Una concesión prorrogada, la puja por la sucesión de Jimena López en el Consorcio de Gestión, falta de obras y controles en la terminal y poderosos actores marcan el ritmo en Necochea
Compartir
Indiscutibles, los números de la actividad económica de los puertos en la provincia de Buenos Aires muestran un notable crecimiento si se comparan las cifras con años anteriores. Aunque las mismas autoridades portuarias bonaerenses reconocen que el incremento experimentado se produce gracias crecientes importaciones, que llenan las tesorerías con dinero proveniente de las tasas.
En este contexto, el puerto de Quequén vive inmerso en un clima convulsionado a pesar de su aparente éxito monetario, del que se benefician, en mayor medida, las empresas que conforman su terminal.
Como el resto de puertos, la conducción del mismo está en manos de un consorcio de gestión, donde el Estado se encuentra en minoría respecto de las compañías que lo integran. Es que, más allá de que el Gobierno provincial designe a su presidente, el voto de las empresas siempre termina definiendo las votaciones en favor de los intereses de los privados. En cuanto a su conducción, el ubicado en la localidad perteneciente al distrito de Necochea, vive horas de transición tras la renuncia de su titular hasta el mes de diciembre, cuando dejó su sillón para asumir como diputada nacional por Fuerza Patria. Había asumido el cargo en febrero de 2024, impulsada por su espacio de referencia política, el Frente Renovador de Sergio Massa.
La salida de la necochense prolongó un conflicto que se desató a partir de 2024, cuando venció la concesión de la Terminal Quequén S.A., a cargo de las tareas del elevador de granos.
Es que el Gobierno bonaerense insinuó su intención de dar un vuelco luego de 30 años de manejo de la terminal por parte de la empresa (el plazo venció en 2022), que puso en pie de guerra a las entidades agropecuarias: prorrogó la concesión y abrió el llamado para un nuevo contrato, aunque incluyó promover la aplicación de una “reserva de carga” de un 30% para que exporten los pequeños y medianos productores.
Impulsada por el intendente necochense, Arturo Rojas, el Concejo Deliberante aprobó la Tasa Solidaria por Mantenimiento Diferenciado de la Red Vial, provocando la furia de los sectores agroexportadores, que la consideran un impuesto encubierto.
Tras la salida de López, una fuerte interna marcó el periodo de sucesión de la massista. Tras días de tironeos, el Ejecutivo provincial decidió nombrar a un presidente transitorio, mientras define quién se sentará en la presidencia del Consorcio de Gestión. Se trata del sanvicentino Mariano Carrillo, marido de la exdiputada provincial Natalia Sánchez Jáuregui, ambos representantes de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), organización sindical fundada por el fallecido dirigente sindical Jerónimo “Momo” Venegas.
Hasta el momento no surgieron nombres concretos por parte del Frente Renovador para ocupar de manera definitiva el cargo. Sin embargo, desde algunos campamentos cuentan que alguien que podría pelear por ese puesto sería Patricio “Pato” Hogan, quien fuera intendente de Miramar y también subsecretario de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante del Ministerio de Transporte cuando Alexis Guerrera estaba al frente de esa cartera en Nación.
Asimismo, el referente del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) e intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, tendría para ofrecer al concejal necochense Julián Kristiansen. Integrante del partido CET (Cultura, Educación y Trabajo), preside la Comisión de Transporte del deliberativo local y es impulsado por el gremio de Camioneros. Otras voces también hacen correr el nombre de la directora ejecutiva del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA), Andrea Cáceres, que responde al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.
A la lista de candidateados se suman los nombres de la abogada y concejala Silvia Blanco, quien integra el área de legales del Consorcio necochense, y el exconcejal Diego López Rodríguez, gerente de Desarrollo de Negocios Exterior del Consorcio de Gestión, aunque estos dos últimos apellidos cuentan con pocos apoyos para relevar a López como autoridad definitiva.
Entidades intermedias, en guardia
De acuerdo con la información ofrecida desde el puerto quequenense, el paquete accionario está conformado por varios grupos agroexportadores y un porcentaje que está en manos de entidades intermedias locales. “Así lo planteaba el primer pliego de licitación", explicaron las autoridades.
Sobre la nueva y demorada licitación, señalaron que "se avanzó en un trabajo para que, a pedido del gobernador (Axel) Kicillof, se reserve un 30% para la elevación de los pequeños productores.
