Vía La Tecla Patagonia (lateclapatagonia.com.ar)
En la última semana se presentaron dos pedidos de juicio político en la Legislatura contra el gobernador, Mariano Arcioni y uno contra el ministro de Seguridad, Federico Massoni. La crisis económica, política y social se siente cada vez con más fuerza en pleno contexto de pandemia.
Chubut consiguió un respiro de Nación mediante un crédito del Fondo Fiduciario, que le permitirá hacerse en total de 5.000 millones de pesos, que están siendo destinados en gran parte a pagar los casi tres meses de salario que adeuda a varios sectores de la administración pública provincial.
Más allá que el juicio político, es un mecanismo constitucional para remover a un funcionario de su cargo, la pregunta que cabe en el difícil contexto que atraviesa Chubut es: ¿Juicio político y después qué?
La Tecla Patagonia, dialogó con abogados y legisladores para conocer su opinión respecto a los pedidos de enjuiciamiento presentados y si la remoción del Gobernador, traería alivio a la situación que atraviesa la Provincia. Los consultados consideran que las cosas no se están haciendo bien, sin embargo entienden que Arcioni debería terminar su mandato. Al mismo tiempo señalan que los vecinos que hicieron las presentaciones, están en su derecho.
Sobre finales del año pasado hubo rumores sobre la intención de la oposición y algunos gremios de avanzar en un pedido de juicio político contra el Gobernador, sin embargo, no hubo presentación oficial. El Frente de Todos nacional, entonces en plena campaña electoral, desactivó la intención con una fuerte bajada de línea a la dirigencia provincial.
Cuáles son las causales y cómo es el procedimiento
En el artículo 198 de la Carta Magna provincial se establece que “el Gobernador, el Vicegobernador y sus Ministros, pueden ser denunciados ante la Legislatura por incapacidad sobreviniente, por delitos en el desempeño de sus funciones, por falta de cumplimiento a los deberes de su cargo o por delitos comunes”.
Todos los años y en la primera sesión, la Legislatura se divide por mitades en dos Salas cuyos miembros se eligen por sorteo, a los fines de la tramitación del juicio político.
La Sala primera tiene a su cargo la acusación y la segunda es la encargada de juzgar. La Sala acusadora es presidida por un diputado elegido de su seno y la de juzgar por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia.
“Cualquier legislador o habitante de la Provincia en el pleno goce de su capacidad civil puede denunciar ante la Legislatura el delito o falta a efectos de que se promueva la acusación”, expresa el artículo 199.
“El fallo no tiene más efectos que el de destituir al acusado y aun inhabilitarlo para ejercer cargos públicos, quedando siempre sujeto a acusación, juicio y condena conforme a las leyes comunes y ante los Tribunales ordinarios”.
Quiénes componen las salas de Acusar y Juzgar
En la primera sesión del período ordinario en la Legislatura de Chubut quedaron constituidas las Salas de Acusar y Juzgar, las encargadas de llevar adelante el proceso ante un eventual pedido de juicio político.
Mediante la resolución 05/20 se procedió al sorteo. La Sala de Acusar, según determina la norma está integrada por catorce miembros, excluyendo a los vicepresidentes primero y segundo, que pasan a integrar la Sala de Juzgar.
SALA DE ACUSAR está integrada por:
AGUILERA, María Andrea (Juntos por el Cambio)
CASANOVAS, Adriana Elizabeth (Frente de Todos)
CATIVA, María Magdalena (Chubut al Frente)
DE LUCIA, Gabriela Elizabeth (Chubut al Frente)
GABELLA, Xenia Adriana (Chubut al Frente)
GIMENEZ, José Antonio (Chubut al Frente)
GOIC, Tatiana Alejandra (Frente de Todos)
GOMEZ, Carlos (Chubut al Frente)
LOPEZ, Antonio Sebastián (Juntos por el Cambio)
MANSILLA, Mario Eduardo (Frente de Todos)
MANTEGNA, Carlos Hugo (Frente de Todos)
MONGILARDI, Emiliano José (Chubut al Frente)
PAIS, Juan Horacio (Chubut al Frente)
WILLIAMS, Claudia Mariela (Chubut al Frente)
La Comisión Investigadora, compuesta por cinco miembros, es quien debe evaluar la viabilidad y admisibilidad de las presentaciones. Todavía no fue constituida.
