La concejal de La Libertad Avanza en Quilmes, Estefanía Albasetti, cuestionó con dureza la implementación del sistema de estacionamiento medido impulsado por el Municipio y advirtió que la medida no resuelve el problema de los denominados “trapitos”, sino que lo profundiza. Según afirmó, el esquema se avanzó sin planificación, sin un operativo específico y sin un proyecto formal que permitiera evaluar su impacto real en la seguridad y el uso del espacio público.
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La Tecla
Redacción
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Un conflicto con los trapitos al sol
El intento de ordenar el estacionamiento en Quilmes reabrió un conflicto de fondo: trapitos, informalidad y poder político. La ordenanza municipal desató una fuerte disputa entre el Ejecutivo local y el MTE de Juan Grabois, con protestas, represión y acusaciones cruzadas, mientras el municipio defiende la regulación del espacio público y los movimientos sociales denuncian pérdida de ingresos y negocios encubiertos
El debate por la implementación del estacionamiento medido en Quilmes volvió a poner en primer plano una problemática estructural que el distrito arrastra desde hace más de dos décadas: el desorden del tránsito, la ocupación informal del espacio público y la ausencia de un sistema sostenido de control. La discusión se reactivó en la previa de Navidad, cuando el Concejo Deliberante avanzó con una ordenanza que habilita la regulación del sistema y un futuro llamado a licitación, pero rápidamente quedó atravesada por un conflicto político y social de mayor profundidad.
El eje del enfrentamiento no estuvo tanto en los aspectos técnicos del estacionamiento medido, sino en el impacto directo sobre los cuidacoches que operan en el centro de Quilmes y en Bernal. Agrupados en el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), referenciado en Juan Grabois, denunciaron que la medida implica una privatización del espacio público y una amenaza a su principal fuente de ingresos. Desde el Ejecutivo municipal, en cambio, sostienen que la falta de regulación consolidó un esquema informal sin controles, que derivó en abusos, conflictos recurrentes con vecinos y un uso discrecional de la vía pública.
La tensión escaló cuando el MTE se movilizó frente al Concejo Deliberante para rechazar la ordenanza. La protesta derivó en incidentes, con presencia de efectivos bonaerenses dentro y fuera del recinto. El episodio dejó al descubierto la magnitud del conflicto y expuso una grieta dentro del propio oficialismo, mientras el gobernador Axel Kicillof optó por el silencio público frente a la crisis.
El enfrentamiento político se profundizó con el cruce directo entre Juan Grabois y la intendenta licenciada Mayra Mendoza. La filtración de un audio privado, en el que Mendoza increpa al dirigente social y lo acusa de intentar presionar al municipio, terminó de correr el debate del plano urbano al de la disputa interna. Según versiones del propio Ejecutivo local, el conflicto se desató luego de que el MTE reclamara que el sistema de estacionamiento medido fuera adjudicado de manera directa a una cooperativa del movimiento, sin licitación, alternativa que fue descartada por el gobierno municipal.
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Desde el MTE sostienen que la ordenanza pone en riesgo más de 110 ingresos familiares y cuestionan la idea de “formalización” que plantea el municipio. La gestión local subraya que el objetivo es reemplazar una práctica precaria por un esquema regulado, con trabajadores registrados por la empresa o entidad que eventualmente resulte adjudicataria del servicio, bajo un marco legal y con derechos laborales.
En paralelo, comenzaron a circular cuestionamientos sobre el trasfondo económico del sistema. Sectores opositores y referentes sociales sugirieron que la futura licitación podría beneficiar a empresas vinculadas al negocio de las fotomultas, entre ellas Secutrans, firma propiedad del empresario Leandro Camani, con fuerte presencia en municipios bonaerenses. Esa mención sumó un componente sensible a la discusión, al vincular el ordenamiento del estacionamiento con un circuito de negocios ya cuestionado por su rentabilidad y opacidad.
Desde el Municipio de Quilmes rechazaron en diálogo con La Tecla de manera tajante esas acusaciones. Aseguraron que no existe ningún favoritismo hacia empresarios vinculados a la exintendenta Mayra Mendoza y remarcaron que el proceso de licitación aún no fue puesto en marcha. Señalaron, además, que no hay pliegos aprobados ni adjudicatarios definidos y que, llegado el momento, la convocatoria será pública y abierta, con reglas claras y bajo control institucional.
Más allá de la disputa política, el trasfondo del conflicto remite a un problema concreto y persistente. Quilmes no cuenta con estacionamiento medido desde 2004 y, desde entonces, el crecimiento poblacional y del parque automotor profundizó el colapso en las zonas céntricas. La falta de fiscalización estatal favoreció la expansión de cuidacoches informales, en un contexto donde conviven situaciones de subsistencia con prácticas abusivas, amenazas y hechos de violencia.
El estacionamiento medido aparece así como una herramienta parcial frente a un problema complejo, donde las diferencias políticas quedaron expuestas con acusaciones cruzadas entre referentes de peso dentro de un mismo espacio.
