Un fallo judicial liquidó la idea de que la Provincia se haga cargo de terminar la Autopista Presidente Perón, eje de una disputa con Milei. La frustración de los intendentes y la movida en internet
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“TERMINEN LA AUTOPISTA PERÓN”. El título de la petición, todo en mayúsculas, parece reflejar la bronca y el hastío de los miles de personas que conviven con una obra inconclusa que, como tantas otras, quedó paralizada ni bien Javier Milei llegó al poder. Se trata de la Autopista Presidente Perón, que une, o debería unir, a 12 municipios del tercer cordón del conurbano bonaerense, y que debería terminarse con fondos que el Gobierno Nacional recauda por el impuesto a los combustibles líquidos (ICL), pero que apenas es objeto de retoques menores.
La autopista es uno de los múltiples nudillos del enfrentamiento entre la Nación y el gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. En el medio hay miles de bonaerenses frustrados por el parate. “¡Una obra maravillosa que resulta inútil por tres puentes nada más! ¡Horas se pierden todos los días! Barrios detenidos en el tiempo por falta de infraestructura. ¡Qué pecado!”, se lamenta Damián, de Merlo, uno de los más de 2.700 firmantes de la petición para concluir de una buena vez la bendita autopista. Ivana, más sucinta, exclama: “¡No puede quedar así!”.
La pelea entre Nación y Provincia es por el control de la arteria. Es de jurisdicción nacional, pero Kicillof reclama que, si Milei no está dispuesto a concluir la obra (falta sólo un tramo de 15 kilómetros, de un total de 83), se la traspase al Estado bonaerense para que pueda hacerse cargo. Pero el primer mandatario hace oídos sordos y la Justicia denegó ese reclamo.
En efecto, hace pocos días el juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, a cargo del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo 2 de San Martín, emitió su fallo en la causa por la demanda del Estado bonaerense contra la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y sólo apoyó parcialmente la posición de la Provincia. En concreto, conminó al Estado nacional a realizar el mantenimiento necesario para garantizar la seguridad en la autopista, pero rechazó el resto de los puntos solicitados en la medida cautelar, entre los cuales figuraba la transferencia de jurisdicción en caso de que la Nación no ejecutara las obras para ponerla a punto.
Ante el fallo adverso, queda abierta la vía política, siempre dudosa. La petición en línea fue lanzada por la diputada Marina Salzmann, del Frente Renovador, que es oriunda de Marcos Paz, uno de los municipios que atraviesa la autopista (su padre Enrique fue indendente del distrito). Salzmann busca presionar al Gobierno para que finalice la autopista. Ya subió varios videos en los que muestra el estado de la arteria y habla de los perjuicios que ocasiona la paralización de los trabajos. También presentó un pedido de informes que languidece en una comisión y otro para interpelar al ministro de Economía, Luis Caputo.
Esto último es porque, según puntualiza la legisladora, los fondos para concluir la obra están: son los que el Nobierno Nacional recauda por el impuesto a los combustibles líquidos (ICL).
“La obra estuvo demorada durante muchos años, pero avanzó mucho durante el gobierno de Alberto Fernández. Y es una picardía que la hayan parado, porque todo lo que se hizo se va degradando y va a haber que pagarlo de nuevo cuando se retome”, dijo Salzmann a La Tecla.
CONSORCIO DE GESTIÓN Intendentes a la espera del milagro
En la provincia de Buenos Aires hay un consorcio de gestión que todavía no tiene nada que gestionar. Fue creado por el gobernador Axel Kicillof como un modo de presionar al gobierno nacional para que le transfiera a la Provincia el control de la Autopista Presidente Perón, cosa que no ha ocurrido y no parece que vaya a ocurrir. El Consorcio de Gestión y Desarrollo de la Autopista Presidente Perón fue creado por decreto en 2024 y oficializado hace un año.
Lo integran el gobierno provincial y los municipios de Berazategui, Ezeiza, Florencio Varela, Ituzaingó, La Matanza, Merlo, Presidente Perón y San Vicente. La idea es que la Provincia, una vez transferido el dominio, concluya los tramos faltantes, y las comunas puedan encargarse del mantenimiento y monitoreo de los segmentos que los atraviesan. “Entre la Provincia y los municipios hicimos un consorcio para que nos trasladen la obra a nosotros y poder hacernos cargo de la autopista. Pero son como el perro del hortelano, que no come ni deja comer: no la terminan ellos, no la transfieren a la Provincia, así que la autopista está en un limbo”, dijo Gustavo Menéndez, alcalde de Merlo.
