Tierras en la Península de Magallanes: venta en debate
Una autorización excepcional de la provincia de Santa Cruz abrió una polémica en torno a un proyecto hotelero en la Península de Magallanes, que involucra gestiones anteriores, capitales extranjeros y un pedido de la Legislatura para acceder al expediente completo
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En la Península de Magallanes, frente al glaciar Perito Moreno, una venta de tierras abrió en Santa Cruz una discusión pública sobre operaciones inmobiliarias en áreas protegidas. A comienzos de septiembre, el gobernador Claudio Vidal firmó el Decreto 915/2026, que autoriza, por única vez y con carácter estrictamente excepcional, una compraventa destinada a posibilitar el desarrollo del denominado Master Plan Ecocentro.
Se trata de una transacción entre privados. Lacustre del Sud S.A. vende elinmueble a ASB Hospitality Calafate SAU. El decreto vincula la transferencia con el proyecto turístico y aclara que la excepción no podrá utilizarse como antecedente para futuras operaciones similares.
El permiso se aparta de una restricción establecida en el artículo 2 del Decreto provincial 994/17, dictado durante la gestión de Alicia Kirchner. Esa norma fijaba límites para la adquisición por parte de extranjeros de inmuebles ubicados total o parcialmente dentro de áreas protegidas provinciales.
Según el propio decreto, la decisión queda limitada a esta operación y mantiene la obligación de cumplir con la legislación ambiental, el plan de manejo del área y las disposiciones del Consejo Agrario Provincial.
Uno de los puntos que requirió una precisión administrativa fue la identificación del inmueble. El decreto original mencionaba la Fracción G, Matrícula 186, del Departamento Lago Argentino, pero luego fue rectificado para individualizar las parcelas G2 y G3, que en conjunto alcanzan unas 21 hectáreas.
La firma compradora fue constituida el 27 de julio de 2026, poco más de un mes antes de la firma del decreto. Su único accionista es ASB Hospitality LLC, vinculada al grupo empresarial Albwardy Investment, presidido por Ali Saeed Juma Albwardy.
En el expediente 495.894/2023 consta además una presentación realizada el 5 de junio, en la que David Alejandro Laniado, en representación de Lacustre del Sud, solicitó autorización para avanzar con la venta a Ali Albwardy o a sociedades relacionadas.
La iniciativa turística, de todos modos, tiene una historia anterior a la actual administración provincial. En octubre de 2023, durante el gobierno de Alicia Kirchner, el Consejo Agrario autorizó la etapa 1 del emprendimiento sobre cuatro parcelas.
El proyecto cuenta además con una Declaración de Impacto Ambiental aprobada y su ejecución quedó sujeta al cumplimiento del marco ambiental vigente y del Plan de Manejo aprobado en 2022. En cuanto a la escala del desarrollo, existen distintas referencias dentro de la documentación.
La trascendencia del decreto de septiembre abrió un proceso de revisión institucional en la Legislatura. En la sesión del 24, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un pedido impulsado por la diputada Agostina Mora para acceder al expediente completo. Días después, el Consejo Agrario entregó la documentación solicitada, que permitirá analizar con mayor detalle los antecedentes técnicos, jurídicos y administrativos del proyecto.
El debate también se relaciona con las características particulares del lugar. El sector que se encuentra frente al glaciar Perito Moreno integra el Parque Nacional Los Glaciares, mientras que otras superficies fueron subdivididas en fracciones privadas desde la década de 1960.
Sobre esas tierras, la Provincia creó en 1993, mediante la Ley 2316, el área protegida provincial. En los últimos años, además, se fue consolidando el marco regulatorio para las actividades en la zona.
En 2021, la Corte Suprema declaró inválidas para las partes involucradas determinadas prohibiciones absolutas de construir, a partir de la falta de un plan de manejo, y en 2022 la Provincia aprobó ese instrumento mediante el Decreto 303/22. La etapa inicial del Ecocentro recibió posteriormente autorizaciones administrativas durante 2023.
El escenario nacional incorporó otro elemento en los últimos días. La Corte Suprema revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había cuestionado el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual se derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. La decisión nacional modifica el escenario jurídico general, aunque no deja sin efecto el Decreto provincial 994/17, que fue precisamente la norma exceptuada para esta operación.
Al mismo tiempo, en la documentación que tomó estado público todavía quedan aspectos que podrán ser profundizados a partir del expediente, entre ellos el alcance concreto de la Declaración de Impacto Ambiental, la relación del proyecto con el bosque nativo de Categoría I y las autorizaciones vinculadas a la normativa de frontera.
Con el expediente ya en manos de la Legislatura, el caso ingresa ahora en una etapa en la que podrán contrastarse las distintas escalas del proyecto, sus antecedentes y las condiciones bajo las cuales se autorizó la operación.
La mutación del masterplan ecocentro Del megaproyecto al plan reducido: qué cambió en los últimos 3 años
El documento presentado en mayo de 2023 por Lacustre del Sud y elaborado por Terramoena proponía desarrollar un ecocentro de montaña, bosque y glaciares sobre cuatro parcelas, además de un corredor. El proyecto contemplaba distintos tipos de alojamientos, 16,8 kilómetros de senderos, once miradores, tres centros de visitantes y un vínculo peatonal con el mirador del Perito Moreno. En una de las parcelas también se identificaba la presencia de una condorera como un valor a proteger.