Sin embargo, las cámaras y esas mismas entidades tienen una silla en el directorio del Consorcio de Gestión. A pesar de ese porcentaje, dichos sectores también buscan defender el 15% de utilidades que les asegura la normativa. Entre los representantes están las cámaras aceiteras, centros de navegación y delegados de los gremios como Luis Gavilán.
Un accidente sin víctimas fatales y un reconocimiento de la desidia
El derrumbe de un silo en la Terminal Quequén fue calificado como de extrema gravedad, que por milagro se saldó sin víctimas fatales, aunque sí con daños materiales.
Según conocedores del movimiento en dicha terminal, el lugar se utiliza como entrada de camiones para descargar a las rejillas de los trenes, precisando que lo que cedió fue el armazón de hierro.
En tal sentido, causó preocupación el comunicado de la empresa, que reconoce la falta de mantenimiento y de inspecciones internas en los silos, que produce situaciones comprometedoras para la vida y los bienes.
En la nota, la empresa informó, además, que “adicionará a partir de ahora inspecciones internas”, dejando implícito que hasta el momento esos controles no se llevaban a cabo. Dicho reconocimiento implica, entre otras cosas, una admisión del no cumplimiento de sus obligaciones exclusivas como concesionaria de las instalaciones portuarias. La estructura que sufrió el incidente pertenece al antiguo complejo de la ex Junta Nacional de Granos, construido entre las décadas del 30 y del 40.
La falta de controles por parte de la empresa recibió cuestionamientos desde distintos sectores sociales y políticos, que incluyó pedidos de informes, como el que presentó el bloque de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante. Los libertarios, incluso, insinuaron su intención de pedir al gobierno de Javier Milei la intervención del puerto.
Una propuesta vecinal para la re nacionalización del puerto
Un grupo de ciudadanos constituyeron años atrás la Asamblea Popular por la Soberanía del Puerto de Quequén, con la propuesta de que, tras el vencimiento de la concesión de Terminal Quequén S.A., la Provincia retome el control de lo que es propiedad del Estado bonaerense. Su referente, Miguel Bayón, consideró que la idea se le planteó al propio gobernador Axel Kicillof, para que “no renueve la concesión y que la Provincia comience a retomar el ejercicio del comercio exterior”.
El activista explicó que “Argentina claudicó al haber perdido el derecho soberano de poder comercializar lo que se produce en su mismo suelo, una entrega de soberanía inadmisible”, y evaluó que si el Estado recupera el control pasaría a obtener unos 250 millones de dólares por año. Por eso cuando Kicillof estuvo acá (visitó Quequén días atrás) le pedimos que nos reciba para refrescar nuestra propuesta”.
Además, Bayón expresó que “nosotros consideramos que la provincia de Buenos Aires está corriendo un riesgo muy grande de que el gobierno nacional intervenga al puerto, porque tiene esa potestad y ya lo hizo con Ushuaia. Por eso planteamos que antes de que eso ocurra el Gobierno provincial debería ser quien lo intervenga. Y lo mismo debería ocurrir en Bahía Blanca, en San Pedro”.
En tal sentido, explicó que “así, Argentina podía tener cuatro o cinco exportadoras que, sin haber desplazado del todo a las exportadoras multinacionales, evitarían la enorme evasión y la fuga de divisas que realizan las multinacionales”.
Nace un nuevo gigante del agro con impacto en tierra quequenense
En un movimiento que redefine el mapa del comercio exterior argentino, el gigante Bunge anunció la finalización del proceso de integración con Viterra, una de las mayores comercializadoras y procesadoras de productos agrícolas del mundo, con una fuerte presencia global en el manejo, almacenamiento y distribución de granos y oleaginosas.
La operación, valorada en US$ 18.000 millones, da origen a una compañía global con un valor de mercado aproximado de US$ 34.000 millones, posicionándola como el principal actor de la agroexportación en el país.
Tras la fusión Bunge–Viterra, Puerto Quequén aparece como uno de los nodos donde el grupo tiene presencia operativa a través de terminales concesionadas.
Se trata de un puerto con perfil agroexportador, vinculado al movimiento de trigo, maíz y cebada desde el sudeste de la provincia de Buenos Aires.
La operatoria en Quequén se integra al entramado portuario del grupo, canalizando embarques desde una región productiva relevante, en coordinación con otros nodos del sistema.
La culminación de este proceso llega tras dos años de gestiones ante organismos regulatorios internacionales, incluyendo la aprobación clave de China.
Con esta unión, la nueva estructura de Bunge supera el volumen de exportación de sus competidores directos, consolidándose en el despacho de granos y subproductos.
