22 de enero de 2026
DUALIDAD
Kicillof en modo campaña: actos presidenciales mientras Buenos Aires se ahoga en deudas
El gobernador bonaerense impulsa su lanzamiento nacional a través del Movimiento Derecho al Futuro, pero la provincia acumula déficits millonarios, pagos atrasados a proveedores y compras cuestionables, en un contexto de recortes nacionales y mala administración local.
En un momento en que la provincia de Buenos Aires enfrenta una crisis financiera aguda, con déficits acumulados y reclamos constantes por fondos retenidos por el gobierno nacional de Javier Milei, Axel Kicillof parece priorizar su ambición presidencial por sobre la estabilidad económica local. A través del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), lanzado a nivel nacional en diciembre de 2025 y con actos clave en enero de 2026, el gobernador busca posicionarse como alternativa para 2027. Sin embargo, esta estrategia revela una profunda incoherencia: mientras organiza encuentros políticos en Villa Gesell y Ensenada para expandir su armado federal, la provincia arrastra un tendal de deudas con proveedores, cheques rechazados y gastos superfluos que agravan la situación.
La realidad económica bonaerense es alarmante. En el tercer trimestre de 2025, la provincia cerró con un déficit financiero de $1,4 billones, equivalente al 5,7% de los ingresos totales, pese a los esfuerzos por sostener el gasto en medio del ajuste nacional. Kicillof ha acusado repetidamente a Milei de “robar” recursos, exigiendo la transferencia de $15 billones adeudados por partidas interrumpidas, como fondos para educación, salud y obra pública. Esta deuda nacional, que asciende a $12,9 billones según cifras oficiales de fines de 2025, explica parte del ahogo financiero. Pero no todo: la gestión provincial ha contribuido con un mal manejo que incluye la incorporación continua de empleados estatales –a pesar de paritarias tensas y una oferta salarial inicial de solo 1,5% para enero de 2026– y erogaciones innecesarias que contrastan con la austeridad reclamada.
Ejemplos de estos compra de flotas de autos de alta gama para funcionarios. La creación de nuevas áreas y oficinas “top” también ha sido criticado. Todo esto, mientras se acumulan retrasos en pagos a proveedores en sectores sensibles como alimentos, salud e infraestructura, dejando a la provincia “fundida” y con un panorama tenso para este 2026.
Los proveedores del estado provincial han financiado al gobierno hasta ahora, pero el hilo es corto y ya no pueden sostener los atrasos que va más allá de los 120 días y empiezan a tener cheques rechazados.
Esta dualidad –campaña nacional versus caos local– pone en evidencia una gestión que, si bien resiste el ajuste de Milei, no logra optimizar recursos internos. Kicillof llama a una “construcción amplia y federal” sin sectarismos, pero deja a los bonaerenses pagando el costo de una provincia quebrada por factores externos e internos. Si aspira a la Presidencia, debería primero resolver el “tendal” en su propio territorio.
El fin del PROFIDE y un tendal de cheques rebotados
La disolución del Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura Provincial (PROFIDE), dispuesta por la Ley 15.557, abrió un escenario de fuerte incertidumbre por la falta de pago de deudas con empresas contratistas. El fideicomiso fue liquidado con compromisos pendientes, una situación jurídicamente irregular, ya que debió cerrarse sin obligaciones. Hasta el momento no hay fechas confirmadas de pago y crece el riesgo de acciones legales contra la Provincia.
Antes de la disolución formal, el Ministerio de Hábitat había emitido órdenes de pago de certificados de obra con fecha 11 de diciembre y comunicó a las empresas que cobrarían ese día. Sin embargo, los pagos no se realizaron y muchas firmas emitieron cheques que luego fueron rechazados por falta de fondos. El traspaso de responsabilidades al Estado provincial se concretó sin un cronograma claro para cancelar los certificados atrasados, lo que agravó el conflicto con los acreedores.
Según estimaciones del sector, el PROFIDE mantiene una deuda cercana a los 19 mil millones de pesos, pese a contar con superávit. El atraso en los pagos genera un incremento automático de los montos adeudados, ya que los certificados de obra se actualizan mediante la Unidad de Vivienda (UVI), cuyo valor pasó de 1.176 pesos en noviembre a 1.272 pesos a mediados de enero. Desde las empresas advierten que, en un contexto económico volátil, estas demoras profundizan el impacto financiero.