“La comisión investigadora a la que se refiere el artículo anterior practica todas las diligencias en el término perentorio de cuarenta días y presenta dictamen a la Sala acusadora, la que puede aceptarlo o rechazarlo, necesitándose dos tercios de votos del total de sus miembros cuando el dictamen sea favorable a la acusación”, expresa el artículo 202 de la Constitución provincial.
SALA DE JUZGAR está integrada por:
ANDEN, Zulema Margarita (Chubut al Frente)
ANTIN, Miguel Agustín (Chubut al Frente)
ARTERO Rossana Beatriz (Chubut al Frente)
BASKOVC, María Belén (Frente de Todos)
CIGUDOSA, Graciela Palmira (Chubut al Frente)
CHIQUICHANO, Tirso Ángel Héctor (Chubut al Frente)
ELICECHE, Carlos Tomás (Frente de Todos)
INGRAM, Roddy Ernesto (Chubut al Frente)
LLOYD JONES, Leila (Chubut al Frente)
NOUVEAU, Pablo Sebastián (Chubut al Frente)
PAGLIARONI, Manuel Iván (Juntos por el Cambio)
SASO, Selva Mónica (Frente de Todos)
WILLAMS, Rafael (Frente de Todos)
Los pedidos de juicio político presentados
La falta de pago de sueldos y jubilaciones fue el argumento que movió uno de los pedidos de enjuiciamiento contra el Gobernador. Fue presentado por dos jubilados en la Defensoría de Esquel, y luego en la Legislatura provincial. Contiene 70 fojas donde se detallan los supuestos incumplimientos que justifican la acusación contra Mariano Arcioni.
La presentación se produjo una semana posterior a la ruptura del bloque oficialista. De los 16 diputados que conformaban la bancada de Chubut al Frente, 9 expresaron su malestar ante la falta de diálogo y consensos en la toma de decisiones, y se apartaron públicamente del oficialismo. Se trata de los legisladores que responden a los sectores de Ricardo Sastre y Adrián Maderna, mayormente.
El documento lleva la firma de Nélida Rosa Contrera y Carlos Cohen Arazi, ambos oriundos de la localidad de Esquel. Acompañaron con una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal. Denuncian al Gobernador por “incumplimiento de los deberes de funcionarios público”. Argumentan el “no pago de haberes en tiempo y forma de manera reiterada (por no decir permanente) de toda la Administración Pública Provincial”.
Y agregan: “Con preocupación observamos que todas las declaraciones públicas del Señor Gobernador, remiten a solucionar la crisis económica provincial en una mística de resignación. No hemos visualizado una propuesta de trabajo del Gobierno (plan) que atienda a resolver la crítica situación de toda la población”.
En tanto, María Alejandra Pérez, vecina de Trelew y madre de Evelyn Tatiana Lehr, víctima de femicidio en junio de 2018 a manos de su expareja Carlos Archie Phillips, denunció al gobernador Mariano Arcioni y solicitó la realización de un juicio político en su contra, por "falta de cumplimiento de los deberes de su cargo".
Según relata en su denuncia, el mandatario no cumplió con la asignación del presupuesto para la ley provincial XV-26 para proteger a las mujeres y erradica la violencia de género en Chubut y fue sancionada hace dos años. "Hasta la fecha no se ha cumplido con el presupuesto, que es obligatorio y que jamás se consideró dentro del presupuesto provincial", asegura.
En este sentido, la denunciante relata que "la falta de presupuesto y la falta de cumplimiento de la ley, se cobra la vida de las mujeres de la Provincia", y recuerda que en estos 60 días de cuarentena hubo 1460 casos de mujeres pidiendo ayuda por violencia de género en toda la provincia. "Decir que se agravó, es poco", concluye.
El documento concluye que "bajo el análisis de la normativa vigente es admisible el pedido de juicio político al Sr. gobernador Mariano Arcioni, por la falta de presupuesto y de la aplicación de la ley N°XV-26, es llanamente faltar al cumplimiento del os deberes de su cargo".