El 18 de octubre de 2023, el Consejo Agrario autorizó la etapa 1 del proyecto, aunque quedó sujeta a la elaboración de informes técnicos y a la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental. Esa declaración fue aprobada en enero de 2025, cuando el Master Plan todavía comprendía las cuatro parcelas.
Durante 2026, el trámite se concentró en una sola parcela, zonificada como ZUPE 3 y vinculada además con la Categoría I del ordenamiento de bosques nativos. Las resoluciones 185 y 204 autorizaron la etapa 1 únicamente sobre ese terreno, con una ocupación de 10.958,49 metros cuadrados. Posteriormente, esa autorización fue modificada para permitir la transferencia del inmueble al nuevo titular.
El presidente del Consejo Agrario, Hugo Garay, explicó que el proyecto original era más ambicioso y que posteriormente fue reducido. La descripción oficial actual contempla 24 cabañas, tres senderos, unas cuatro hectáreas destinadas a infraestructura y una capacidad de hasta 60 plazas.
De esta manera, las parcelas que quedaron fuera de la transferencia continúan en manos de Lacustre del Sud. Aunque el Decreto 915/2026 menciona al Master Plan Ecocentro en términos generales, la autorización de obra vigente quedó posteriormente individualizada en dos sectores.
La postura de la gestión de Claudio Vidal La trayectoria de la iniciativa y la ratificación del control estatal
Desde el Gobierno de Santa Cruz remarcaron ante La Tecla Patagonia que la discusión debe contemplar todo el recorrido administrativo previo del emprendimiento. “Este es un proyecto que no nació en 2026”, señaló la secretaria de Medios, Irene Stur, quien agregó que los diputados ya cuentan con una copia completa del expediente, desde sus inicios en 2022, durante la gestión de Alicia Kirchner, hasta el Decreto 915 firmado en septiembre de este año.
Según la funcionaria, el Plan de Manejo de la Península de Magallanes fue aprobado en 2022, durante el gobierno de Alicia Kirchner. También explicó que durante este año la empresa decidió concentrar el proyecto en una sola parcela y continuó con la tramitación de nuevas autorizaciones.
Desde el Ejecutivo provincial buscaron, además, diferenciar la operación inmobiliaria de las condiciones exigidas para llevar adelante el emprendimiento. “Estamos hablando de un emprendimiento privado dentro de un área protegida, que está sujeto a las condiciones ambientales y al control del Estado”, sostuvo Stur.
Respecto de la autorización excepcional para concretar la venta, la funcionaria explicó que se trata de “una operación entre privados que el Estado autorizó por la vía excepcional”, aunque aclaró que esa decisión no implica una excepción a las exigencias establecidas para el proyecto turístico dentro del plan de manejo.
“Por el contrario, el proyecto turístico se apega a rajatabla a todas las prohibiciones que están reflejadas en las normativas”, afirmó.
Finalmente, Stur puso el foco en las características del emprendimiento y en su posible impacto sobre la oferta hotelera de El Calafate. Según detalló, se trata de un proyecto de 24 cabañas, con capacidad para unas 60 camas y orientado a un público ABC1.
Desde la mirada oficial, agregó, se trata de una propuesta que apunta a cubrir un segmento que actualmente no tiene una oferta de esas características en El Calafate y que, por lo tanto, “no viene a competir con los actuales hoteleros de la región”.
Agostina Mora - Diputada Provincial UxP “No termina de quedar en claro porque se hace una excepción”
La diputada Agostina Mora afirmó ante La Tecla Patagonia que “hay un decreto que fue publicado de manera abreviada” y cuestionó que no queden claros los motivos por los cuales se establece una excepción a una norma general. Según sostuvo, el texto “no termina de explicar los considerandos y los fundamentos” de la decisión.
La legisladora también planteó dudas sobre el proceso previo a la autorización. Señaló que no se entiende “por qué no hubo instancia de participación ciudadana” ni “ninguna instancia de diálogo previo”. En ese sentido, cuestionó que el gobernador haya señalado que el tema venía siendo trabajado desde hacía 12 meses mientras que, según afirmó, la Legislatura tomó conocimiento de la situación a través de los medios de comunicación.
Mora también manifestó dudas respecto de las certificaciones requeridas para concretar la operación y mencionó las dificultades generadas por la derogación de la Ley de Tierras. De todos modos, remarcó que el inmueble se encuentra dentro de una zona de frontera, por lo que consideró que deben analizarse las normas específicas que alcanzan a ese tipo de operaciones.
Otro de los puntos cuestionados por la diputada está relacionado con las características ambientales del lugar. Mora señaló que se trata de una zona de bosque de Categoría I, considerada de alto valor de conservación, y advirtió además sobre el riesgo de incendios que existe en el área.
La legisladora también diferenció el Plan de Manejo de la Península de Magallanes, aprobado mediante el Decreto 303/22, de la presentación realizada posteriormente por Lacustre del Sud. En ese sentido, sostuvo que esta última “no fue aprobada durante nuestra gestión, sino en 2024 por el gobierno de Claudio Vidal”.
Respecto de las modificaciones introducidas al proyecto, Mora afirmó que la presentación original sufrió cambios superiores al 20%, por lo que, según su interpretación, correspondería realizar un nuevo estudio de impacto ambiental.
A partir de estos cuestionamientos y de las dudas planteadas sobre el trámite administrativo, la diputada explicó que se solicitó el expediente completo para analizar los antecedentes y las autorizaciones vinculadas con la operación.
