Una presentación judicial cuestiona que Terminal Quequén continúe operando tras el vencimiento de la concesión original y reclama explicaciones sobre las prórrogas, la licitación pendiente y la actuación de los funcionarios involucrados.

Concesión extendida hasta 2027: denuncian al directorio de Puerto Quequén

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Una denuncia penal presentada ante el Ministerio Público Fiscal de Necochea puso bajo la lupa al directorio del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén (CGPQ) por las sucesivas prórrogas otorgadas a Terminal Quequén S.A. para continuar con la explotación de los sitios 4, 5 y 6. La presentación fue realizada por Enrique Hugo Pérez Decontardi.

Según surge del escrito, la concesión original se inició en 1992 por un plazo de 30 años y venció en noviembre de 2022. Desde entonces, la empresa habría recibido sucesivas extensiones: primero hasta noviembre de 2023, luego hasta noviembre de 2024, posteriormente por otro período, una prórroga técnica de 180 días hasta mayo de 2026 y, finalmente, una nueva extensión de 18 meses que llevaría la concesión hasta fines de 2027.

Uno de los principales interrogantes planteados por la denuncia es por qué una licitación internacional anunciada para definir al nuevo concesionario no habría llegado a concretarse. El denunciante solicita que se incorporen al expediente los pliegos, estudios técnicos y económicos, contratos de consultoría, actas de directorio, votaciones y toda la documentación que permita determinar las razones de las sucesivas postergaciones.

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La presentación también pone el foco en Daniel Arce, integrante del directorio del CGPQ y representante de la Cámara de Permisionarios y Concesionarios, por su presunta vinculación con Terminal Quequén S.A. El escrito pide determinar si participó en deliberaciones, negociaciones o votaciones relacionadas con las prórrogas y si existió algún conflicto de intereses. También solicita verificar objetivamente sus vínculos laborales y societarios.

Otro de los nombres que aparece en la denuncia es Mariano Carrillo, actual integrante del directorio y quien asumió la presidencia interina del Consorcio tras la vacancia del cargo. En este punto, el denunciante pide investigar las circunstancias de su designación, las funciones y facultades que se le asignaron, su remuneración, la duración de la designación y eventuales incompatibilidades. También solicita establecer si participó en decisiones vinculadas con la concesión y sus extensiones.

La situación de la infraestructura de la terminal constituye otro capítulo de la presentación. La denuncia menciona un episodio ocurrido en enero de 2026, cuando se produjo una falla estructural y un colapso parcial, y cuestiona que el estado de las instalaciones haya sido posteriormente utilizado como argumento para extender la concesión a cambio de nuevas obras e inversiones. El planteo busca determinar si esas tareas ya formaban parte de las obligaciones contractuales de la empresa y si el Consorcio había realizado controles previos sobre el estado de las instalaciones.

Además, el escrito solicita investigar la actuación de otros integrantes del directorio, entre ellos Alejandro Pedro Gallego, a partir de posibles vínculos empresariales que -según la presentación- deberían ser verificados. También reclama documentación sobre inspecciones, sanciones, habilitaciones, contratos, cánones y condiciones de las distintas prórrogas.

La denuncia plantea de manera provisoria posibles figuras penales vinculadas con negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta, aunque aclara que se trata de hipótesis sujetas a investigación y que la sola pertenencia al directorio no implica responsabilidad penal. Entre las medidas solicitadas figuran además la preservación de actas, expedientes, correos y registros digitales para reconstruir cómo se tomaron las decisiones cuestionadas.

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