La posición del Ejecutivo
Luego de las presentaciones realizadas, muy pocos referentes del Gobierno salieron a expresarse. Uno de ellos fue el ministro de la Producción de Chubut, Leonardo Cavaco, quien utilizó las redes sociales para referirse al tema.
Cavaco consideró que “es lamentable que mientras el gobernador, Mariano Arcioni, trabaja incansablemente para cuidar la salud de todos los chubutenses, haya otros que aprovechan esta delicada situación para buscar desestabilizar políticamente”.
En este sentido, agregó: “En este momento que todos tenemos que luchar para enfrentar la pandemia y tirar para el mismo lado, otros piensan en hacerle juicio político a un gobernador elegido democráticamente”.
Por último, indicó en referencia a los sectores que impulsan el juicio político que “su interés evidentemente no es pensar en las necesidades de la gente sino que en el rédito político que pueden tener. Lo peor es que en una misma semana aparecen dos proyectos similares. No hay dudas que son armados por una mano negra que busca desestabilizar.
Mariela Williams (Diputada Interbloque Chubut al Frente)
“Quieren instalar que nuestro sector es el impulsor de los juicios políticos”
“Quieren instalar esto que nuestro sector es el impulsor de los juicios políticos, y en particular también me han involucrado por mi recorrida en el interior, y la realidad es que no es así. Lo que uno ha hecho es responder preguntas respecto a las preocupaciones de la gente”, expresó la legisladora de Puerto Madryn, Mariela Williams, en diálogo con La Tecla Patagonia.
En este sentido agregó: “El juicio político es un mecanismo constitucional que debe cumplir determinados pasos y que puede pedirlo cualquier ciudadano cuando hay situaciones que considera irregular en el desempeño de algún funcionario público. La realidad es que han ingresado dos pedidos de juicio políticos que todavía no han sido evaluados por la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es el primer lugar por donde debe pasar”, dijo Williams.
Sobre la situación provincial sostuvo: “No debemos desconocer la realidad. La gente lleva meses sin cobrar, hay mucha necesidad económica y esto deriva en un enorme malestar. Si uno revisa las redes sociales puede ver cómo a los diputados nos insisten permanentemente en que hagamos lo que haya que hacer, como poniendo en nuestras manos la presentación del juicio político. Y la verdad que desde el interbloque no tenemos ninguna intención de algo así. Sí, tenemos la obligación de tratarlo si llegado el caso se admiten las presentaciones que se hicieron”, culminó.
Interbloque Chubut al Frente
Edgardo Hughes (Abogado constitucionalista – Ex ministro STJ)
“Todo ciudadano tiene derecho a solicitar el juicio político”
El especialista en Derecho Constitucional y ex integrante del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, Edgardo Hughes, dialogó con La Tecla Patagonia, sobre las presentaciones realizadas en la Legislatura para enjuiciar políticamente a Mariano Arcioni.
Al respecto expresó: “Más allá de la presentación debe fundamentarse y argumentarse en qué se está incumpliendo, en caso de ser así, con los deberes de funcionario público. Lo más importante es que se ponga blanco sobre negro, sobre cuáles fueron los motivos que llevaron a esta acusación. El juicio político es un mecanismo constitucional que tiene previsiones expresas entre ellas está la falta de cumplimiento de los deberes del cargo”, expresó Hughes.
“Cada ciudadano tiene derecho a requerir de las autoridades y todo eso requiere de un trámite, además que la Comisión Investigadora debe dictaminar si hay o no argumentos, o pida mayores pruebas. Sin dudas que en la Provincia están pasando cosas muy serias que deben ser debidamente explicadas por el Gobernador. Viendo los dos planteos, puedo decir que tienen una seriedad importante pero tienen que pasar por el proceso necesario para advertir si son admisibles”, agregó el abogado.
“Creo que lo que debe hacerse con toda urgencia y debiera propugnarlo la misma Legislatura, es informar en concreto que es lo está pasando, cuánto se debe, cómo se va a pagar, cómo se va a cumplir con los deberes y obligaciones. Hay que determinar de quién es la responsabilidad que la Provincia haya llegado a este estado. Si como resultado de la inacción del Gobernador se hubiera llegado a este estado, cabría el juicio político con las garantías del debido proceso para que se defienda. Por el contrario, si no fuera así, no cabría. Es una situación compleja que deberán analizar con mayor profundidad los legisladores. El juicio político, no tiene nada que ver con una causa judicial, es político”, culminó Hughes.
