La Justicia contencioso administrativa de Necochea frenó a último momento la subasta del Complejo Casino al dictar una medida cautelar que suspende la ordenanza que habilitaba el remate previsto para el 11 de febrero. El fallo ordena paralizar el proceso hasta que se resuelva el fondo del expediente y expone, de entrada, un punto incómodo: la legalidad y la transparencia del procedimiento impulsado por el municipio quedaron bajo sospecha.

El magistrado consideró que no se cumplieron pasos clave antes de avanzar con la venta del predio, entre ellos la intervención de la Comisión de Preservación y la realización de una evaluación de impacto ambiental por tratarse de un inmueble dentro del Parque Miguel Lillo. La decisión judicial pone en cuestión la premura con la que se intentó concretar la operación y abre interrogantes sobre la solidez técnica del expediente.

Desde el municipio rechazaron de plano el criterio del juez y anunciaron que apelarán la medida. Argumentan que la normativa vigente establece que la autoridad de aplicación en este tipo de procesos es el propio Departamento Ejecutivo y no la comisión mencionada, por lo que, a su entender, no correspondía ningún dictamen adicional. También sostienen que la ordenanza solo habilita un cambio de titularidad del inmueble, sin obras ni modificaciones edilicias, y que por eso no era necesaria una evaluación ambiental previa.

Sin embargo, la cautelar dejó al descubierto un proceso que ya venía cuestionado por vecinos y especialistas, que habían pedido acceso a estudios, tasaciones y definiciones urbanísticas sin obtener respuestas claras. La falta de información pública, sumada a observaciones técnicas no resueltas, terminó empujando el conflicto a la Justicia y debilitó la narrativa oficial sobre la urgencia de vender el predio.

El freno judicial también golpea el argumento central del Ejecutivo local, que defendía la subasta como una vía para recuperar un edificio abandonado y generar inversión. A horas del cierre de inscripción para el remate, además, no se habían registrado oferentes, un dato que alimenta dudas sobre la viabilidad real de la operación y sobre el valor fijado para el complejo.

Mientras el intendente Arturo Rojas afirma que acatará la decisión pero la apelará con “solidez técnica”, el expediente seguirá su curso y el futuro del Casino permanece en suspenso. Lo que queda expuesto es un problema más profundo: un proceso acelerado, con vacíos administrativos y falta de consenso, que terminó judicializado antes de concretarse y que ahora obliga a revisar de fondo cómo y bajo qué condiciones se pretende desprender un patrimonio emblemático de la ciudad.