Municipio chico o grande, la recolección de residuos implica concesiones millonarias. Empresas, gremios e intendentes se disputan un negocio tan costoso como estratégico
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Entre contratos millonarios y peleas que tensan la cuerda política, la basura es mucho más que un servicio público. En la provincia de Buenos Aires representa una fuente de poder sindical y empresarial, y un terreno de disputa política que involucra a intendentes, al Ejecutivo provincial, gremios y concesionarias. Por eso, detrás de cada camión recolector circulan contratos multimillonarios, intereses corporativos y una discusión latente en los palacios municipales sobre quién debe controlar una actividad que consume una porción cada vez mayor de los presupuestos municipales.
Los números explican buena parte del conflicto. La gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU)constituye uno de los negocios más voluminosos y menos visibles. Sólo durante el primer trimestre de 2026, el CEAMSE recibió 1.676.123,26 toneladas de residuos (de municipios y empresas), una cifra que refleja la magnitud económica de una actividad que moviliza millones de pesos. Mientras el CEAMSE asume los costos de recepción, transporte y disposición final de los desechos (financiado por PBA), las ganancias generadas en las distintas etapas de la cadena productiva quedan en manos privadas.
La dimensión presupuestaria también explica por qué la basura se convirtió en un terreno de disputa política, sindical y empresarial. En promedio, los municipios bonaerenses destinan alrededor del 14% de sus presupuestos a la gestión de RSU, aunque en algunos distritos esa proporción alcanza el 20% del gasto total. Una erogación que, en numerosos casos, supera ampliamente las partidas destinadas a áreas sensibles como la salud pública.
La recolección, el transporte, el tratamiento y la disposición final de residuos movilizan contratos millonarios y generan una estructura de negocios que involucra a concesionarias privadas, cooperativas, sindicatos y gobiernos. Por volumen de recursos y capacidad de influencia, la basura dejó de ser únicamente un servicio público para transformarse en uno de los negocios más relevantes en los municipios.
En ese escenario sobresalen un puñado de empresas que concentran gran parte del mercado. Covelia S.A. y Ashira S.A., prestan servicio en buena parte del Conurbano y un puñado de distritos del interior bonaerense. Ambas firmas han sido históricamente señaladas por distintas investigaciones judiciales y periodísticas debido a sus vínculos con el universo sindical de los Moyano. Aunque las empresas rechazan cualquier injerencia gremial en sus decisiones comerciales, la relación entre el Sindicato de Camioneros y el sector de la recolección constituye desde hace décadas uno de los principales factores de poder dentro de la actividad.
El peso del gremio explica por qué los intentos de municipalización suelen derivar en fuertes conflictos. Con Pablo Moyano como principal vocero, el gremio de Camioneros se encuentra enfrentado con varios intendentes que buscan recuperar para el Estado local parte o la totalidad de los servicios actualmente tercerizados. El argumento de los municipios es simple: reducir costos.
En definitiva, la pelea por la basura ya no gira únicamente alrededor de la limpieza de calles. La gestión de residuos mueve miles de millones de pesos cada año, por lo que el control de la recolección se convirtió en una herramienta de poder. En ese escenario, la capacidad de presión sindical puede convertirse en un incordio para intendentes que enfrentan crecientes restricciones presupuestarias.
Peso a peso, la recolección es el gasto operativo más grande
En muchos distritos bonaerenses, la recolección de residuos absorbe una porción significativa de los presupuestos anuales. El caso de Balcarce, distrito chico, ilustra esa realidad. El contrato vigente con Ashira alcanza los $257 millones mensuales, lo que equivale a más de $3.084 millones al año. Sobre un presupuesto municipal de $60.423 millones para 2026, representa alrededor del 5,1% de todos los recursos disponibles. Si prospera la redeterminación de precios el acuerdo ascendería a $275 millones por mes, esa participación podría acercarse al 5,5%, sin descartar nuevos ajustes vinculados a la paritaria de Camioneros.
La presión presupuestaria también aparece en municipios más grandes. En La Plata, la administración de Julio Alak decidió municipalizar parcialmente el servicio con el objetivo de reducir en aproximadamente un 12,5% el contrato con ESUR, un ahorro estimado de $10.000 millones. En un esquema donde la recolección llegó a representar hasta una cuarta parte del gasto municipal.
