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Una funcionaria judicial detenida y un entramado que atraviesa organismos en PBA
Albertina Mangini está acusada de integrar una organización que habría utilizado datos biométricos de personas vulnerables para abrir cuentas virtuales y mover unos $27.000 millones. El Gobierno bonaerense salió a despegarla del Ministerio de Justicia y aclaró que es empleada del Poder Judicial.
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Una investigación judicial que comenzó a partir del uso presuntamente irregular de datos personales y biométricos de personas que habían pasado por el sistema penal derivó en una trama que, además de involucrar a una funcionaria judicial, tiene ramificaciones hacia el circuito financiero investigado en la causa Sur Finanzas. En el centro del expediente aparece Albertina Mangini, detenida por orden de la fiscal platense Betina Lacki, acusada de integrar una organización que habría movido alrededor de $27.000 millones mediante billeteras virtuales.
La causa tiene como punto de partida una operatoria que habría utilizado a personas en situación de vulnerabilidad como “mulas” financieras. Según la hipótesis de la Fiscalía, se captaban personas que tenían contacto con el Patronato de Liberados y se utilizaban sus documentos, fotografías y datos biométricos para abrir cuentas en distintas billeteras digitales. Esos instrumentos luego habrían servido para recibir, transferir y fragmentar dinero de presunto origen ilícito.
La maniobra habría incluido el pago de unos $80.000 a las personas captadas, a cambio de entregar su documento, tomarse fotografías y someterse a un escaneo del iris. Según la investigación, los datos eran utilizados posteriormente para generar cuentas que quedaban bajo control de terceros. Una de las modalidades detectadas es conocida como smurfing, una técnica destinada a dividir grandes movimientos de dinero en operaciones más pequeñas para dificultar su detección por los organismos de control.
La investigación también detectó un patrón llamativo en las transferencias. Parte de los movimientos terminaba en “.12” y, de acuerdo con los investigadores, las cuentas no quedaban completamente vacías después de las operaciones, sino que se dejaban unos $1.000 para evitar que el comportamiento resultara todavía más evidente. En total, la pesquisa calcula que el circuito habría movilizado unos $27.000 millones durante aproximadamente un año.
Mangini es abogada y funcionaria del Ministerio Público Fiscal bonaerense. Su nombre aparece asociado al Poder Judicial provincial y trabaja dentro de ese ámbito desde hace años. Su situación adquirió particular relevancia porque cumplía funciones en una oficina de enlace ubicada dentro del Patronato de Liberados. Allí tenía contacto con información vinculada a personas sometidas a distintos regímenes de supervisión.
Este miércoles, el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena, afirmó que "la funcionaria detenida no trabaja ni trabajó nunca en el Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires. Es una funcionaria judicial de la Procuración General de la provincia".
"No tiene absolutamente nada que ver con el poder ejecutivo provincial. El primer medio platense que cometió el error corrigió inmediatamente la noticia", añadió. Además, sostuvo que "la salida a coro en medios nacionales sin un solo chequeo ni consulta, se parece más a una operación berreta que a periodismo. Sus operaciones los dejan siempre despreciando a la verdad y usando a las víctimas". La funcionaria detenida no trabaja ni trabajó nunca en el Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires. Es una funcionaria judicial de la Procuración General de la provincia.
No tiene absolutamente nada que ver con el poder ejecutivo provincial.
El primer medio… pic.twitter.com/C2fjdqMExI
— Juan Martín Mena (@juanmmena) August 19, 2026
Ese dato es central para la hipótesis de la Fiscalía, ya que el acceso a información sobre personas liberadas habría permitido identificar potenciales víctimas para la maniobra. De acuerdo con lo informado por el Gobierno bonaerense, durante la gestión de María Eugenia Vidal se había firmado un convenio por el cual determinadas personas sometidas a supervisión —entre ellas quienes tenían penas de ejecución condicional y no habían pasado por prisión— debían presentarse a firmar en una dependencia de la Fiscalía General. Esa operatoria habría generado el acceso de Mangini a información sobre personas condenadas por el Poder Judicial. Pero justamente allí aparece una de las primeras aclaraciones políticas del Gobierno de Axel Kicillof.
