12 de diciembre de 2025
CLIMA CALIENTE
Crisis hídrica y rebelión rural: intendenta PRO enfrenta un duro conflicto por una tasa vial
En pleno “desastre agropecuario”, el municipio conducido por María José Gentile (PRO) impulsa un aumento del 50% en la tasa vial. Productores y oposición rechazan la medida y advierten nuevas protestas mientras los caminos siguen bajo el agua.
La tensión política y social escaló en el partido bonaerense de 9 de Julio, donde el municipio impulsa un aumento del 50% en la tasa vial en medio de una crisis hídrica que mantiene al distrito bajo la declaración de “desastre agropecuario”. El proyecto, incluido en el Presupuesto 2026, eleva el costo promedio por hectárea de $7100 a $10.662 y abrió un conflicto abierto con el sector productivo y la oposición.
Los productores sostienen que la iniciativa resulta “desproporcionada” frente al estado actual de los caminos rurales, de los cuales una gran parte continúa bajo el agua tras diez meses de inundaciones. Señalan que, considerando las 423.000 hectáreas del distrito, el incremento proyecta una recaudación adicional de $1506 millones, una cifra que —afirman— debería implicar “tener asfalto” en lugar de una red vial inutilizada.
El malestar rural resurgió con fuerza luego de que el proyecto ingresara al Concejo Deliberante el 27 de noviembre, al filo del plazo legal. La intendente del PRO, María José Gentile, quedó en el centro de las críticas no solo por el aumento sino también por la falta de un plan de trabajo para 2026. Tanto La Libertad Avanza como la UCR anticiparon que votarían en contra, lo que deja en duda la aprobación de la ordenanza.
El conflicto se profundiza por la situación económica del sector. Con campos anegados, rutas terciarias clausuradas y sin poder levantar la cosecha anterior ni sembrar la próxima, los productores aseguran que 2026 será otro año muy difícil. Frente a ese cuadro, la suba de la tasa vial es percibida como un golpe adicional. “El municipio está enfocado en recaudar, no en resolver la emergencia”, reprochan.
La tensión volvió a escalar esta semana, cuando la Comisión de Presupuesto recibió a referentes de la Sociedad Rural y de Federación Agraria Argentina (FAA). Esta última emitió un comunicado de rechazo en el que exigió transparencia, debate institucional y una postura pública de cada bloque político. También reclamó que se presente un Plan de Trabajo Anual con las obras previstas, su presupuesto y criterios de prioridad.
La FAA advirtió, además, que el antecedente de 2023 —cuando hubo tres aumentos fuera de lo aprobado en el presupuesto— abre la puerta a nuevos ajustes durante 2026. “Los productores necesitan saber quiénes acompañan este incremento y quiénes defienden la sostenibilidad del sector”, expresaron.
El clima está lejos de calmarse. Productores de la zona ya hablan de volver a las calles si la iniciativa no se modifica. “Se viene una segunda quema de gomas”, deslizó una productora local, recordando la protesta de septiembre que terminó con incidentes frente al Palacio Municipal. Los chacareros aseguran que, sin una respuesta concreta y sin mejoras visibles, volverán a movilizarse.
Mientras tanto, un dato alimenta la bronca: en junio, 150 productores presentaron un Pedido de Informe para saber qué se hizo con la tasa vial ya recaudada. El documento nunca fue respondido. Para los ruralistas, ese silencio y la falta de un plan explican por qué cualquier aumento resulta hoy inaceptable. En 9 de Julio, la discusión presupuestaria se transformó en un conflicto político mayor en un distrito que aún lucha por salir del agua.