El grupo fue llevado en una combi municipal y quedó en la terminal ferroviaria. Tandil cuestionó la falta de aviso y debió activar un protocolo de asistencia, desde Azul aseguran que el traslado fue solicitado por la propia familia. El caso derivó en una denuncia penal contra funcionarios y el intendente Nelson Sombra.

Trasladaron a una familia con cinco menores y estalló una pelea entre dos municipios

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Un traslado municipal que terminó con una familia de 11 integrantes, entre ellos cinco menores de edad, en la terminal ferroviaria de Tandil desató un fuerte conflicto político entre los gobiernos de Azul y Tandil, que mantienen versiones enfrentadas sobre las circunstancias en las que se produjo el viaje.

El episodio ocurrió el jueves 13 de agosto, cuando el grupo familiar fue trasladado desde Azul hasta Tandil en una combi perteneciente al municipio de la Séptima Sección. La familia residía en condiciones de extrema vulnerabilidad en el asentamiento “Los Piletones”, ubicado en Villa Piazza Norte, y recibía asistencia social por parte de la comuna.

El caso adquirió mayor gravedad debido a que el grupo tenía una causa activa en Azul y debía encontrarse bajo seguimiento policial mediante una custodia dinámica, luego de que una mujer de la familia denunciara haber sido víctima de violencia vecinal días antes.

El concejal de la UCR de Azul, Agustín Puyou, presentó una denuncia penal contra el intendente de Azul, Nelson Sombra, y otros funcionarios.

La versión de Tandil

Desde la Secretaría de Protección Ciudadana de Tandil, a cargo de Alejandra Marcieri, señalaron que no existió comunicación previa entre ambos municipios para coordinar la llegada de la familia ni para solicitar asistencia destinada a los menores y a las personas que se encontraban en situación de vulnerabilidad.

Según la versión del gobierno de Miguel Lunghi, el municipio tomó conocimiento de la situación cuando el grupo ya había llegado a la ciudad. A partir de ese momento, debió activar de manera urgente un protocolo de asistencia social para garantizarles alojamiento temporario.

La comuna tandilense cuestionó además el procedimiento utilizado por Azul y sostuvo que el traslado de una familia en esas condiciones requería una coordinación previa entre las áreas de Desarrollo Social y Protección Ciudadana de ambas ciudades.

Las cámaras del Centro de Monitoreo de Tandil permitieron, según indicaron desde el municipio, identificar el vehículo oficial de Azul utilizado para trasladar al grupo.

El dato fue utilizado por la administración local para reconstruir el recorrido y establecer que la familia había llegado a la ciudad en una combi municipal.

La respuesta de Azul

Desde el Municipio de Azul rechazaron de manera categórica que se haya producido un abandono de persona.

Fuentes comunales señalaron que fue la propia familia la que pidió ser trasladada a Tandil, debido a que aseguraba contar allí con una posibilidad laboral y una alternativa habitacional. Según esa versión, los integrantes del grupo solicitaron realizar el viaje con urgencia porque ya tenían “todo armado” en la ciudad.

El secretario de Desarrollo de la Comunidad de Azul, Omar Seoane, sostuvo que el municipio había ofrecido a la familia una alternativa habitacional dentro de Azul, pero que sus integrantes insistieron en trasladarse a Tandil para alejarse de conflictos intrafamiliares y comenzar una nueva etapa.

De acuerdo con el funcionario, el traslado no fue realizado sin acompañamiento. Una trabajadora social y un empleado municipal habrían viajado junto con la familia durante el trayecto.

Seoane afirmó además que los integrantes del grupo fueron informados acerca de las condiciones de alojamiento y trabajo que tendrían en Tandil y que firmaron un consentimiento para realizar el traslado.

“Lo que hicimos fue colaborar con el traslado”, sostuvo el funcionario, al rechazar que la comuna haya dejado a la familia a su suerte.

La explicación oficial de Azul apunta así a presentar el episodio como una intervención de asistencia social ante un pedido expreso de la propia familia, mientras que Tandil sostiene que recibió a un grupo vulnerable sin aviso previo y debió intervenir de urgencia.

Denuncia penal contra funcionarios de Azul

La disputa entre ambos municipios también llegó a la Justicia.

El concejal de la UCR de Azul, Agustín Puyou, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía N° 24, a cargo del fiscal Ignacio Calonje, contra el secretario Omar Seoane, otros funcionarios municipales y el intendente de Azul, Nelson Sombra.

La presentación apunta a determinar si en el traslado de la familia pudieron configurarse los delitos de abandono de persona, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

Ahora será la investigación judicial la que deberá establecer qué ocurrió durante el procedimiento, cuál fue el grado de intervención de los funcionarios de Azul, si existió consentimiento de la familia y si hubo o no una comunicación formal con las autoridades de Tandil.

El caso dejó expuesta, además, una fuerte disputa política entre dos municipios bonaerenses: mientras Tandil cuestiona que una familia con cinco menores haya sido trasladada a otra ciudad sin coordinación previa, Azul sostiene que actuó ante un pedido expreso de sus integrantes y con intervención de profesionales.

La investigación deberá determinar cuál de las dos versiones se ajusta a lo ocurrido el jueves 13 de agosto.

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