Ante la difusión del caso, la administración bonaerense emitió un comunicado para remarcar que Mangini “es una empleada Judicial y no tiene ni tuvo ninguna vinculación burocrática ni laboral con el Ministerio de Justicia”. La aclaración busca marcar una diferencia entre el lugar físico donde desarrollaba sus tareas y el organismo del que dependía laboralmente.
"Ella trabajaba en una dependencia de la fiscalía general en la cual tenían acceso a la información de las personas liberadas ya que durante la gestión de María Eugenia Vidal se hizo un convenio por el cual durante una parte de la etapa de supervisión algunas personas (aquellas que no pasaron por la cárcel por tener una pena de ejecución condicional) deben presentarse a firmar en esa sede de la fiscalía", agregaron. Asimismo, indicaron que "de ahí es que esa empleada judicial tenía información de personas condenadas por el poder judicial".
La explicación oficial agrega que Mangini trabajaba en una dependencia de la Fiscalía General que funcionaba dentro del ámbito del Patronato de Liberados, pero que su relación laboral era con el Poder Judicial y no con el Ministerio de Justicia.
El Patronato de Liberados está presidido actualmente por Aníbal Hnatiuk, abogado y magíster en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de La Plata, además de diplomado en Ciencia Política y Sociología por FLACSO. Hnatiuk es docente de Teoría del Estado en la Facultad de Trabajo Social de la UNLP y desarrolló buena parte de su trayectoria profesional en organismos vinculados con los derechos humanos y el sistema judicial bonaerense.
En tanto, el funcionario trabajó en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y fue secretario de la Defensoría de Casación bonaerense. También participó como abogado querellante en causas por delitos de lesa humanidad y formó parte de distintas organizaciones de derechos humanos, sociales y estudiantiles.
En cuanto al Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, está encabezado por el procurador general Julio Conte-Grand. El funcionario llegó a la Procuración General luego de que el Senado bonaerense aprobara en diciembre de 2016 su pliego, enviado por la entonces gobernadora María Eugenia Vidal. Antes de asumir había sido secretario Legal y Técnico del Gobierno porteño y, hasta fines de 2015, procurador general de la Ciudad de Buenos Aires.En el día de ayer, nuevamente, sin consultar con ninguna fuente del Poder Ejecutivo provincial, Clarín y Daniel Santoro publicaron maliciosamente que había sido detenida una “funcionaria de Kicillof”.
La persona demorada es una empleada del Poder Judicial de la Provincia que no…
— Axel Kicillof (@Kicillofok) August 19, 2026
El Gobierno también sostuvo que su presencia allí se explicaba por el convenio firmado durante la gestión de María Eugenia Vidal para que determinadas personas bajo supervisión judicial se presentaran a firmar en esa sede. Según la explicación oficial, de esa manera la empleada judicial podía acceder a información de personas condenadas por el Poder Judicial.
La precisión no es menor porque el Patronato de Liberados sí forma parte de la órbita del Ministerio de Justicia bonaerense. De esta manera, aunque el Gobierno provincial niega cualquier vínculo laboral o burocrático de Mangini con el Ministerio de Justicia, la causa investiga una operatoria que habría utilizado información obtenida a partir de una oficina que funcionaba físicamente dentro de un organismo dependiente de esa cartera. La diferencia entre ambas cuestiones —dependencia laboral y lugar donde se desarrollaban las tareas— es uno de los puntos que la investigación deberá precisar.
Mangini no es la única persona imputada. La fiscal Lacki imputó por los delitos investigados a Mauro Perrotta, Juan Ignacio Campoli Sillero, Catriel Taubenschlag, Cristian Alejandro Scigliano e Ignacio Leonel Marchioni, además de Mangini. La acusación contempla, según las distintas publicaciones sobre el expediente, delitos vinculados con estafa o defraudación, lavado de activos y asociación ilícita.
