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Política Provincial
27 de febrero de 2018
JUSTICIA FEDERAL
Denuncian a Ocaña por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias
El ex legislador porteño Gustavo Vera y el abogado de Hugo y Pablo Moyano le achacan presuntas irregularidades en su patrimonio, según la declaración jurada de 2016. Una constructora con cheques rebotados y una fundación que coinciden con sociedades comerciales aparecen en el escrito.
La diputada nacional Graciela Ocaña fue denunciada por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con su condición de funcionaria pública y falsedad maliciosa en la presentación de su declaración jurada de 2016.
El ex legislador porteño Gustavo Vera y Daniel Llermanos, abogado de la familia Moyano, realizaron la presentación en un momento particular: mientras la Justicia tiene varias causas abiertas del dirigente camionero y presidente de Independiente. El fiscal Jorge Di Lello pidió custodia para Ocaña por amenazas contra su vida.
Vera y Llermanos siembran suspicacias en relación al patrimonio de la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires de más de cuatro millones de pesos, de acuerdo a su declaración jurada de 2016. Ambos sostienen que hay inconsistencias “ya que en un año es notable el incremento patrimonial. Pasó de $ 1.523.321,70 a $ 4.052.874,46 pesos, aclarándose que había adquirido deudas por 629.714,03 pesos”. “Es llamativo tan brutal incremento siendo que Graciela Ocaña de 58 años los últimos casi veinte años el único que trabajo que tuvo es en el Estado”, se ahonda en la presentación.
A su vez, Vera y Llermanos señalan que Ocaña declara como terreno baldío “una mansión valuada en casi 1 millón de dólares ubicado en un country de la localidad bonaerense de General Rodríguez”. En efecto, Ocaña declaró ser propietaria de una parcela de 1050 m2 en el Barrio privado “Terravista”, ubicado en Colectora Norte Acceso Oeste, valuado en $ 900.000,00”.
Por otro lado, la denuncia, que recayó en el Juzgado Federal de Julián Ercolini y en la Fiscalía de Jorde Di Lello, da cuenta de la constructora Área Tr3s Constructora SA, vinculada a la dirigente, y de su fundación “Confianza Pública”, el mismo nombre que lleva su partido.
Ocaña declaró en su última declaración que recibió de ingresos 1.175.000 pesos por vender activos de su empresa “Área Tr3s Constructora SA”. “La sociedad actualmente se encuentra con un proceso de iliquidez debido a la extensión de 5 cheques sin fondos, por un total $ 139.351,00”, advirtieron los denunciantes.
Al mismo tiempo, Vera y Llermanos subrayan que la constructora, registrada en 2015, fue adjudicataria para llevar adelante en 2016 la reparación de techos y zingueria de una escuela de Pilar, por la suma de $ 805.400,00, pese a la presunta falta de experiencia.
Por último, en la denuncia penal se pide que se investigue el rol de la fundación Confianza Pública. La fundación registraría tres domicilios uno sobre la calle Azucena Villaflor, en Puerto Madero, otra sobre Azcuenaga al 1000, y otro en Tacuarí y Tucumán. Uno de ellos es el que corresponde a su domicilio y en ese, se registra, según la denuncia el Fideicomiso Inmobiliario Peña 2812.
Los domicilios de la fundación coinciden, asimismo, –siempre según la denuncia– con los de las sociedades comerciales “SEMEBA Sociedad Civil”, “VILAS Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL”, LAMASU FINANCIERA DE INVERSIÓN SA”, “CONCOB SA, “AMSA SA SERVSISTSA CONCOB SA UTE”, “CENTRO FENIX SRL”, “ANALISTIC HEALTH SA”, “EMDECE GROUP SA”, “PULMOTECH SA”, y “LG EMPRESA DE LOGISTICA SA” (La sociedad cambió su razón social y ahora se denomina “GIDIRO LOGISTICA SA”.
“Trampas”
Llermanos y Vera sostienen, por otro lado, que la dirigente de Confianza Pública pudo haber incurrido en maniobras para “hacer descender su patrimonio personal”. En este punto, se menciona la adquisición de un inmueble de 59 metros cuadrados en la Ciudad valuado en $ 630.000,00, cifra “inferior a la real”.
En paralelo, se detalla que su auto Toyota Corolla XEI PACK 1.8 CVT modelo 2015, comprado ese mismo año –mediante un crédito al igual que un inmueble- en un valor de casi 300 mil pesos. Vera y Llermanos le objetan que en 2016 ese bien no sufrió modificación alguna en su valuación.