Los productos usados para fumigar los campos contaminan el agua que se bebe en escuelas rurales bonaerenses. El problema viene de hace tiempo pero las soluciones siguen sin aparecer.
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En 2018, cuando Pino Solanas estrenó su película Viaje a los pueblos fumigados, ya hacía bastantes años que gente de distintos puntos del país se había organizado para luchar contra la dispersión de agrotóxicos por aire, tierra y agua. Ese mismo año la causa registró su mártir más célebre: Fabián Tomasi, un entrerriano que murió luego de años de trabajar manipulando productos agroquímicos. En 2019, en la provincia de Buenos Aires, falleció Ana Zabaloy, la directora de una escuela rural de San Antonio de Areco, que, como Tomasi, se había convertido en activista luego de verificar en su propio cuerpo y en los de los alumnos que iban a la escuela los efectos de la fumigación en la zona.
Desde entonces hasta ahora, no se ha hecho demasiado por revertir la exposición de las personas a los venenos que se utilizan para proteger los sembradíos, argumentan desde el Encuentro de Pueblos Fumigados (EPF) y la Campaña por el Agua Limpia en las Escuelas (CALE), una agrupación que surgió específicamente para advertir sobre los efectos de los agrotóxicos sobre los alumnos y docentes de los establefcimientos rurales que se encuentran enclavados en las áreas de fumigación.
Este año, la CALE motoriza junto a varios sindicatos docentes un reclamo para que el Estado reconozca como enfermedades laborales las afecciones producidas por las sustancias que los maestros y profesores inhalan durante su trabajo y entran a su organismo a través del agua que beben. Afirman que los químicos empleados para fumigar son los responsables de afecciones respiratorias y neurológicas, intoxicaciones, tumores, infertilidad y abortos espontáneos, entre otras cosas.
En los últimos años la organización recabó datos de diversos estudios realizados por distintos organismos en escuelas rurales de varios partidos del interior bonaerense. En 34 establecimientos educativos de nueve distritos se hallaron sustancias peligrosas en el agua que salía de las canillas. Es de suponer que, si se hiciera un estudio general y sistemático, los resultados mostrarían que el mismo problema existe en muchos otros lugares, ya que en todos lados se fumiga. Pero esa práctica sistemática no existe.
Por eso, la organización, junto a la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires (AMPBA) y seccionales del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA) y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) también reclaman que el gobierno bonaerense provea agua segura hasta que se demuestre la potabilidad de la que se está consumiendo en las escuelas. De hecho, la CALE viene enviando notas desde 2020 a los Consejos Escolares de cada distrito (dependientes de la Provincia) para que encarguen análisis del agua de los establecimientos educativos bajo su jurisdicción. No han tenido demasiada respuesta. La presidenta de un consejo escolar consultada por esta revista dijo simplemente: “Yo no tengo competencia en ese tema”.
“Por supuesto, el peligro excede al agua y no sólo acecha a los docentes, sino también a los alumnos y en mayor medida, porque sus cuerpos están en la etapa de desarrollo y porque los chicos suelen entrar en contacto con la tierra fumigada, al jugar y realizar otras actividades“, advirtió Leonardo Moreno, licenciado en información ambiental, profesor en escuelas secundarias de Luján y Mercedes y miembro de la CALE.
Moreno dijo a La Tecla que muchas veces existen regulaciones a nivel municipal que impiden fumigar en la cercanía de las escuelas, pero que o bien son inefectivas, porque no impiden la contaminación, o bien directamente no se las respeta. El día de la conversación con este medio, las clases estaban suspendidas en la localidad de Carlos Keen, en Luján, porque la noche anterior habían ido a fumigar a la zona. “En algunos casos lo hacen sorpresivamente, sin avisarle a nadie, contraviniendo la normativa local”, puntualizó.
Desde el ministerio de Salud bonaerense señalaron que “la fumigación no está recomendada, pero muchos municipios la implementan y además permiten que los privados lo hagan”. La cartera que conduce Kreplak emitió recomendaciones al respecto en varias ocasiones, por caso, ante la proliferación del mosquito aedes aegypti, que transmite el dengue.
A pesar de eso, el activismo de la CALE y el EPF registra algunas victorias. En Marcos Paz, por ejemplo, lograron que el municipio extendiera el área de protección de las escuelas luego de que se conocieran los resultados de un estudio realizado por la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS).
“El daño está demostrado. Lo que hace falta es que el Estado actúe”, dijo Moreno.