Hasta el momento, Mangini, Perrotta y Marchioni fueron detenidos. Se realizaron allanamientos en distintos puntos, entre ellos La Plata, Quilmes, Mar del Plata y Córdoba, y durante los procedimientos se secuestraron documentación, dispositivos electrónicos, dinero en efectivo y un automóvil BMW.
Mangini y Perrotta se negaron a declarar. Marchioni, en cambio, sostuvo que su actividad comercial estaba relacionada con el corretaje y las inversiones. En tanto, Taubenschlag afirmó que actualmente no está imputado ni tiene una orden de detención y explicó que la investigación lo vincula con transferencias recibidas en 2023 por actividades de arbitraje de criptomonedas, que —según su versión— estaban declaradas y bancarizadas.
La situación procesal de Mangini tuvo además una novedad durante las últimas horas. La Cámara Penal de La Plata rechazó el hábeas corpus presentado por la funcionaria, por lo que continúa detenida. El pedido buscaba mejorar su situación procesal y recuperar la libertad mientras avanza la investigación. La detención había sido ordenada por el juez de Garantías N° 6 de La Plata, Agustín Crispo, a pedido de Lacki.
El vínculo más relevante con otras investigaciones aparece alrededor de Ignacio Leonel Marchioni. Su nombre ya estaba incorporado a la causa federal conocida como Sur Finanzas, por lo que su participación en el expediente platense genera un puente entre ambas investigaciones.
En la causa Sur Finanzas, que tramita en la Justicia Federal de Lomas de Zamora, Marchioni aparece imputado y tiene sus cuentas congeladas y una inhibición general de bienes. La investigación lo señala como un posible intermediario en operaciones con criptomonedas y analiza sus movimientos financieros junto con los de otros operadores. El expediente está a cargo del juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte y de la fiscal Cecilia Incardona.
La conexión adquiere mayor dimensión porque Sur Finanzas es la financiera cuyo titular, Maximiliano Vallejo, quedó bajo la lupa en una investigación que también alcanzó al mundo del fútbol y que puso el foco sobre sus vínculos con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. La existencia de ese vínculo no implica que Tapia esté involucrado en la causa de Mangini ni que exista una imputación contra él por esta maniobra, pero explica por qué la aparición de Marchioni en ambos expedientes genera especial interés para los investigadores.
La investigación sobre Marchioni también muestra una dimensión financiera difícil de conciliar con sus declaraciones formales. Un informe atribuido a ARCA señaló que figuraba como monotributista categoría D y que durante 2024 había declarado ingresos inferiores a $5 millones. Sin embargo, los investigadores detectaron movimientos por aproximadamente $87.000 millones a través de billeteras vinculadas a Sur Finanzas PSP S.A. y QBIT Capitals, una firma vinculada al negocio de las criptomonedas. El mismo análisis registró alrededor de $230 millones en facturación, unos $255 millones en ingresos en efectivo y la compra de un BMW valuado en casi $100 millones.
A eso se suma un informe del Departamento de Delitos Fiscales de la Policía Federal incorporado al expediente platense. En el caso de Marchioni, el análisis de sus operaciones en HAZ PAGOS detectó créditos por $13.574.944.078 y débitos por $13.574.944.075, lo que arroja un flujo bruto de $27.149.888.153. La cifra resulta especialmente significativa porque prácticamente coincide con el monto de $27.000 millones que aparece como eje de la investigación sobre la red de billeteras.
La empresa HAZ PAGOS, además, habría bloqueado y suspendido definitivamente las operaciones de Marchioni luego de detectar un incremento del riesgo asociado a su relación con hechos investigados en la causa Sur Finanzas.