UNA HISTORIA LARGA Un proyecto de más de seis décadas pensado para unir dos capitales
La idea detrás del proyecto de la Autopista Presidente Perón es que sirva para conectar todo el tercer cordón del conurbano bonaerense con dos capitales: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y La Plata, sede del gobierno provincial. Son justamente los tramos que desembocan en ambas metrópolis los que están inconclusos. Los primeros proyectos fueron el Plan Director para Capital Federal y el Área Metropolitana (1962), el Esquema Director Año 2000 (1968) y el Estudio Preliminar del Transporte de la RMBA (1972), que proponían un sistema de autopistas radiales y transversales, explican en un estudio las arquitectas Bianca Giagante y María Bosotto. El proyecto tomó su forma final en 2007, como parte del Plan Integral de Mejoramiento Vial del AMBA. En 2009 se concesionó la obra, que arrancó en 2010, con financiamiento del Estado. A partir de entonces, el avance fue desparejo.
De la traza de 83 kilómetros se habilitaron 52, la mayor parte durante el gobierno del Frente de Todos. Otros 18,5 km están construidos, pero no habilitados para el tránsito, y el resto aún no está pavimentado. Con el cambio de gobierno, la obra quedó prácticamente paralizada, aunque la DNV insiste en que se están realizando tareas básicas de mantenimiento. La traza de la autopista pasa por ocho municipios pero serviría para descomprimir el acceso a la Capital Federal desde varios otros. En su área de influencia el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) registra la existencia de 585 barrios populares, en los que viven unas 180.000 familias. En el otro extremo de la pirámide social se computan oficialmente 35 barrios cerrados oficialmente inscriptos y otros 32 que se pueden ver desde el espacio a través de satélites. Según se desprende del estudio, la conclusión de la arteria sería de vital importancia para los sectores industriales y logísticos y las áreas productivas frutihortícolas ubicadas en Merlo y San Vicente. También brinda conectividad con la ruta Panamericana y las autopistas del Oeste y Ezeiza/Cañuelas.
HABITANTES DE LO INCONCLUSO Los que quedaron en medio del lío para servir de razón o de excusa
La falta de finalización de la Autopista Presidente Perón no sólo afecta a los automovilistas que deben tomar caminos “alternativos” (en realidad los únicos), lentos y deteriorados, para llegar a su destino. También les complica la vida a quienes viven en la zona de obra, un estado transitorio que se les está haciendo eterno. Polvo omnipresente, caminos que se convierten en lodazales con cada lluvia, inseguridad y acumulación de basura son algunos de los problemas con que deben lidiar a diario. La decisión del juez Portocarrero Tezanos Pinto consigna las posiciones de la Provincia y de Vialidad Nacional. El gobierno bonaerense apunta que la zona no habilitada es frecuentemente utilizada para correr picadas y que hasta se produjo la muerte de un chico de diez años. “Hay una irresponsabilidad peligrosísima del Gobierno Nacional, porque esta autopista es tierra de nadie: ellos no se encargan y nosotros no tenemos la potestad”, dijo a La Tecla el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez.
Además, la Nación apunta a los propios moradores de la zona como motivo para que la obra no se concluya. En un informe requerido por la Justicia, la DNV consignó que en algunos sectores hay “parcelas pendientes de liberación y situaciones de relocalización que incidirían sobre la continuidad de las obras”. Esto también está consignado en el fallo del juez de San Martín. Para Menéndez, la decisión judicial no hace más que poner en negro sobre blanco que es la Nación la que está en falta. “Celebro el fallo. Lo único que hace es desnudar la irresponsabilidad del gobierno nacional, porque la reubicación de esas familias es parte del programa de contingencia del desarrollo de la misma autopista. Es la DNV la que tiene a su cargo la reubicación. Cuando arrancó la obra, había más de 800 familias en la trama de la autopista. Cuando terminó el último gobierno peronista, quedaban 40 nada más. Ahora suspendieron la obra y también las reubicaciones”, aseveró el alcalde.
