El último ministro de Economía de María Eugenia Vidal habló con La Tecla de la situación bonaerense y destacó que el Gobierno debe renovar vencimientos, para lo cual necesita generar confianza. El problema de una Provincia “deficitaria”.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
Compartir
-¿Cuál es la respuesta a las acusaciones del Gobierno de que le dejaron una deuda impagable?
-Las cuentas públicas provinciales han mejorado sustancialmente en nuestra gestión. En 2019, el déficit fiscal fue cercano a la mitad del que había en el 2015, hay prácticamente equilibrio operativo y superávit primario, y los ingresos son estructuralmente más sólidos, habida cuenta de la recuperación del Fondo del Conurbano; pero la Provincia continúa siendo deficitaria. No existían en 2015, ni hay ahora, superávits fiscales que permitan pagar los vencimientos de deuda sin hacer al menos renovaciones parciales de ellos, tal como se hace en todos los países y gobiernos provinciales. La deuda actual de la Provincia, unos US$ 11.160 M (deuda flotante incluida), es algo inferior a la de fines de 2015, US$ 9.400 M registrados y unos US$ 1.800 M “escondidos” en las estadísticas públicas.
Y si nadie habló de que la deuda era impagable en el 2015, no hay motivos para que se la considere de esa manera ahora, a menos que la nueva administración esté dando por descontado que no renovará nada de los vencimientos; en ese caso, cualquier nivel de deuda sería impagable.
-¿Están de acuerdo en cómo encaró el proceso la Provincia?
-El camino elegido para la negociación, al menos hasta el momento, parece estar generando más problemas que soluciones, agravando la incertidumbre y provocando más desconfianza.
Con los $33.000 M de caja que dejó el gobierno anterior, los distintos instrumentos financieros, la reciente autorización de endeudamiento por $67.000 M y $ 8.000 M de Letras, más los recursos que proveen las nuevas leyes impositiva provincial y de emergencia nacional, se podrían haber cubierto los vencimientos de enero, en particular de este bono que, recordemos, fue emitido en 2011, para encarar una negociación integral, generando menores riesgos y costos que los que hoy se están enfrentando.
-¿Creen que se usa a Buenos Aires como conejito de Indias para renegociar desde otra posición la deuda nacional? -La coordinación de las acciones entre el Gobierno nacional y la Provincia es fundamental para dar señales de previsibilidad y de búsqueda de soluciones en conjunto, ya que esto, también, tiene repercusiones, entre otras cosas, en el resto de las provincias. Los mercados voluntarios de crédito tienen en primera instancia una visión del país como un todo y luego analizan cada caso en particular.
-¿Está bien que, con el argumento de que no hay plata, se les pida una extensión del plazo a los bonistas sin ofrecerles nada a cambio?
-Se supone que tanto el acreedor como el deudor tienen intereses comunes en evitar problemas que afecten la capacidad de pago: los acreedores ven que sus acreencias tienen un mayor valor, mientras que el deudor conserva el imprescindible acceso al crédito. No obstante, es condición necesaria en el proceso de negociación que haya un diálogo fluido entre las partes.
-¿Qué pasaría si la provincia de Buenos Aires no pagara ahora y entrara en default?
-El riesgo inmediato más importante reside en el obstáculo que un default en la Provincia podría representar para el proceso que ha encarado la Nación. Dicho esto, los costos de los defaults son amplios y extendidos en el tiempo, incluyendo la mayor prima de riesgo, que el deudor deberá pagar cuando vuelva a tener crédito. Además se complicarán las operaciones del Estado provincial y de las empresas públicas, en particular cuando impliquen transacciones financieras con el exterior. Potencialmente podría aumentar también el costo del crédito externo para las empresas privadas.
-En el Gobierno aceptan que el ratio de la deuda contra el PBI no es tan grave, pero sí los plazos, que son muy cortos. ¿Qué dicen al respecto?
-Los bonos que se colocaron en el mercado entre los años 2016 y 2018 se emitieron a un plazo promedio mayor respecto a los que se habían colocado entre 2011 y 2015 (5,3 vs. 3,3 años, respectivamente). Como desde principios de 2018 no se colocaron bonos nuevos, el plazo residual fue bajando, pero, obviamente, el plazo promedio hay que medirlo al momento de la emisión. Hecha esta salvedad, si bien en el año 2016 había menos vencimientos de deuda registrada que los que existen en el año 2020, los US$ 1.842 millones de deuda no registrada en el 2015 eran de exigencia inmediata (gran parte eran deudas vencidas, como la que se mantenía con proveedores).
La anterior administración pudo resolverlo, por ejemplo en ese caso, entregando bonos de corto plazo a los proveedores (que fueron pagados entre 2016 y 2017), lo que en la práctica implicó un corto roll-over. Cualquier deuda es impagable si no se busca hacer un mínimo roll-over. Pero renovar vencimientos requiere generar confianza, puesto que el crédito se otorga siempre al futuro, nunca al pasado. En definitiva, tener acceso al mercado voluntario para renovar vencimientos depende de la credibilidad que genera cada administración.