Manuel Pagliaroni (Diputado de Juntos por el Cambio)
“No creo que la solución sea solo un cambio político”
“Las presentaciones no reúnen algunos requisitos formales pero además no se aportan pruebas. Me refiero a la realizada por los ciudadanos de Esquel respecto al retraso salarial, que por supuesto todos sabemos que es así. No me parece en principio, en esta presentación ni en la otra, realizada desde Trelew, que haya suficiente motivación. La segunda presentación tiene que ver con la no aplicación de una ley”, explicó en diálogo con La Tecla Patagonia, Manuel Pagliaroni.
Sin embargo, el presidente del bloque de Juntos por el Cambio expresó que “el juicio político no es un golpe de estado, está previsto en la Constitución. Pero reitero que a estas dos presentaciones no le veo demasiados elementos para prosperar”, señaló.
“Todos asignamos que hay un poco de responsabilidad política y de impericia en Arcioni para administrar el Estado, ni hablar de algunos ministros y sobre todo de quienes han pasado por Economía y Coordinación. Todos empezaban a repartir beneficios sin saber si había plata para cumplirlo. Una impericia absoluta en la que el mayor responsable es Arcioni, no hay dudas. Pero esta es una situación compleja. Primero desde lo económico desde hace muchísimos años, empezó en 2003 cuando se empezaron a gastas de una manera inconsciente los recursos del Estado. En 2011 ya empezamos con déficit y de ahí en adelante excepto en el año 2018, han sido deficitarios, también con complicidad de sector sindical”, consideró Pagliaroni.
“Si queremos asignarle responsabilidad política no hay dudas que hoy el responsable es Arcioni. Y en juicio político en definitiva es eso, tiene que ver con malas decisiones, no es un juicio penal. Sin embargo no creo que la solución sea solo un cambio político. Porque hay una situación financiera que hoy es una carga para el Estado que no la va a solucionar ni Arcioni ni quien lo reemplace. Porque además a Ricardo Sastre, que sería la sucesión inmediata, nunca lo escuché decir vayamos por este camino, congelemos los salarios, no paguemos las cláusulas gatillos. No hay una alternativa a la forma de actuar de Arcioni. Porque además Sastre y los 16 diputados del oficialismo son corresponsables de la situación”, culminó.
Cecilia Basualdo (Abogada especialista en Derecho Público)
“Arcioni tiene la obligación legal de llevar adelante la administración de la Provincia”
“Creo que el problema que hoy atraviesa la provincia de Chubut no se soluciona sacando a Mariano Arcioni y poniendo a Ricardo Sastre porque el déficit y las complicaciones financieras van a seguir estando. El problema es que hay una sensación generalizada de malestar y de enojo”, dijo la abogada de Puerto Madryn, Cecilia Basualdo en diálogo con La Tecla Patagonia.
En este sentido agregó: “El juicio político es político y lo que se busca destituir a un funcionario achacándole la responsabilidad política de no cumplir con su deberes o debido a alguna de las causales previstas en la Constitución que afecten la marcha del Gobierno de la provincia. Insisto en que no creo que sea una solución en primera medida, creo que el Gobierno necesita una amplitud y volumen político, y un gran acuerdo político y social para avanzar en medidas que sean efectivas. No en mensajes que se tiran en diarios de un montón de medidas que hasta ahora ninguna se concretó. Incluso algunas van en sentido contrario a reducir el déficit”, añadió Basualdo.
“Ahora si hubiese voluntad política mayoritaria de evaluar la posibilidad del juicio político, deberíamos hablarlo en términos serios porque no deja de ser un mecanismo constitucional, pero es un juicio político, no es un proceso judicial. Las causales pueden ser la falta de cumplimiento de los deberes a su cargo o la comisión de un delito constitucional o común. Lo que hay que tener presente es que en un juicio político quienes evalúan estas causales son políticos y no jueces. Incluso podría no hacer juicios penales u ordinarios posteriores, aunque generalmente los hay”, sostuvo la letrada.
