir de un reclamo sindical por la detención de dos dirigentes, derivado en un cruce entre Hugo Moyano y el jefe comunal de ese municipio, Manuel Passaglia, quien acusó al gremio de “extorsión”, generó un pedido del bloque de Diputados PRO para quitarle la personería jurídica al gremio de Camioneros. Habría que preguntarse si esa dinámica es realmente perniciosa para la salud de la democracia de nuestro país o ya constituye una parte inextirpable del sistema orgánico de la República.


Fallos que dividen aguas: “Están provocando la anomia”

Algunas decisiones judiciales generan controversia cuando se produce un choque entre quienes pugnan por garantizar el acceso a un derecho e -según lo establece la ley- incurren en un acto ilícito. Al respecto, sobre los magistrados que priorizan el primer aspecto, un juez bonaerense confió a este medio que “hablamos de gente que no conoce nada”, y aseveró que “fomentan la falta de respeto a la autoridad, incluso la del Presidente”.

Además lanzó: “Un día van a condenar a una persona a 20 años por homicidio y no van a respetar al fallo. Están provocando la anomia”. En esa sintonía, Marcelo Romero, fiscal de Instrucción de La Plata, habló sobre el fallo de Ramos Padilla en torno a la toma de Los Hornos. “Si bien es cierto que en derecho todo es opinable y podemos tener algún matiz, la ley debe interpretarse con sentido común”, consideró.

“Eso es crear una nueva figura. Legislar, cambiar el Código Penal”, aseveró, y añadió: “Las cuestiones sociales, de clase, de conciencia y justicia social y los argumentos que se utilizan no tienen absolutamente nada que ver con el tipo penal”.


Federico Delgado: “Se mezclan la judicialización de la política y la politización de la Justicia”

-A partir de lo que fue el reciente fallo sobre la megatoma de tierras en La Plata y las posturas contrarias que tomaron los dirigentes de Juntos por el Cambio, ¿considera que existe una criminalización hacia los reclamos de los sectores más vulnerables?

-Me parece que el fallo del juez Ramos Padilla fue objeto de una malversación semántica. El texto revela algo muy diferente a la sedimentación mediática. Desde esa perspectiva creo que la dirigencia en su conjunto tiende a eludir responsabilidades políticas y a depositar el problema en la Justicia. A partir de allí, los usos político-partidarios de la judicialización de la política son evidentes.

-Tras los constantes reclamos hacia los fallos judiciales, ¿existe una intención de deslegitimar la Justicia?

-No sé si hay una intención explícita, creo que la deslegitimación es una consecuencia natural de los reclamos permanentes de quienes quieren una Justicia “a la carta”. Pero también noto que la Justicia asiste en silencio, como institución, a ese proceso. De acuerdo con esa mirada, el formato del poder político en nuestro país necesita una cuota de impunidad para funcionar, y la Justicia, como sistema, garantiza esas cuotas.

-¿Qué considera sobre la judicialización de la política?

-Es parte del proceso por el cual la dirigencia política evita resolver sus problemas de acuerdo con criterios políticos y los lleva a la Justicia, que, lejos de rechazar esa oferta, los toma y utiliza el imperio que asigna la Constitución para desarrollar acciones que la ingeniería judicial no previó pero que ocurren. Así se genera una mezcla explosiva de la judicialización de la política y la politización de la Justicia.


La megatoma de La Plata llevó a la Justicia la tensión de la grieta

La Justicia Federal resolvió archivar la causa por la megatoma de Los Hornos, en La Plata, y reavivó la discusión en torno al déficit habitacional. El juez Alejo Ramos Padilla argumentó tras ejecutar esa resolución que la actual toma no generará “perjuicio de eventuales acciones civiles y/o administrativas que pudieran resultar necesarias en el futuro para llevar a cabo el proyecto de urbanización en curso, de conformidad con los estándares de seguridad y habitabilidad que deben regir este tipo de acciones”.

Posteriormente, un grupo de vecinos organizados de Los Hornos realizó una protesta en los Tribunales Federales de La Plata en rechazo a la decisión. Mediante un comunicado expresaron su descontento por la resolución del magistrado y llamaron también a no pagar el impuesto Inmobiliario, a modo de protesta.


En San Nicolás, un conflicto judicial avivó la pelea entre Moyano y el PRO

Maximiliano Cabaleyro, delegado regional de Camioneros y edil del FdT en San Nicolás, y Fernando Espíndola, también representante del gremio de choferes, fueron acusados y detenidos por los delitos de “turbación de la posesión” y “extorsión” por el bloqueo a la empresa Rey Distribución, ocurrido a comienzos del 2021 en la localidad de San Pedro.

Esto provocó una inmediata reacción de la conducción del gremio de Camioneros, que no dudó en vincular lo sucedido a un acto de lafware político - judicial. A partir de una medida de fuerza, la ciudad de San Nicolás estuvo sin recolección de residuos y circulación de camiones, algo que complicó la distribución y provisión de alimentos, generando malhumor y tenso clima social.

Dos días después, el sindicato liderado por Hugo y Pablo Moyano levantó la medida, luego de las negociaciones llevadas adelante desde la empresa que tiene la concesión de la recolección de residuos en el distrito.