INFORME
16/10
Toma de tierras en la Patagonia: las dos caras del conflicto
Los reclamos de pueblos originarios por la posesión de tierras se multiplicaron en las últimas semanas. Hay varios focos de conflictos en zonas donde casualmente empresarios extranjeros tienen un gran porcentaje de hectáreas. La extranjerización y el reclamo de las comunidades
Vía La Tecla Patagonia


Con tomas de tierras desparramadas a lo largo y a lo ancho del país, la problemática del acceso a la vivienda en Argentina se hace cada vez más evidente. En las provincias del sur, se da la particularidad de que las tomas en general, son protagonizadas por los pueblos originarios. Es decir, las comunidades que originalmente fueran propietarias de esas tierras. 

La paradoja es que en la Patagonia el porcentaje de extranjeros que poseen tierras es relativamente alto. Por un lado, los pueblos originarios llevan adelante reclamos – no siempre pacíficos- desde hace muchos años; por otro,  grandes magnates extranjeros disfrutan y explotan los suelos que los anteriores reclaman.

El conflicto de las tomas en el sur presenta esta doble cara, que no es nueva, pero que sigue generando un amplio debate. Por qué dejamos que tierras productivas y de alto valor queden en manos de extranjeros en detrimento de nuestros pueblos originarios. 

En la actualidad existen varios focos de conflictos en Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, vinculados a las tomas de tierras. Por un lado, tierras rurales o ubicadas en localidades andinas, en reservas forestales. Allí las tomas son generalmente llevadas adelante por las comunidades mapuches.  Por otro, tomas de predios en las localidades más importantes del sur, como Neuquén capital, General Roca, Cipolletti, etc.  En este caso, las tomas las protagonizan agrupaciones sociales y vecinos. 

En los últimos meses, la crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19 ha multiplicado las tomas en las provincias patagónicas. Los focos más conflictivos actualmente se dan en Villa Mascardi, cerca de Bariloche; en El Bolsón; en Villa Mari Menuco (Neuquén), y en Cushamen (Chubut) entre otros. 

Casualmente varias de esas localidades son las que presentan mayor porcentaje de ocupación de tierras en manos de extranjeros. 

Extranjerización 

El primer relevamiento difundido en 2015 indicó que en Argentina, de un total de 266.707.361 hectáreas rurales, el 6,09 por ciento estaba en manos extranjeras (16.253.279).









Durante la gestión de Cambiemos (2015 – 2019) se modificaron los criterios de registración y al 31 de enero de 2019 el porcentaje había bajado al 5,02 por ciento. También se eliminaron los controles cruzados de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP.

Mediante el decreto 820/2016 se modificó la Ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, sancionada en 2011.

Los cambios introducidos eliminaron los controles de la Unidad de Información Financiera y la AFIP para prevenir el posible lavado de activos vía la adquisición de tierras y se flexibilizaron las condiciones de acceso para el capital extranjero.

La llamada ley de Tierras fue aprobada en la Cámara baja durante la madrugada del 16 de diciembre de 2011. Entre las limitaciones se había fijado un límite del 15 por ciento a toda titularidad de dominio o posesión a nivel nacional, provincial y subprovincial; hasta un máximo de 1000 hectáreas por titular; no se podían adquirir tierras que contuvieran o sean ribereñas a cuerpos de agua de envergadura o permanentes y sobre todo se establecían controles específicos para evitar la extranjerización a través de la compraventa de acciones vía testaferros.

Al mismo tiempo se estableció la necesidad de realizar un relevamiento. En este sentido se realizó el primero en el año 2015.



De acuerdo a esos datos, el porcentaje de tierras en manos extranjeras en las zonas donde hoy existen tomas, es alto. Por ejemplo, en Bariloche llegaba al 21,5 por ciento; en Cushamen–el territorio donde ocurrió la represión de la Gendarmería que finalizó con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado- era del 22,9 por ciento; el departamento de Lacar, en Neuquén, con un 53,38 por ciento de extranjerización.





Este primer relevamiento arrojó que el 79,74 por ciento de la superficie de tierra extranjerizada del país estaba en poder del 1,35 por ciento de los propietarios extranjeros que equivalían a 253 titulares. Entre los más conocidos que poseen tierras en el sur se encuentran Joe Lewis; el grupo Benetton; Ted Turner; el grupo Burco, entre otros. 



El Grupo Benetton tiene cerca de 902 mil hectáreas en Chubut. La estancia Leleke, propiedad de la Compañía Tierras del Sud Argentino (CTSA) en la zona de la precordillera andina, ocupa unas 356 mil hectáreas y es el escenario donde se volvió más virulenta la protesta mapuche. 