“La responsabilidad política es indelegable. Un Gobernador puede delegar funciones administrativas en algún Ministro pero la responsabilidad política de tomar esa decisión es indelegable en el Gobernador”, añadió.
Sobre el pedido presentando por la falta de partidas presupuestarias para la capacitación de género, la abogada consideró: “Hay que analizar los antecedentes y los consecuentes. Si ese femicidio se cometió por falta de partidas o no. Habría que profundizar”.
“Diferente es el pedido por la falta de pago de salarios y jubilaciones en tiempo y forma. En el caso de los haberes hay una obligación concreta de depositar los aportes en el ISSyS dentro de los cinco días de haberse retenidos. Acá hay problemas con los aportes, al no haber ingreso y no pagarse los salarios, no hay de donde retener. Si bien la obligación es del ISSyS porque es autárquico, hay dos responabilidades: la del Gobierno que no transfiere y la del Instituto que teniendo la facultad de retener los fondos directamente del Banco del Chubut, no lo hace. El Gobierno es el empleador de casi 70 mil personas, tiene una obligación legal de cumplir en tiempo y forma con los salarios y los haberes. No hacerlo es no cumplir con las obligaciones que tiene a su cargo además generando daño en forma reiterada y sostenida desde hace dos o tres años. No importa cómo se generó la deuda, él tiene la obligación legal y constitucional de llevar adelante la administración de la Provincia”, culminó Basualdo.
María Andrea Aguilera (Diputada de Juntos por el Cambio)
"El juicio político no representa una solución a la crisis de Chubut"
“Han ingresado a la Legislatura provincial denuncias de ciudadanos de la provincia invocando normas constitucionales referidas al juicio político. Si bien está todavía en trámite porque no han tomado estado parlamentario, el análisis minucioso de los fundamentos de estas denuncias, corresponderá a un trabajo de todos los diputados”, indicó en diálogo con La Tecla Patagonia, la diputada María Andrea Aguilera.
“Más allá de apreciaciones particulares que cada uno de los diputados podamos hacer en cuanto a las causales, el proceso necesita una Legislatura en funcionamiento, en primer lugar; de una Comisión en funcionamiento y de un compromiso institucional que no dudo que todos los diputados van a tenerlo ante un mecanismo que la propia Constitución establece”, señaló la Legisladora.
En este sentido remarcó: “El proceso no es un proceso penal. Tiene por principal objetivo, en el caso que procediera, separar del cargo previo a un proceso al funcionario denunciado; y eventualmente inhabilitarlo para el ejercicio de futuros cargos públicos. Las causales pueden ser delitos por mal desempeño de sus funciones; incapacidad sobreviniente; falta de cumplimiento de los deberes a su cargo o delitos comunes. Los constitucionalistas hablan sobre qué es el mal desempeño. Por ejemplo Vidal Campo dice que es lo contrario al buen desempeño, que carece de una definición concreta y que es deducible que el mal desempeño puede no ser doloso ni culposo y puede provenir incluso de causas ajenas a la voluntad del funcionario”, añadió la Diputada.
“El mal desempeño está configurado por una serie de actos, que deben causar un perjuicio y que tienen que ser reiterados y habituales. Más allá de todos estos conceptos y del análisis que haremos, creo que el juicio político en la provincia de Chubut no representa ninguna solución a la crisis y a la grave emergencia en la que se encuentra la Provincia. El Gobernador y el vicegobernador, han sido elegidos por el voto popular para dar respuestas a demandas deficientes que imprime la coyuntura. Y esta responsabilidad ineludible requiere de un plan serio, consensuado y aplicable, cosa que hasta hoy no tenemos”, culminó Aguilera.
El pedido de enjuiciamiento contra Massoni
En las últimas horas, ingresó el pedido de juicio a la Legislatura chubutense. Lleva la firma de los abogados Gastón Adán Bordier y Cynthia Tamara Castro, que argumentan en su presentación el presunto mal desempeño del funcionario, incumplimiento de los deberes a su cargo y comisión de delitos constitucionales y comunes.
En el escrito, hablan de una impartición de "órdenes ilegales a la Policía de la Provincia y la violación de Derechos y Garantías de la población general", y lo acusan de "arbitrar detenciones sin orden de autoridad judicial competente y atribuirse facultades extraordinarias que exceden su función". |