El informe financiero también reconstruyó operaciones de Marchioni con otros actores que aparecen en la causa. Marchioni, Campoli Sillero y Taubenschlag fueron identificados como clientes de LB Finanzas. Marchioni y Campoli Sillero fueron clasificados allí como “arbitrajistas” y sus cuentas quedaron inmovilizadas.
Entre noviembre de 2022 y septiembre de 2023, Marchioni realizó 849 operaciones externas exitosas con terceros, correspondientes a 569 CUIT diferentes. Los ingresos superaron los $266 millones y los egresos rondaron los $750 millones, según la información incorporada a la investigación.
También aparece una transferencia concreta que conecta a Marchioni con Taubenschlag. El primero habría enviado $150.000 a una cuenta de Brubank a nombre de Taubenschlag, coincidente con sus datos personales y fiscales.
Son elementos que, por sí solos, no determinan responsabilidad penal, pero que forman parte del entramado que la Fiscalía analiza para establecer si existió una estructura coordinada y cuál habría sido el rol de cada participante.
La hipótesis de la investigación sostiene que las billeteras creadas mediante el uso de datos de terceros habrían servido para canalizar dinero de origen ilícito. Entre las posibilidades que analiza la Fiscalía aparece el juego clandestino, aunque el origen definitivo de los fondos todavía debe ser establecido judicialmente.
La investigación, por lo tanto, tiene varios niveles superpuestos. En el plano más inmediato, la Justicia platense intenta determinar si Mangini y el resto de los imputados conformaban una organización dedicada a captar datos personales y biométricos para generar cuentas virtuales utilizadas como instrumentos financieros.
En paralelo, la aparición de Marchioni abre una conexión con el expediente federal sobre Sur Finanzas y con un circuito financiero que ya había quedado bajo investigación por operaciones millonarias vinculadas con billeteras digitales, criptomonedas y la intermediación de fondos.
La Fiscalía deberá determinar además qué relación existía entre los distintos participantes, quién aportaba los datos, quién generaba las cuentas, quién las administraba y quién recibía finalmente el dinero. También deberá establecer si los $27.000 millones detectados en el expediente forman parte de un único circuito o de distintas operaciones conectadas.
Por ahora, el dato que vuelve especialmente sensible el caso para el Gobierno bonaerense es el lugar que ocupaba Mangini dentro de la estructura estatal. La administración de Kicillof busca dejar en claro que no era empleada del Ministerio de Justicia y que no tenía relación laboral ni burocrática con esa cartera, una precisión que el Ejecutivo considera central frente a la repercusión política del caso.
Sin embargo, la investigación apunta precisamente a determinar si su función dentro de una oficina de enlace que operaba en el ámbito del Patronato de Liberados le permitió acceder a información que luego habría sido utilizada para captar a las personas cuyos datos terminaron vinculados a las billeteras.
Ese cruce entre una funcionaria del Ministerio Público, una oficina instalada dentro del Patronato de Liberados, una red de operadores financieros y un imputado que ya figura en la causa Sur Finanzas es el aspecto que puede transformar una investigación inicialmente centrada en una presunta estafa en un expediente de mayor alcance sobre el circuito del dinero y sus posibles conexiones.
La causa todavía está en etapa de investigación y la responsabilidad de cada uno de los involucrados deberá ser determinada por la Justicia. La Cámara Penal ya rechazó el hábeas corpus de Mangini y la Fiscalía podría avanzar con pedidos de prisión preventiva, mientras continúa el análisis de la documentación y de los dispositivos secuestrados en los allanamientos.
La funcionaria detenida no trabaja ni trabajó nunca en el Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires. Es una funcionaria judicial de la Procuración General de la provincia.
No tiene absolutamente nada que ver con el poder ejecutivo provincial.
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En el día de ayer, nuevamente, sin consultar con ninguna fuente del Poder Ejecutivo provincial, Clarín y Daniel Santoro publicaron maliciosamente que había sido detenida una “funcionaria de Kicillof”.
La persona demorada es una empleada del Poder Judicial de la Provincia que no…