La construcción del country Big Sur en Ruta 11 y calle 515 comienza a generar ruido en la política y los barrios sureños de General Pueyrredon. El proyecto por el cual se propone la construcción de un barrio cerrado en un predio de 100 hectáreas y que contará con 400 viviendas, primero debe atravesar el filtro del Concejo Deliberante, donde la Comisión de Obras ya aprobó un proyecto de ordenanza para afectar la zona al Área Complementaria del Litoral Marítimo Uno (CoLM1), lo que permitiría que avance el proyecto en los términos previsto en el Código de Ordenamiento Territorial (COT).
Sin embargo, el negocio inmobiliario encuentra resistencias no solo en vecinos de los barrios aledaños, sino también en el Concejo Deliberante, donde ediles oficialistas y opositores expresaron su preocupación por diversos aspectos del proyecto impulsado por el Ejecutivo a propuesta de los desarrolladores, las firmas Samarde SRL y Marplanauteados SRL, vinculadas a Fernando Aguerre.
Si bien el expediente superó el filtro de Obras y ahora debe exponerse a la complicada Comisión de Legislación, tanto la Unión Cívica Radical como el Frente de Todos plantearon objeciones y se abstuvieron a la espera de novedades. Uno de los puntos apuntados desde ambos espacios refiere a la falta de compensaciones en favor de la Municipalidad, situación que no está contenida en el proyecto.
La Ley de Hábitat 14.449, a la cual la Comuna adhirió en 2014, contempla en su Artículo 46 los hechos generadores de la participación del Municipio en las valorizaciones inmobiliarias, situaciones donde, entre otras, se incremente el valor del inmueble. Por ello, el Estado municipal debe recibir algún tipo de compensación de parte del desarrollador, los cuales por lo general son lotes dentro del predio afectado, utilizados a posteriori con fines de gestión pública.
Falta de compensaciones y reclamos de estudios de prefactibilidad exponen al proyecto del country Big Sur
Tanto Marianela Romero (UCR) como Sol de la Torre (Frente de Todos), hicieron foco en este aspecto y reclamaron que las compensaciones estén detalladas en el proyecto. “Habría que saber de cuánto es el incremento de la variación y cómo va a ser la compensación que va a recibir el Municipio”, sostuvo al edil de Patria Grande.
La tramitación de una desafectación para beneficiar a un particular específico fue otro de los aspectos puestos en tensión por ambas bancas. “En nuestra responsabilidad analizar cuáles son todas las influencias positivas y negativas, porque el proyecto luego no va a pasar por este Concejo”, expuso Romero. El problema del suministro de agua fue ponderado por sobre los demás: “conocemos cual es la situación de la provisión en los barrios del sur, conocemos las complicaciones del último verano y la particularidad de esto”.
Si bien técnicamente la actuación del HCD se puede limitar a la aprobación de una desafectación y afectación de un área determinada independiente del proyecto a realizar, los bloques de la UCR y el Frente de Todos hicieron hincapié en la necesidad de saber la factibilidad que tendrá la obra.
Por su lado, de la Torre fue aún más allá y remarcó la documentación faltante que dé garantías de la viabilidad de la iniciativa. La edil listó la necesidad de contar con plano de mensura, subdivisión, prefactibilidad ambiental de OPDS, aptitud hidráulica del ADA, aptitud para pozos de agua y cloaca de la Autoridad del Agua (ADA), estudio premilitar de impacto ambiental, certificado del Emvial aprobando red circulatoria y alumbrado público; entre otras documentaciones.
“No estamos de acuerdo en la irresponsabilidad de pensar eso sin asegurar las condiciones de vida de los que ya viven ahí y de los que van a vivir. ¿Quién está diciendo que ese bario no va a generar una nueva complicación? Es una duda que nos la tenemos que plantear”, agregó su compañera de bloque, Virginia Sívori.
Asimismo, fueron críticas del recurso que el desarrollador viene exponiendo para lograr la el acompañamiento de vecinos de barrios lindantes, respecto al mejoramiento de la infraestructura urbana, como ser el caso de la red de cloacas. “El privado comentó que su apuesta era garantizar el acceso a servicios de los barrios aledaños, necesitamos saber cuál es esa obra que se prevé realizar y la preocupación se deposita sobre la factibilidad del proyecto inmobiliario”, replicaron desde la oposición.
A estas observaciones más la presión social que se viene generando desde colectivos ambientalistas se deberá exponer en un futuro cercano la Comisión de Legislación, cuando comience a tratar el proyecto, en un marco donde día a día aumenta la polémica.
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