Con la cadena de pagos en situación de crisis, el Senado provincial se hizo eco de la situación. Un proyecto presiona al gobierno de Axel Kicillof para que transparente la situación y explique si analiza volver a utilizar títulos públicos para saldar obligaciones atrasadas.

Ante el silencio oficial, la Legislatura quiere información sobre la deuda con proveedores

La cadena de pagos a proveedores del Estado bonaerense continúa resquebrajándose y sin señales de normalización, con atrasos de varios meses que afectan de lleno a sectores clave como la salud y la construcción.

El oscuro panorama fue ratificado por Guillermo Siro, referente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires, quien en diálogo con el programa Desconfiados (Cadena Río, FM 88.7) descartó mejoras en el corto plazo.

“Hoy los empresarios no quieren venderle a la Provincia. Cuando uno analiza la cartera, trabaja con aquellos que por lo menos te pagan. Mal, pero te pagan”, sostuvo, y añadió que “la Provincia está pagando muy mal y eso te desconfigura la caja”,

Con este marco, desde la Legislatura bonaerense pusieron la mira en este problema, a través de un pedido de informes presentado por el presidente del bloque Hechos-UCR Identidad en el Senado provincial, el platense Marcelo “Chuby” Leguizamón.

La iniciativa busca que el Gobierno de Axel Kicillof brinde precisiones sobre la millonaria deuda flotante que mantiene la Provincia con sus proveedores y aclare si evalúa cancelar parte de esas obligaciones con bonos o títulos públicos.

El legislador, que dirige el pedido al Ministerio de Economía que encabeza Pablo López, requiere conocer el volumen real de los compromisos devengados pero aún no pagados por el Estado provincial.

“Esta deuda flotante, aunque suele quedar fuera de los indicadores tradicionales de endeudamiento, golpea directamente a empresas que prestan servicios, proveen insumos o ejecutan obras para la administración bonaerense”, señala entre sus fundamentos.

En el documento, Leguizamón reclama información “urgente y pormenorizada” sobre el monto total de la deuda al cierre del último ejercicio, discriminada por jurisdicción, tipo de proveedor, antigüedad y concepto del gasto. Además, exige detalles sobre la evolución de estas obligaciones en los últimos tres años y las medidas que el Ejecutivo planea adoptar para evitar que sigan creciendo los atrasos en la cadena de pagos.

La inquietud se acrecentó tras versiones que circulan en ámbitos políticos y empresariales sobre la posible emisión de bonos para regularizar deudas pendientes. El senador pidió especificaciones sobre un eventual esquema: características de los títulos, sectores que alcanzaría, monto que se buscaría cancelar y su impacto fiscal.

El reclamo se produce en medio de una creciente tensión financiera en la Provincia. En las últimas semanas, cámaras empresarias advirtieron demoras de hasta siete meses en los pagos, especialmente en áreas sensibles como salud, alimentación e infraestructura. La Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA) alertó que muchas empresas “ya no quieren venderle al Estado” por la incertidumbre en los cobros.

Según Leguizamón, la situación afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que dependen de estos pagos para mantener salarios, comprar insumos y sostener su operación. “La falta de previsibilidad no solo compromete la relación entre el Estado y sus proveedores, sino también la continuidad de servicios esenciales”, señaló.

Al respecto, recuerda que en 2021, durante la actual gestión, la Provincia emitió bonos de cancelación de deuda por hasta $15.000 millones para proveedores y contratistas. Administraciones anteriores también recurrieron a esta herramienta en momentos de fuerte presión financiera.

A esto se suman otros compromisos que pesan sobre las cuentas bonaerenses, como el pago del medio aguinaldo y los vencimientos de deuda del segundo semestre, reprogramaciones que fueron cuestionadas por la oposición por el incumplimiento en el pago de bonos provinciales.

“La administración de la liquidez y la sostenibilidad fiscal son variables críticas para el funcionamiento del Estado y del entramado productivo”, advirtió Leguizamón, quien exigió que el Gobierno transparente el estado de la deuda con proveedores y explique si analiza volver a utilizar títulos públicos para saldar obligaciones atrasadas.

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