ACLARAMOS, DIJO RAMOS...
02/09
Municipio PJ niega compras irregulares: "es una utilización maliciosa de la contabilidad"
El intendente y el responsable de las finanzas fueron denunciados por el diputado Bugallo. Rechazan que se fraccionaran pagos para evadir controles y explicaron que, por la herencia recibida, debieron acudir a proveedores diferentes.


Luego de la denuncia por supuestas compras irregulares que formalizó ante la justicia del diputado provincial Luciano Bugallo (Juntos por el Cambio), el municipio de Luján dio su versión de los hechos, que involucran al intendente Leonardo Boto y a su secretario de Economía, Ignacio Pedotti.

El propio Pedotti aseguró a La Tecla que "la denuncia responde a una utilización maliciosa de la información de la contabilidad municipal", y añadieron que "el municipio que recibimos el 10 de diciembre fue un municipio con los depósitos absolutamente vacíos de alimentos y con una asistencia de apenas 30.000 (treinta mil) kilos mensuales".

"Con la declaración de aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesta por el decreto municipal, el estado municipal debió hacer frente a lo imprevisible. Nos hicimos cargo del rol que tenemos, somos el estado y no podíamos pedirle a la gente, al vecino,  que espere 60 días para comer, hasta que una licitación de compra se haga efectiva", explicó.

En tal sentido, y ante la acusación de desdoblar los pagos como método para burlar los controles, el responsable de las finanzas municipales sostuvo que "tuvimos que comprar alimentos para dar asistencia a casi 39.000 vecinos y vecinas; 9 mil familias que necesitaron de la asistencia del estado municipal. Las compras de desdoblaron para poder efectuar la adquisición 100.000 (cien mil) kilos de alimentos mensuales que es la asistencia que al día de la fecha se está brindando en todo el territorio y se efectuaron como en el resto de los municipios a instancias del decreto nacional 426/2020 y el decreto provincial 132/2020, al que nos adherimos por ordenanza del Concejo Deliberante local.

"Nos señalan por desdoblar las compras y no tener apego al procedimiento más riguroso, pero no teníamos alternativa como Estado para asegurar la comida de los vecinos. Nos señalan por las compras pero no dicen que pagamos precios hasta un 30% más barato que los que pagaba la gestión de Juntos por el Cambio hasta el 10 de diciembre", manifestó Pedotti.

En cuanto a los pocos antecedentes de los proveedores, el funcionario expresó que "se compraron a proveedores nuevos, ya que recibimos un municipio vergonzosamente endeudado en más de 500 millones de pesos. Al municipio no le quería vender nadie porque no pagaba. Y los que le vendían le cobraban sobreprecios para cubrirse"·

En ese sentido, el Ejecutivo lujanense, en manos del Frente de Todos, indicó que "ya tomó intervención el Tribunal de Cuentas, auditó las ordenes de compra y la documentación respaldatoria de todo el proceso de compra, sin generar objeciones. Además trabajamos en un proceso de transparencia donde está a disposición de cualquier vecino ó vecina y de la justicia también llegado el caso, cada orden de compra y los precios aceptados por la comuna en cada rubro".

El legislador de la CC-ARI presentó una denuncia ante la Fiscalía Nª 10 de Luján por presuntas compras irregulares por unos 30 millones de pesos.

Según consta en el escrito, “a Marcela Guadalupe Goldsztaud se le habrían realizado compras por casi 19 millones en 128 órdenes de compra emitidas en menos de cuatro meses”.

Además, se detalló que “en el caso del proveedor Mariano David Rossi, quien figura con situación de morosidad cinco (irrecuperable) en un informe del Banco Central de la República Argentina, se le emitieron 63 órdenes de compras en 48 días por 12.457.689 pesos”.

Junto con el fraccionamiento de pagos, el demandante sostiene que ambos proveedores "carecían de antecedentes comerciales, y no contaban con  habilitación Municipal", involucràndolos en una supuesta maniobra dolosa.

En su pedido, el diputado de la CC-ARI acusa al intendente Boto y a su colaborador de los presuntos delitos de incumplimientos de los Deberes de Funcionario Público;  Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; Malversación de caudales públicos;, estafas y otras defraudaciones y asociación ilícita.