Tras AySA, Milei prepara nuevas privatizaciones con impacto directo en el Conurbano
El Gobierno nacional proyecta recaudar US$1.500 millones en 2027 mediante nuevas privatizaciones y concesiones para afrontar vencimientos de deuda. Tras la venta de AySA, el plan incluye activos energéticos y ferroviarios, con posibles efectos sobre servicios e infraestructura que atraviesan la provincia de Buenos Aires.
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El Gobierno de Javier Milei prepara una nueva etapa de privatizaciones con la que busca recaudar US$1.500 millones durante 2027. Después de avanzar con la transferencia de AySA al sector privado, la Casa Rosada apunta a desprenderse de nuevas participaciones estatales y concesionar activos estratégicos para conseguir divisas y afrontar los compromisos de deuda.
El programa tiene implicancias para la provincia de Buenos Aires, tanto por el servicio de agua y cloacas en el conurbano como por las empresas energéticas y ferroviarias que forman parte de la estrategia nacional. Sin embargo, los ingresos previstos corresponden al Estado nacional y no representan recursos que vayan a incorporarse directamente a las cuentas bonaerenses.
En este contexto, la privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) es uno de los capítulos centrales del proceso. La empresa presta servicios de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios bonaerenses, por lo que el cambio de gestión tendrá consecuencias directas sobre millones de usuarios del área metropolitana.
El consorcio encabezado por Rowing, junto con Arcos Saneamento, Transclor y PHX Aqua AR B.V., presentó la oferta más alta: US$340,2 millones por el 90% de las acciones de la compañía. La propuesta superó los US$285 millones del grupo encabezado por Roggio, aunque quedó por debajo de los US$450 millones a US$500 millones que el Gobierno esperaba recaudar inicialmente.
La operación todavía debe completar las instancias administrativas correspondientes antes de la transferencia definitiva. El nuevo esquema contempla una concesión por 30 años, con posibilidad de extensión, y un plan de inversiones de $2,89 billones para el período 2027-2031, a valores de diciembre de 2025 y sin IVA.
El desafío para los municipios bonaerenses alcanzados por la concesión será seguir de cerca la expansión de las redes, la calidad de las prestaciones y el cumplimiento de las inversiones comprometidas. El cambio de manos de la empresa no implica por sí mismo que esas obras estén garantizadas en tiempo y forma: su ejecución deberá evaluarse durante el desarrollo del contrato.
Energía y trenes, en la próxima etapa
El plan oficial para 2027 contempla nuevas operaciones en el sector energético. Entre los activos mencionados figuran las centrales termoeléctricas Manuel Belgrano y San Martín, actualmente vinculadas a Energía Argentina (ENARSA), y una participación del 44% en Nucleoeléctrica Argentina, responsable de operar las centrales nucleares del país. También aparecen proyectos vinculados con los trenes de carga.
La relevancia para Buenos Aires no se limita al lugar donde están instalados los activos. La generación eléctrica, el transporte ferroviario de cargas y la infraestructura de servicios públicos forman parte de las condiciones que inciden sobre la actividad productiva y la logística provincial.
De todos modos, las operaciones previstas no deben confundirse con privatizaciones ya concretadas: sus resultados dependerán de los pliegos, las ofertas, los compromisos de inversión y los procedimientos de adjudicación. Tampoco está definido que la totalidad de los US$1.500 millones provenga de una única venta.
Dólares para afrontar la deuda
La estrategia de privatizaciones forma parte del programa financiero de Luis Caputo. El objetivo es sumar ingresos extraordinarios para atender los vencimientos de deuda y reducir las necesidades de financiamiento del Tesoro.
En ese esquema, la venta de activos estatales abre una discusión que excede la recaudación inmediata: qué inversiones asumirá el sector privado, cómo se controlará la prestación de los servicios y qué obligaciones conservará el Estado.
Para la provincia de Buenos Aires, el seguimiento de las concesiones será especialmente relevante allí donde los cambios de gestión alcancen servicios esenciales o infraestructura estratégica. En el caso de AySA, el impacto sobre el conurbano será concreto; para el resto de los activos, las consecuencias dependerán de cómo se instrumenten las operaciones y de los compromisos que finalmente asuman los nuevos operadores.
