El presupuesto destinado al Ministerio de Mujeres reabrió el debate sobre el uso de fondos públicos en una provincia atravesada por recortes y emergencia fiscal. Mientras tanto los reclamos se multiplican en un el área que maneja Estela Díaz

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Mientras la Provincia de Buenos Aires atraviesa una crisis fiscal marcada por caída de recursos, presión sobre los servicios esenciales y reclamos crecientes en salud, seguridad y educación, el presupuesto 2026 volvió a poner bajo la lupa al Ministerio de Mujeres y Diversidad, que conservará una partida de 21.660 millones de pesos.

Aunque representa apenas el 0,05% del gasto total bonaerense -calculado en más de 43 billones de pesos-, el monto reabrió el debate sobre las prioridades de la gestión de Axel Kicillof en un escenario donde municipios denuncian falta de recursos, hospitales reclaman insumos y las escuelas arrastran graves problemas de infraestructura.

El ministerio que conduce Estela Díaz defiende su estructura bajo el esquema de “Presupuesto con Perspectiva de Género”, una metodología que incorpora partidas transversales en distintas áreas del Estado. Sin embargo, las críticas apuntan a la existencia de una cartera propia con estructura administrativa en medio de un contexto de ajuste y deterioro económico.

La polémica escaló todavía más en las últimas horas luego de que trabajadores del propio ministerio realizaran una protesta contra la administración bonaerense para reclamar mejoras salariales y denunciar precarización laboral y pluriempleo.

La escena dejó una imagen incómoda para el oficialismo: empleados de una de las carteras más defendidas por el Gobierno provincial protestando contra su propia gestión mientras la Provincia enfrenta una fuerte crisis financiera.

Durante la manifestación, trabajadores del ministerio reclamaron “una estructura que nos pertenece como trabajadores” y advirtieron sobre el deterioro de los ingresos. Según datos difundidos por el propio personal, el 92% aseguró que el salario del ministerio constituye el principal ingreso familiar y el 61% afirmó alquilar viviendas con costos mensuales de entre 200 mil y 800 mil pesos.

Además, remarcaron que “más del 95% de los trabajadores del ministerio somos mujeres y disidencias sexuales”, en una protesta que dejó expuestas las dificultades económicas incluso dentro de una cartera creada para impulsar políticas de inclusión y protección social.

El conflicto encendió alarmas dentro del propio oficialismo porque se produce mientras todavía no hay convocatoria formal a nuevas paritarias y en la antesala de un acto político encabezado por Kicillof en Ensenada vinculado justamente al espacio de mujeres y diversidades del Movimiento Derecho a Futuro.

La discusión se potencia cuando se compara el presupuesto de la cartera con necesidades concretas que hoy siguen sin resolverse en la provincia más grande del país.

En materia de seguridad, por ejemplo, el valor de un patrullero nuevo equipado para la Policía Bonaerense -generalmente modelos como Volkswagen Virtus, Toyota Etios o Fiat Cronos adaptados- oscila actualmente entre 35 y 45 millones de pesos por unidad. Ese costo incluye ploteo oficial, sistema de comunicación, balizas, radio policial, equipamiento interno y, en algunos casos, blindaje liviano.

Con los 21.660 millones asignados al Ministerio de Mujeres y Diversidad podrían comprarse entre 480 y 620 patrulleros nuevos, una cifra que permitiría renovar buena parte de la flota en municipios del Conurbano y del interior donde muchos móviles presentan años de desgaste, falta de mantenimiento o directamente permanecen fuera de servicio.

También podrían financiarse sistemas integrales de monitoreo urbano con cámaras de seguridad en decenas de municipios críticos o ampliar el uso de tobilleras electrónicas para agresores, una demanda frecuente incluso dentro de las propias políticas contra la violencia de género.

En educación, el monto equivaldría a más de dos campañas integrales de mantenimiento escolar. Techos rotos, problemas de gas, baños clausurados y fallas eléctricas siguen afectando a cientos de establecimientos educativos bonaerenses, especialmente en distritos del Conurbano.

De acuerdo con cálculos oficiales recientes, con ese dinero podrían realizarse entre 720 y 1.440 refacciones menores en escuelas o sostener tareas de mantenimiento en más de mil edificios educativos.

La situación alimentaria también aparece en el centro de la polémica. El Programa MESA, destinado a la entrega de módulos alimentarios para estudiantes y familias vulnerables, sufrió recortes y reducción de entregas por falta de fondos. Los 21.660 millones alcanzarían para sostener casi un mes completo del programa en su escala histórica o garantizar entregas parciales durante varios meses.

En salud, el contraste tampoco pasa inadvertido. Con ese presupuesto podrían adquirirse decenas de tomógrafos o financiar la construcción y ampliación de hospitales modulares y centros de salud en municipios donde la demanda sanitaria sigue creciendo.

La controversia ya no gira exclusivamente en torno a las políticas de género, sino sobre la estructura estatal, las prioridades políticas y la eficiencia del gasto público en un contexto de emergencia económica.

Con una provincia endeudada, municipios reclamando asistencia y servicios básicos tensionados, y ahora incluso empleados estatales protestando contra su propio ministerio por salarios bajos, el debate sobre qué áreas deben ajustarse y cuáles deberían ser prioridad empieza a golpear directamente al corazón de la gestión bonaerense.

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