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Viernes, 9 octubre 2026
Argentina
LEY DE TIERRAS

El peronismo celebró el fallo, pero hay dudas por los votos para voltear el DNU 70

Tras la decisión de la Corte Suprema, legisladores nacionales y provinciales festejaron el regreso de los topes para las ventas de tierras a extranjeros. Sin embargo, en el gobierno nacional sostienen que no están los votos para bajar el mega DNU. El oficialismo nacional convocó a una sesión para el 21 de octubre.

El peronismo celebró el fallo, pero hay dudas por los votos para voltear el DNU 70
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La Ley de Tierras volvió a estar vigente, al menos de manera provisoria, luego de que la Corte Suprema de Justicia suspendiera el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el gobierno de Javier Milei había dispuesto su derogación. El fallo reabrió la discusión sobre la extranjerización de tierras rurales y desató una ola de cuestionamientos de dirigentes de la oposición, que pusieron el foco en la soberanía nacional y en las consecuencias de los cambios impulsados por la administración libertaria.

La resolución judicial llegó en la antesala de una fecha clave para el oficialismo: el próximo 15 de octubre, cuando sectores opositores buscarán reunir el quórum necesario en la Cámara de Diputados de la Nación para debatir la derogación del megadecreto. Sin embargo, en el Gobierno consideran que esa posibilidad no prosperará y se muestran confiados en que la oposición no conseguirá los apoyos suficientes para abrir la sesión.

En la Casa Rosada interpretan que la decisión de la Corte modificó el escenario político y contribuyó a enfriar el intento opositor. La preocupación del Ejecutivo es significativa, ya que el DNU 70/2023 constituye una de las principales herramientas de desregulación económica de Milei, con 366 artículos que introducen modificaciones y derogaciones en distintas normas.

Mientras la oposición busca avanzar con la derogación del decreto, el oficialismo apuesta a que las diferencias entre los bloques impidan reunir el número necesario para sesionar el 15 de octubre. La discusión no se limita a la Ley de Tierras: el DNU 70/2023 abarca un amplio conjunto de reformas y desregulaciones impulsadas desde el comienzo de la gestión libertaria.

El intento de la oposición había cobrado nuevo impulso luego del rechazo judicial al planteo del CECIM de La Plata. Con la posterior suspensión del artículo que derogaba la Ley de Tierras, el escenario volvió a cambiar y el Gobierno encontró argumentos para sostener que la iniciativa parlamentaria podría perder fuerza.

Las críticas de los legisladores bonaerenses

El fallo provocó distintas reacciones entre dirigentes de la provincia de Buenos Aires, que celebraron la restitución de las restricciones a la compra de tierras por parte de capitales extranjeros y reclamaron explicaciones sobre lo ocurrido durante los días en que la norma quedó sin efecto.

La diputada provincial Lucía Iañez destacó el peso de los reclamos sociales y políticos en la resolución judicial. “La voluntad popular para defender la soberanía nacional hizo que la Corte Suprema retroceda y reponga los límites a la venta de tierras a capitales extranjeros”, sostuvo.

 
Además, convocó a participar de la movilización prevista para el 15 de octubre contra el decreto presidencial. “Defendamos la soberanía nacional, cuidemos la Argentina”, expresó, al cuestionar la constitucionalidad del DNU impulsado por Milei.

En la misma línea, la exdirectora ejecutiva de ANSES y dirigente peronista Fernanda Raverta apuntó contra el máximo tribunal y cuestionó sus cambios de criterio en torno a la normativa. “La Corte Suprema es, sin dudas, una vergüenza. Pero cada tanto se encuentra con un límite”, manifestó.

 
Raverta recordó que, días atrás, la Corte había rechazado la presentación del Centro de Ex Combatientes de Malvinas (CECIM) de La Plata por considerar que no contaba con legitimación para reclamar contra la derogación de la Ley de Tierras. Ahora, con la suspensión del artículo 154 del decreto, la dirigente consideró que quedó demostrado el peso de los reclamos públicos.

“Una vez más queda claro que luchar, denunciar y no quedarse callados sirve”, afirmó. También planteó interrogantes sobre los motivos detrás de la decisión del Gobierno de eliminar las restricciones: “¿Por qué Milei tiene tanta insistencia en eliminar una ley que limita la extranjerización de la tierra argentina? ¿Quién necesita comprar sin límites?”.

Por su parte, el diputado nacional del Frente Renovador Sebastián Galmarini puso el foco en el breve período en el que la derogación de la ley quedó vigente y reclamó información sobre las operaciones que podrían haberse concretado durante ese lapso.

“El 29/9 la Corte dejó firme la derogación de la Ley de Tierras. El 9/10, la misma Corte la suspendió. Durante 10 días, un extranjero pudo comprar campos, costas de lagos o tierras de frontera sin ningún límite. ¿Qué pasó en esos 10 días? No es una pregunta retórica”, advirtió.

A partir de esa secuencia, Galmarini anunció la presentación de un pedido de informes al Poder Ejecutivo para conocer si el Registro Nacional de Tierras Rurales continuó funcionando con normalidad, si se notificó a los escribanos sobre la eliminación de los controles y qué solicitudes estaban pendientes durante ese período.

 
El dirigente también reclamó precisiones sobre eventuales operaciones concretadas y señaló que el seguimiento debe prestar especial atención a zonas estratégicas, como los salares de la Puna, el Acuífero Guaraní, los lagos patagónicos y las áreas de frontera.

“Si no pasó nada, que lo muestren con datos. Si pasó, el país tiene derecho a saberlo”, remarcó.

 
El diputado bonaerense Facundo Tignanelli también se refirió al giro del máximo tribunal y cuestionó la posibilidad de que sus resoluciones sean modificadas en un corto período. Sin embargo, vinculó esa situación con la discusión política y judicial en torno a Cristina Fernández de Kirchner y su eventual participación electoral.

“Al final la Corte sí revisa sus decisiones y revierte los efectos de lo dicho en menos de una semana”, expresó. A partir de esa consideración, sostuvo que quienes hablan de una “imposibilidad jurídica de participación electoral” son aquellos a los que, según su interpretación, les conviene que la expresidenta permanezca presa.

 

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