13 de marzo de 2026
JUDICIALES
Embargo millonario por cloacas: Provincia apela y culpa a Nación por el freno de obras
La Justicia ordenó inmovilizar más de $157.000 millones para garantizar el saneamiento del sistema hídrico de la Región. El gobierno de Kicillof sostiene que el fallo es “imposible de cumplir” por el recorte de fondos nacionales.
La Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires presentará una apelación contra el embargo judicial por más de $157.000 millones dispuesto por la Justicia Federal para garantizar la ejecución de obras en la planta de tratamiento de líquidos cloacales que sirve a La Plata, Berisso y Ensenada. La medida fue dictada por el juez federal de La Plata Alberto Recondo, quien ordenó inmovilizar los fondos en una cuenta judicial hasta que se acredite el inicio de los trabajos.
El fallo busca asegurar el saneamiento del sistema hídrico que desemboca en el Arroyo El Gato y el Río de la Plata, tras peritajes de la Universidad Nacional de La Plata que describieron un “grado de contaminación aberrante” en la zona debido a efluentes cloacales sin tratamiento adecuado. La situación ambiental afecta desde hace años a la Región Capital y ha sido denunciada reiteradamente por organizaciones vecinales y ambientalistas.
Desde el gobierno de Axel Kicillof cuestionaron la decisión judicial y aseguraron que la sentencia es de “imposible cumplimiento” en el actual contexto financiero. La administración bonaerense atribuye el retraso en las obras a la política de ajuste del gobierno nacional y a la interrupción de transferencias para infraestructura que, según sostienen, históricamente fueron financiadas con recursos federales.
En ese marco, en la Provincia señalan tres factores que explican la paralización: el freno a las transferencias de capital desde Nación, el bloqueo de desembolsos de créditos internacionales de organismos como el BID y el Banco Mundial, y la caída de la coparticipación, que obliga a priorizar gastos corrientes. Ahora será la Cámara Federal de Apelaciones la que deberá decidir si mantiene el embargo o si otorga un plazo para presentar un plan de obras que permita revertir la crisis sanitaria y ambiental en la región.