Política Nacional
16 de junio de 2019
ESCUCHAS
Observaciones de la ONU a la Inteligencia
Un informe del Relator Especial para el Derecho a la Privacidad de las Naciones Unidas advirtió “graves falencias” en el sistema argentino. Pidió más transparencia y alertó por las escuchas.
En los últimos años, el sistema de inteligencia argentino quedó ex-puesto como nunca antes en la opinión pública. De la mano de recurrentes filtraciones de escuchas, el accionar de los espías o las “pinchaduras” de teléfonos se ha naturalizado, con cruces entre el Gobierno y la oposición y que tienen a la Justicia en el medio.
A las críticas de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil se sumó en los últimos días un informe, que el Gobierno no puede dejar pasar y que impactó de lleno en el arco político. El Relator Es-pecial para el Derecho a la Privacidad de las Naciones Unidas, Joseph A. Catannaci, marcó graves falencias en el sistema, que ameritan profundos cambios a implementar en el marco de un acuerdo político amplio.
Catannacci cuestionó “el uso excesivo de las interceptaciones, tratadas como una medida ordinaria de investigación para todos los tipos de delitos y no como el último recurso para los delitos graves”, y, en este sentido, la debilidad de los controles “en la cadena de custodia sobre el acceso al contenido de las interceptaciones”, es decir, las filtraciones.
Las escuchas y las filtraciones forman parte de uno de los ejes cuestionados por el experto de Naciones Unidas.
A eso se suma su observación por la falta de transparencia y de un control externo que pueda supervisar las tareas de inteligencia que se realizan. No sin antes mencionar su preocupación por casos de inte-ligencia ilegal.
“Los servicios de inteligencia deberían llevar a cabo una revisión en profundidad de su cultura y prácticas de opacidad, actualmente impuestas por la ley. Asegurarse de que sólo la información que debe mantenerse en secreto es de hecho secreta permitiría a la sociedad argentina comprender mejor el papel y los métodos de trabajo de sus servicios de inteligencia”, sostuvo Catannaci entre sus recomendaciones.
El relator de la ONU estuvo en Argen-tina entre el 6 y el 17 de mayo. Visitó la oficina de escuchas, la Dirección de Asis-tencia Legal en Delitos Complejos y Cri-men Organizado, la famosa Dajudeco, de-pendiente de la Corte Suprema, y se reunió con diferentes sectores. Destacó el trabajo de la oficina, aunque apuntó al sistema.
De acuerdo a los datos del informe, en Argentina se interceptan unas 6.000 líneas telefónicas por mes, de las que 69 son interceptaciones directas escuchadas por Dajudeco. A su vez, el año pasado, 41.0000 fue la cantidad total de líneas interceptadas.
Crítico del rol de la Comisión Bicameral de Inteligencia, Catannaci planteó la creación de un nuevo órgano “independiente con personal dedicado a tiempo completo” que complemente la labor legislativa.
Polémica
La difusión del informe tuvo lugar a pocos días de una nueva polémica en torno a escuchas. Se filtraron conversaciones de los exfuncionarios kirchneristas Eduardo Valdés y Carlos Zelkovicz con los detenidos Lázaro Báez, Roberto Baratta y Juan Pablo Schiavi en el Penal de Ezeiza. Se las presentó como una demostración de un supuesto armado de la causa sobre espionaje ilegal que lleva adelante el juez federal Alejo Ramos Padilla.
El caso escaló con una escucha realizada a una conversación del empresario Lázaro Báez con su abogada Elizabeth Gassaro. El manifestó: “Todo lo que tuve es de una sola persona, que está arriba”. Sin embargo, las controversias volvieron a aparecer.
La Federación Argentina de Colegios de Abogados expresó “profunda preocupación” ante la divulgación de “conversaciones telefónicas grabadas a personas detenidas, y mucho más aún si éstas hubieran sido mantenidas con sus defensores”.
La AFI señaló que se procedió en el marco de la causa 41.475/2016 sobre una asociación ilícita terrorista que investiga el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo del doctor Federico Villena, y aseveró que se cumplió con normas de seguridad. Las grabaciones se realizaron en CD, un soporte cuestionado por el experto de las Naciones Unidas en su informe. Consideró que se trata de una “tecnología primitiva” y propensa a “caer en manos equivocadas”.
"Estamos tratando de corregir"
El diputado Miguel Bazze, miembro de la Bicameral de Inteligencia, aseguró que el Gobierno trabaja en la corrección de las falencias del sistema y destacó que ha habido avances en el último tiempo. “Este Gobierno tiene la voluntad de terminar con cualquier tipo de desviación del sistema de inteligencia”, afirmó a La Tecla.
Bazze consignó que es difícil desarmar los grupos que generan “situaciones irregulares”. En esa línea recordó que fue muy crítico con las acciones de inteligencia que tenían las Fuerzas Armadas durante el kirchnerismo, y apuntó en especial al poder que tuvo César Milani desde el Ejército.
A su vez desestimó las críticas por la decisión de Macri de colocar como secretos información y gastos de la AFI. “Eso es muy relativo, porque hay un control de la Bicameral. Esto se resuelve tratando de te-ner una conducción muy clara de la conducción política respecto del sistema. Y creo que hoy hay una conducción clara que limita ese tipo de accionar”.
"Siempre, la AFI está involucrada"
El diputado Rodolfo Tailhade cuestionó el accionar de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). “En ninguna de las filtraciones interviene Gendarmería, Policía Federal o Prefectura, que, además de la AFI, colaboran con los juzgados en general con estas cosas. Siempre es
la AFI la que está en medio de la filtración”, indicó a La Tecla.
Con relación al informe del experto de la ONU aseveró que la Dajudeco tiene que dar más explicaciones sobre la cadena de custodia, aunque coincidió con buena parte de las recomendaciones. “No se puede transparentar el sistema, porque hay un esquema normativo absolutamente delirante, con toda la información clasificada, que desvirtúa cualquier intento de blanquear datos”, sostuvo.
Control independiente y civil
En su estadía, Catannacci se reunió con distintas entidades, entre ellas, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC). Eduardo Ferreyra, especialista de ADC, recalcó la necesidad de que haya mayor control civil de las tareas de inteligencia. “Debería haber un órgano de supervisión y control del sistema de escuchas telefónicas y de inteligencia en general. Un órgano multisectorial que esté compuesto por exjueces, técnicos y miembros de la sociedad civil; que sea lo más amplio posible y que tenga capacidad para poder investigar”, puntualizó a La Tecla.
En esa línea observó el accionar de la Comisión Bicameral, en particular por la falta de reuniones: “No hizo uso de todas las atribuciones que tiene y su trabajo no ha sido efectivo”.
Pedido a la Bicameral
Los diputados Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau (FpV) realizaron una presentación, a la que tuvo acceso a La Tecla, para que la Comisión Bicameral de Inteligencia informe los nombres de los agentes que retiraron los CD, realizaron las escuchas y transcripciones y los que elaboraron los informes a los funcionarios K.
El caso de las escuchas corre en paralelo a la investigación que lleva adelante el juez Alejo Ramos Padilla en Dolores. El magistrado citó cinco veces al fiscal Carlos Stornelli, y este lunes tam-bién convocó al periodista Daniel Santoro.