Camioneros vs. municipios: la pelea por la torta y el control de los residuos
La discusión por la recolección de residuos se transformó en uno de los conflictos políticos y sindicales más sensibles de la provincia de Buenos Aires. Detrás del debate sobre la municipalización del servicio aparece una disputa por contratos que representan el reparto de una torta millonaria que, en muchos distritos, constituyen una de las principales erogaciones de los presupuestos locales. Con Pablo Moyano al frente, el Sindicato de Camioneros salió a enfrentar a los intendentes que impulsan o analizan recuperar para el Estado municipal parte de las tareas hoy concesionadas a empresas privadas. El gremio sostiene que busca proteger puestos de trabajo y derechos laborales, los municipios argumentan que los crecientes costos obligan a revisar esquemas que presionan cada vez más sobre las cuentas públicas. El conflicto tuvo su episodio más caliente en Villa Gesell, donde el intendente Gustavo Barrera avanzó con la municipalización parcial del servicio que prestaba la empresa Santa Elena. La medida derivó en protestas y obligó a la intervención del ministerio de Trabajo bonaerense, que promovió un acuerdo para garantizar la continuidad de 45 trabajadores.
La tensión también alcanzó al plano gremial. Moyano acusó al titular de la FESIMUBO, Hernán Doval, de actuar en sintonía con los intendentes. La federación respondió con un duro comunicado en el que rechazó esas declaraciones y defendió la trayectoria del dirigente municipal. Mientras tanto, municipios como La Plata e Ituzaingó avanzan en debates similares. El trasfondo es el mismo: contratos de recolección cada vez más costosos en un contexto de recursos limitados.
Así, la pelea ya no es sólo por quién recoge la basura, sino por el control de uno de los negocios más importantes de la administración municipal y de una actividad que mueve miles de millones de pesos cada año.
Basura sin control ni tratamiento: el metano que sale del CEAMSE
La discusión sobre la gestión de los residuos urbanos no se limita sólo al costo de los contratos ni al control del servicio. También involucra un problema ambiental de escala global: las emisiones de metano generadas por los rellenos sanitarios. En ese contexto, un informe internacional volvió a poner bajo la lupa al sistema de disposición final de residuos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El proyecto STOP Methane, impulsado por investigadores de la Universidad de California (UCLA), ubicó al Complejo Ambiental Norte III de CEAMSE, en Campo de Mayo, como uno de los principales focos de emisión de metano detectados en el planeta durante 2025. El relevamiento, realizado mediante observaciones satelitales, identificó emisiones superiores a las cinco toneladas por hora y colocó al predio bonaerense al tope de un ranking de 25 vertederos y basurales analizados a nivel mundial.
La relevancia del dato radica en el impacto climático del metano. Este gas posee una capacidad de calentamiento muy superior al dióxido de carbono en el corto plazo y es considerado uno de los principales responsables del aumento de la temperatura global. En el caso de Norte III, el relleno sanitario recibe cerca de 436.000 toneladas de residuos mensuales de la Ciudad de Buenos Aires y de un grupo de municipios bonaerenses. Además del componente ambiental, especialistas advierten sobre posibles efectos vinculados a la calidad del aire y los riesgos asociados a la acumulación de gases en áreas cercanas a centros urbanos. Según las estadísticas del propio CEAMSE, a marzo de 2026, recibieron de los municipios un total de 1.584.689,51 toneladas de residuos sólidos urbanos.
Para nada "Chiqui": un peso pesado
Más allá de ser el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia consolidó en los últimos años una influencia creciente en la política bonaerense a través de su presencia en el directorio del CEAMSE, la empresa pública que administra la disposición final de residuos de CABA y gran parte del Conurbano. Con llegada histórica al sindicalismo camionero y una relación fluida con el gobernador Axel Kicillof, Tapia se convirtió en un actor con capacidad de interlocución entre intendentes, gremios y organismos provinciales.
El control de un sistema que procesa residuos de millones de habitantes le otorga poder de lapicera sobre inversiones e infraestructura estratégica, fortaleciendo un peso político que trasciende ampliamente los límites del fútbol.