Ignacio Chiodo - Defensor del Pueblo
"Estaba descontrolado el tema del tránsito en Quilmes"
El defensor del Pueblo de Quilmes, Ignacio Chiodo, consideró que la implementación del estacionamiento medido responde a una deuda histórica del Municipio en materia de ordenamiento del tránsito, aunque advirtió que la medida por sí sola no resolverá el problema de fondo vinculado a los denominados “trapitos”. Recordó que el último sistema similar funcionó hasta 2004 y que, desde entonces, el crecimiento poblacional y del parque automotor profundizó un escenario de descontrol en las zonas céntricas.
Chiodo señaló que, durante años, Quilmes careció de capacidad real de fiscalización, tanto para regular el estacionamiento como para aplicar sanciones de tránsito. En ese sentido, afirmó que el Municipio no cuenta con los recursos suficientes —grúas, vehículos y playones— para controlar eficazmente las infracciones, lo que derivó en una ocupación desordenada del espacio público y en conflictos recurrentes, especialmente en el centro de Quilmes y Bernal.
Sobre la figura del trapito, el defensor del Pueblo sostuvo que no se trata de un trabajo formal sino de una “changa” vinculada al deterioro social y económico de los últimos años. Reconoció que en algunos casos se trata de personas que actúan de manera respetuosa, pero remarcó que también hubo situaciones de violencia, amenazas y hechos delictivos, incluso con antecedentes judiciales graves que expusieron la falta de intervención estatal frente a esas prácticas.
Por último, Chiodo descartó que la nueva normativa responda exclusivamente a una disputa política interna y afirmó que el ordenamiento del tránsito era una demanda sostenida de los vecinos. Si bien admitió que pagar por estacionar genera malestar, subrayó que la situación previa era insostenible y que la medida apunta al bien común. No obstante, advirtió que el impacto real sobre la presencia de trapitos dependerá de la capacidad del Estado para controlar y sostener la política en el tiempo.
Estefanía Albasetti - concejal LLA
"Nunca hubo una pelea entre trapitos y el municipio, no es real eso"
La concejal de La Libertad Avanza en Quilmes, Estefanía Albasetti, cuestionó con dureza la implementación del sistema de estacionamiento medido impulsado por el Municipio y advirtió que la medida no resuelve el problema de los denominados “trapitos”, sino que lo profundiza. Según afirmó, el esquema se avanzó sin planificación, sin un operativo específico y sin un proyecto formal que permitiera evaluar su impacto real en la seguridad y el uso del espacio público.
Albasetti sostuvo que en Quilmes existe desde hace años una situación de violencia e intimidación por parte de quienes exigen dinero para “cuidar” autos, una problemática que —remarcó— debería ser abordada por la Secretaría de Seguridad, ya que se trata de una cuestión vinculada al tránsito y al orden en la vía pública. En ese marco, señaló que los vecinos ya pagan tasas elevadas para utilizar el espacio público y que el nuevo sistema implicará, en los hechos, pagar dos veces: al trapito y al estacionamiento medido, bajo la amenaza de multas o el acarreo del vehículo.
La concejal libertaria también denunció falta de transparencia en el tratamiento de la medida, al indicar que fue llevada al recinto sin información detallada y aprobada por una amplia mayoría, con el acompañamiento del PRO. Además, puso el foco en la empresa que se hará cargo del servicio, al afirmar que mantiene vínculos con el entorno familiar de la intendenta Mayra Mendoza, y sostuvo que la licitación ya fue realizada sin que el Concejo Deliberante pudiera acceder a los pormenores del proceso.
Por último, Albasetti planteó que la discusión de fondo no pasa por el estacionamiento medido, sino por la ausencia de una intervención estatal frente a prácticas que calificó como delictivas. “Si hay intimidación o agresión en la vía pública, corresponde la intervención policial”, afirmó, y rechazó cualquier intento de justificar o “suavizar” la actividad de los trapitos bajo argumentos de inclusión laboral. Para la edil, sin resolver ese problema estructural, cualquier otra medida termina agravando el conflicto para los vecinos.
El nombre que sobrevuela la licitación
Leandro Camani es un empresario vinculado al negocio de la seguridad vial y el control de tránsito, propietario de Secutrans S.A., firma dedicada a la instalación y operación de sistemas de fotomultas en la provincia de Buenos Aires. Antes de ese rubro, tuvo una trayectoria ligada al mundo del espectáculo, como dueño de la productora Red Cube, asociada a eventos de alto perfil.
Con Secutrans, Camani se consolidó como un actor central en más de una decena de municipios bonaerenses, donde opera alrededor de 1.500 cámaras. El sistema de fotomultas es altamente rentable: solo entre enero y septiembre de 2024 se recaudaron más de 67 mil millones de pesos en la provincia, con un esquema de reparto que beneficia tanto a municipios como a proveedores tecnológicos.
En Quilmes, su nombre quedó asociado a sospechas de favoritismo en la futura licitación del estacionamiento medido, lo que alimentó la polémica política, sin embargo desde el Municipio se destacó que aún no hay proceso de licitación.
A eso se suman sus denuncias públicas contra exfuncionarios provinciales por presuntas irregularidades en contratos de VTV y fotomultas, causas que derivaron en investigaciones judiciales y allanamientos, y que refuerzan el clima de desconfianza alrededor de un negocio tan sensible como lucrativo.
"Grabois":
Por su cruce con Mayra Mendoza https://t.co/Yn0zvCi2JG pic.twitter.com/Y2C9OHL7D3