La comunidad de Resistencia en Cushamen, liderada por el lonko Facundo Jones Huala, preso en Chile, instaló su lof a la vera de la ruta 40. Ese fue el escenario de la muerte de Santiago Maldonado durante el operativo de la Gendarmería nacional para desalojar un corte de ruta.

De acuerdo a información publicada por Amnistía Internacional  existen alrededor 225 conflictos que involucran a las comunidades aborígenes en todo el país, en su mayoría, por asuntos territoriales, que en varios casos están relacionados a terratenientes extranjeros.

Los conflictos entre extranjeros y comunidades indígenas se endurecieron en los últimos años y específicamente en los últimos meses tras la crisis derivada de la pandemia de coronavirus. 




El reclamo de los pueblos originarios

En Neuquén, son varias las comunidades que resisten el desarrollo de la industria petrolera pero Campo Maripe, que es una de las más activas en el reclamo por la posesión ancestral de tierras, se encuentra en la zona de Añelo muy cerca de Vaca Muerta. El centro de la capital neuquina, en tanto, también tiene focos activos. Allí, las familias que integran las lof Newen Mapu y Puel Pvjv mantienen ocupadas unas 50 hectáreas.

Seis de los integrantes de Campo Maripe fueron juzgados en 2019 por usurpación y luego resultaron absueltos, pero el Tribunal de Impugnación anuló el fallo y ordenó un nuevo juicio.

En las últimas horas se registró una nueva toma en Villa Mari Menuco. Se trata de un reclamo de la comunidad mapuche Kaxipayiñ que viene desde el año 2017. 

El tema es complejo y viene desde agosto de 2017 entre la comunidad y la comisión directiva del Club Mari Menuco, por la posesión de unas 200 hectáreas. La jueza a cargo de la causa, María Eugenia Grimau, todavía no se expidió al respecto. 

El club se adjudica las tierras, debido a una cesión fiscal de la provincia, mientas que la comunidad aduce que esas hectáreas son parte del relevamiento territorial del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), por la aplicación de la Ley 26.160.

A pesar de la aparente paz, el conflicto por la toma de tierras en Villa Mascardi, está lejos de haber encontrado una solución. 

El Gobierno nacional se encuentra dialogando y negociando con las partes desde hace semanas sin respuestas favorables. Si bien hubo actos violentos por parte de las comunidades que participan en las tomas hace algunos meses, en las últimas semanas, no se produjeron episodios de este tipo. También hubo marchas de vecinos de Mascardi que quieren recuperar sus tierras. 



"Tenemos la convicción de que el diálogo puede generar soluciones pacíficas y que el uso de la fuerza debe ser el último recurso al que apelar", dijo la ministra Sabina Frederic en su cuenta de Twitter, respecto a la resolución del conflicto. 

Ante el reclamo de seguridad de los vecinos de la zona, Frederic precisó que "en el marco del diálogo se dispuso un control de Gendarmería en la ruta y se trabaja en reforzar la presencia preventiva de fuerzas federales".

En tanto, en El Bolsón, el INTA presentó ante el juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Zapata el plan de acción futuro sobre la protección del predio que más de 133 familias tomaron semanas atrás en Loma del Medio.

El 11 de septiembre pasado, el Juez había desestimado el pedido de desalojo, que había solicitado la fiscal federal de Bariloche Sylvia Little, de las familias que ocupaban dos los lotes pertenecientes al INTA justamente ante la falta de un plan de acción. 

La toma de las tierras comenzó el 16 de agosto pasado, cuando un grupo de personas irrumpió con vehículos en el predio de 3,2 hectáreas de superficie, que el INTA tiene en la reserva Loma del Medio de El Bolsón.

Con un fallo unánime, la Corte Suprema de Justicia rechazó un hábeas corpus preventivo presentado por la comunidad del Pu Lof de Cushamen, Chubut, liderada por Facundo Jones Huala. El recurso denunciaba “un plan persecutorio” y la falta de respeto a las tradiciones indígenas por parte de la Justicia y la Policía provincial que investigan denuncias en esos campos tomados por los mapuches.

Con la decisión del máximo tribunal integrado por Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti, Elena Highton, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, con fecha del 10 de septiembre, se limita la ocupación de esos terrenos pertenecientes al empresario Luciano Benetton y otros propietarios y rechaza que exista “un plan persecutorio” contra las comunidades mapuches de la región por una serie de causas abiertas desde el 2016 por los supuestos “delitos de abigeato, posesión de armas de fuego y cortes de ruta”, sostienen en el fallo.