Resolución 246/18 Una norma en suspensión eterna
En la provincia de Buenos Aires hay una serie de normas que se relacionan con este problema desde distintos lugares, pero no hay una prohibición taxativa sobre el uso de agroquímicos. En 2018, la entonces gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, firmó una resolución que definía las “buenas prácticas” para este proceso, pero desde entonces se encuentra en un limbo, sin nadie que la derogue pero tampoco nadie que la aplique.
Ocurre que la propia Vidal tuvo que suspender esa resolución (la 246) ante la oposición de disintos colectivos que se quejaban de que las “buenas prácticas” delineadas en la norma eran las que convenían a los productores rurales, y no las aconsejables para quienes viven en las zonas afectadas.
A casi ocho años de la firma de esa resolución, cada vez que está a punto de entrar en vigencia el gobierno provincial prorroga nuevamente la suspensión, pero no se decide a dejarla definitivamente sin efecto. La última prórroga fue a fines de mayo de este año.
Un gato sin cascabel El juego de las responsabilidades y el papel de los municipios
La contaminación por agrotóxicos en las escuelas rurales es un tema en el que se entrecruzan las competencias de distintas dependencias del Estado provincial, encargadas de regular los procesos de fumigación, de atender a la seguridad en los establecimientos educativos y de garantizar el cuidado del entorno natural, entre otras cuestiones.
Pero este juego de responsabilidades, al parecer, se disputa en un silencio atronador: La Tecla intentó obtener respuestas desde los ministerios de Ambiente y Desarrollo Agrario y desde la Dirección General de Cultura y Educación (DGCE), sin éxito en los tres casos.
Los otros actores que intervienen son los municipios. Aunque no tienen responsabilidad directa, las comunas pueden tomar medidas para mantener a raya el peligro de la fumigación. Algunas establecieron límites espaciales y temporales para que los agrotóxicos se dispersen a una distancia segura.
Es el caso de Marcos Paz, donde rigen una serie de regulaciones adoptadas por ordenanza, entre 2012 y este mismo año. “Los gobiernos locales somos los que tomamos esta bandera”, explicó Cecilia Botto, subsecretaria de Ambiente del municipio. “La Provincia permite aplicar estos productos en todos lados, salvo en zonas urbanas y cerca de los apiarios. Nosotros pusimos restricciones adicionales”, apuntó.
Un estudio realizado en 2022 por la UNGS detectó la presencia de sustancias peligrosas en el agua de cuatro escuelas del distrito. Ocurre que las normas por sí solas no garantizan que la fumigación se realice en forma segura.
“Lamentablemente, por lo general debemos actuar después de que ocurrió el hecho”, dijo Botto. “Nos suelen llegar las denuncias bastante rápido, porque tenemos muchos espacios de diálogo con la gente. Hemos ido puerta a puerta por los campos dejando copia de las ordenanzas. Hemos hecho reuniones. Algunas estrategias funcionan mejor, otras peor”, concluyó.
Instituciones en falta "En este tema hay un profundo desconocimiento y faltan datos"
Azoxistrobina, metolacloro, clorimurón etil, piperonil butóxido, pendimentalín, acetamiprid... los nombres de las sustancias químicas halladas por diversos grupos de estudio en el agua de beber en 34 escuelas de nueve distritos del interior de la provincia de Buenos Aires son tan extraños que dan miedo.
Y está bien que así sea, confirmó Andrés Porta, director del Centro de Investigación del Medio Ambiente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), que realizó uno de estos estudios y halló restos de productos de fumigación en cuatro escuelas de Baradero.
“Con la llegada de la soja transgénica, en casi todo nuestro campo se empezó a usar glifosato. Hasta hace diez o quince años se decía que era inocuo. Hoy sabemos que el glifosato es dañino, pero las sustancias que encontramos en nuestro estudio son peores”, señaló el especialista.
Porta dijo que “hay un descontrol muy importante” en el área, tanto desde lo normativo como en la ausencia de un control periódico y sistemático sobre la presencia de químicos en el ambiente.
“Hay un desconocimiento muy profundo en este tema, y eso se expresa en la legislación. En Europa está directamente prohibido fumigar con avionetas. En la Argentina no hay una prohibición explícita, aunque el ministerio de Desarrollo Agrario está haciendo una experiencia con drones para medir la dispersión de estos químicos”, apuntó el científico.
Por otra parte, tampoco hay estadísticas de salud demasiado confiables, dijo. “Existen estudios epidemiológicos que nosotros usamos como referencia y que confirman los daños de estas sustancias. Pero en la Argentina no se hacen. Hay que hacer estudios epidemiológicos, analizar las poblaciones, ver cómo responden”.