En paralelo, el senador bonaerense de La Libertad Avanza, Matías de Urraza, presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo detalle la situación administrativa, económica y legal del proceso de liquidación del Fondo. El legislador solicitó precisiones sobre obras en ejecución, patrimonio, instrumentos financieros vigentes y responsabilidades de los funcionarios intervinientes, y advirtió que las falencias en la disolución podrían derivar en juicios contra la Provincia, con impacto directo sobre los recursos públicos.
IOMA, al borde del colapso
La crisis del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) volvió a quedar expuesta en el interior bonaerense, con reclamos formales por deudas acumuladas, aranceles desactualizados y demoras que ponen en riesgo prestaciones esenciales. En Saladillo, el bloque de la Unión Cívica Radical del Concejo Deliberante presentó un proyecto de resolución para exigir una respuesta urgente del organismo y del Ministerio de Salud provincial.
La iniciativa advierte que los valores de las prestaciones de diálisis llevan 18 meses sin actualización, mientras que el Ministerio de Salud mantiene una deuda cercana a seis meses con el centro de diálisis local por pacientes de programas sociales. Además, los aranceles que paga IOMA quedaron entre un 56% y un 60% por debajo de la inflación, una brecha que compromete la sustentabilidad del servicio.
Según el proyecto, la situación pone en serio riesgo la continuidad de la atención para unos 30 pacientes mensuales de IOMA y 6 de Incluir Salud, provenientes de Saladillo, 25 de Mayo y Bragado, y amenaza la fuente laboral de 22 trabajadores y 6 médicos. A nivel regional, los centros involucrados atienden aproximadamente 80 pacientes, muchos de ellos con tratamientos vitales que no admiten interrupciones.
El reclamo también apunta a los plazos administrativos: hoy la autorización para nuevos pacientes puede demorar hasta tres meses, sin reconocimiento retroactivo de las prestaciones. Como referencia mínima, el proyecto propone equiparar los módulos de diálisis a los valores que abona el PAMI y convoca a otros Concejos Deliberantes y a la Cámara de Diputados bonaerense a respaldar el pedido para evitar el colapso del sistema.
Las críticas al funcionamiento del IOMA también se replican desde el sector educativo. La secretaria del Círculo de Educadores de Balcarce, María de los Ángeles Rodríguez, calificó la situación sanitaria como crítica y denunció fallas generalizadas en la cobertura. “El IOMA no funciona en ningún lado, salvo en La Plata. Por la falta de respuesta de IOMA la gente se está muriendo”, afirmó en declaraciones radiales, al tiempo que señaló que muchos afiliados no acceden a tratamientos por los costos que deben afrontar de manera particular.
Rodríguez sostuvo que los docentes se ven obligados a viajar a La Plata para atenderse o a endeudarse para pagar consultas, estudios u operaciones. “No van al médico porque tienen que pagar mínimo 35 mil pesos la consulta”, señaló, y describió el escenario como “un drama” que se agrava mes a mes en el interior provincial.
En ese contexto, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) fue el único gremio que rechazó la última propuesta salarial del gobierno bonaerense por considerarla “totalmente insuficiente” y por no contemplar, según indicaron, la pérdida del poder adquisitivo ni el deterioro en el acceso efectivo a la salud. La crisis de IOMA, lejos de ser un episodio aislado, se consolida así como uno de los principales focos de tensión política y social en la provincia.
Alarma en las cuentas bonaerenses
La situacion fiscal PBA registró en el tercer trimestre de 2025 un resultado primario negativo, en un contexto de desaceleración del crecimiento real de los ingresos y una expansión mayor del gasto. Según datos oficiales procesados por Politikon, la provincia finalizó el período con un desequilibrio que impactó directamente en su resultado financiero.
Durante el período analizado, los ingresos totales de la provincia de Buenos Aires alcanzaron los $24,8 billones, mientras que el gasto primario ascendió a $25,3 billones. Esa dinámica derivó en un déficit primario de $520.374 millones, reflejando tensiones persistentes en la situacion fiscal PBA frente al resto de las jurisdicciones.
Al incorporar el pago de intereses de deuda, que totalizó $881.523 millones, el resultado financiero bonaerense profundizó el rojo. El gasto total trepó a $26,2 billones y el déficit financiero se ubicó en $1,4 billones, consolidando uno de los desequilibrios más elevados del conjunto provincial relevado.