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Fentanilo contaminado: confirman 111 muertes y el juez ordenará agravamiento de penas para los 14 imputados
La Justicia avanza en la causa que dejó fallecidos y 48 sobrevivientes con posibles secuelas graves
El Juzgado Federal N° 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, dio un paso clave en la investigación por el fentanilo contaminado que provocó una crisis sanitaria sin precedentes en el país.
El magistrado ordenó nuevas pericias exhaustivas al Cuerpo Médico Forense para evaluar las secuelas físicas y mentales en los 48 pacientes que sobrevivieron a la administración del opioide adulterado, así como para precisar el incremento del riesgo de muerte en los 111 fallecidos ya acreditados por el juzgado.
Según la resolución judicial, los informes periciales serán determinantes para definir la cantidad exacta de delitos imputables a los 14 procesados, entre ellos, directivos, técnicos y responsables de las empresas HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo SA, lo que implica un agravamiento significativo de las penas. Actualmente enfrentan cargos por adulteración de sustancias medicinales en concurso real con peligro para la salud pública, con una expectativa de entre 10 y 25 años de prisión.
Hasta ahora, los procesamientos se basaban en alrededor de 20 muertes concretas, pero la depuración de casos elevó drásticamente la cifra a 111 fallecidos confirmados (tras descartar algunos de los 124 inicialmente estimados en septiembre de 2025), más 48 sobrevivientes con infecciones graves, totalizando 159 casos vinculados al brote.
El caso se originó en mayo de 2025, cuando la ANMAT alertó sobre lotes contaminados de fentanilo (especialmente los 31202 y 31244) producidos por Laboratorios Ramallo SA, propiedad del grupo HLB Pharma. Las pericias detectaron la presencia de bacterias peligrosas como Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola, Ralstonia pickettii y Ralstonia mannitolilytica, que provocaron bacteriemias graves, fallas multiorgánicas y muertes en pacientes internados en hospitales y clínicas de todo el país.
Tras un exhaustivo análisis de historias clínicas y estudios bacteriológicos, el juzgado depuró los casos y confirmó 159 vinculados al brote (111 fallecidos y 48 sobrevivientes). Los peritos ya habían establecido que las bacterias multirresistentes incrementaron drásticamente el riesgo letal, y ahora se busca determinar daños irreversibles en los sobrevivientes: desde incapacidades laborales permanentes, enfermedades crónicas, deformidades, pérdida de funciones vitales hasta secuelas psicológicas graves.
Los 14 imputados, incluyendo a Ariel García Furfaro (propietario principal, con prisión preventiva), su hermano Diego García Furfaro (también detenido), Javier Martín Tchukrán (director de Manufactura), José Antonio Maiorano (director técnico), Nilda Furfaro (madre, con prisión domiciliaria) y otros ocho procesados sin detención, volverán a ser indagados una vez que los nuevos informes periciales estén disponibles. Tres de ellos permanecen detenidos, mientras que las defensas apelaron los procesamientos ante la Cámara Federal de La Plata.
Los familiares de las víctimas han calificado lo ocurrido como “una masacre” y no un simple error industrial, destacando fallas graves en los controles de calidad, procesos de fabricación inconsistentes y deficiencias en la supervisión estatal.
La causa, considerada la mayor tragedia sanitaria de la historia argentina, podría elevarse a juicio oral a mediados de 2026.
El magistrado ordenó nuevas pericias exhaustivas al Cuerpo Médico Forense para evaluar las secuelas físicas y mentales en los 48 pacientes que sobrevivieron a la administración del opioide adulterado, así como para precisar el incremento del riesgo de muerte en los 111 fallecidos ya acreditados por el juzgado.
Según la resolución judicial, los informes periciales serán determinantes para definir la cantidad exacta de delitos imputables a los 14 procesados, entre ellos, directivos, técnicos y responsables de las empresas HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo SA, lo que implica un agravamiento significativo de las penas. Actualmente enfrentan cargos por adulteración de sustancias medicinales en concurso real con peligro para la salud pública, con una expectativa de entre 10 y 25 años de prisión.
Hasta ahora, los procesamientos se basaban en alrededor de 20 muertes concretas, pero la depuración de casos elevó drásticamente la cifra a 111 fallecidos confirmados (tras descartar algunos de los 124 inicialmente estimados en septiembre de 2025), más 48 sobrevivientes con infecciones graves, totalizando 159 casos vinculados al brote.
El caso se originó en mayo de 2025, cuando la ANMAT alertó sobre lotes contaminados de fentanilo (especialmente los 31202 y 31244) producidos por Laboratorios Ramallo SA, propiedad del grupo HLB Pharma. Las pericias detectaron la presencia de bacterias peligrosas como Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola, Ralstonia pickettii y Ralstonia mannitolilytica, que provocaron bacteriemias graves, fallas multiorgánicas y muertes en pacientes internados en hospitales y clínicas de todo el país.
Tras un exhaustivo análisis de historias clínicas y estudios bacteriológicos, el juzgado depuró los casos y confirmó 159 vinculados al brote (111 fallecidos y 48 sobrevivientes). Los peritos ya habían establecido que las bacterias multirresistentes incrementaron drásticamente el riesgo letal, y ahora se busca determinar daños irreversibles en los sobrevivientes: desde incapacidades laborales permanentes, enfermedades crónicas, deformidades, pérdida de funciones vitales hasta secuelas psicológicas graves.
Los 14 imputados, incluyendo a Ariel García Furfaro (propietario principal, con prisión preventiva), su hermano Diego García Furfaro (también detenido), Javier Martín Tchukrán (director de Manufactura), José Antonio Maiorano (director técnico), Nilda Furfaro (madre, con prisión domiciliaria) y otros ocho procesados sin detención, volverán a ser indagados una vez que los nuevos informes periciales estén disponibles. Tres de ellos permanecen detenidos, mientras que las defensas apelaron los procesamientos ante la Cámara Federal de La Plata.
Los familiares de las víctimas han calificado lo ocurrido como “una masacre” y no un simple error industrial, destacando fallas graves en los controles de calidad, procesos de fabricación inconsistentes y deficiencias en la supervisión estatal.
La causa, considerada la mayor tragedia sanitaria de la historia argentina, podría elevarse a juicio oral a mediados de 2026.