Política Provincial
16 de diciembre de 2019
JUSTICIA
Solicitan a la Suprema Corte que resuelva la constitucionalidad de la Tolerancia Cero al volante en Mardel
Es en el marco de una causa que un referente del kirchnerismo inició el año pasado, poco después del decreto del exintendente Carlos Arroyo. Ya pasaron ocho meses de la última actuación. Los argumentos.
El abogado y referente kirchnerista José Luis Zerillo solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que falle en la causa que inició hace más de un año para que se declare la inconstitucionalidad de la denominada Tolerancia Cero, por la que el exintendente Arroyo estableció la prohibición de conducir con alcohol en sangre.
La causa se inició el 17 de octubre del año pasado, poco después de la implementación de la normativa implementada por el gobierno, que fue cuestionada por diversos operadores turísticos y empresarios gastronómicos. La normativa comenzó a regir en la ciudad el 25 de septiembre de 2018, cuando entró en vigencia el Decreto 1980/18 firmado por el intendente Carlos Arroyo, donde se estableció la prohibición en todo el territorio de General Pueyrredón de conducir “con una presencia de alcohol en sangre superior a cero miligramos por litro de sangre”. Allí se establecieron duras multas e inhabilitaciones, como así también el secuestro del vehículo por entre 30 y 80 días.
El caso rápidamente se judicializó, ya que el abogado y referente de Nuevo Encuentro (Frente de Todos), José Luis Zerillo, formuló una presentación ante los estrados de la Suprema Corte solicitando que mediante una acción originaria de inconstitucionalidad se expida sobre la legalidad del decreto.
La semana pasada, el abogado elevó una solicitud de pronto despacho para que la Suprema Corte dictamen en la causa, donde recordó que “con fecha 30 de abril del 2019, el presente expediente pasó a resolver sobre nuestra oposición a la apertura a prueba de la presente causa”. El letrado recordó que “el pedido en cuestión tenía por objeto, en aplicación del principio de economía procesal, acelerar los tiempos de resolución de la presente, situación que se encuentra virtualmente desvirtuada por la demora de 8 meses en la resolución de dicha petición. Es por lo expuesto que sin desconocer el gran cúmulo de tareas que tiene esta Excma. Corte, solicita se provea como pronto despacho sobe la petición de referencia”.
Los argumentos
Según el referente de Nuevo Encuentro, el Congreso Provincial aprobó, con media sanción, el proyecto de ley que establece solamente la tolerancia 0 para aquellos conductores principiantes y sólo por el plazo máximo de 2 años, como condición previa a adquirir plenamente las habilidades de manejo. Lo dispuesto por el Intendente Carlos Arroyo contradeciría, entonces, lo legislado por los senadores bonaerenses.
Por otro lado, la única norma vigente a nivel nacional es la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, que especifica en su artículo 48 la prohibición de conducir con más de 500 miligramos de alcohol por litros en sangre, contrario al decreto municipal, que sin atravesar por el debate democrático del Concejo Deliberante, establece una prohibición que no se condice con la discusión que se realiza en los estrados provinciales.
“La Ley Orgánica de las Municipalidades, Decreto N° 6.769/58, en el artículo 26 en su última parte establece que el poder de policía es competencia del legislativo. Por lo que, la disposición firmado por el Intendente Arroyo se irroga una competencia que la ley no le otorga y que expresamente prohíbe”, planteó Zerillo en un comunicado en aquel entonces
La contestación a la demanda por parte del Ejecutivo se incorporó a la causa el 18 de diciembre, donde se hizo hincapié en los beneficios de la medida en materia de salud pública y donde se defendió la legalidad del decreto, dado que “conforme surge del art. 2 de la Ley 24.449 (mod.Art.20 Ley 26.363) el municipio tiene competencia en materia de tránsito”.
Sin embargo y tras ello, la inacción del máximo tribunal de la provincia ganó el protagonismo. La última actuación fue del 30 de abril, cuando el secretario de la Suprema Corte, Juan José Martiarena, formalizó la incorporación de la doctora María Parlov como abogada del Municipio. Antes, en febrero había rechazó los autos para dictar sentencia que había solicitado Zerillo. El máximo tribunal provincial también mantiene pisado otra expediente sensible: el de las bonificaciones docentes, donde el Ejecutivo denunció al Concejo Deliberante por competencia de poderes.