El recorte de Nación a la Provincia también se hace sentir en los
distritos bonaerenses. Los intendentes reclaman y la administración Kicillof ajusta el cinturón mientras las deudas locales siguen creciendo
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En medio de los reclamos a la Casa Rosada y en una compleja negociación por el endeudamiento y presupuesto provincial, el Gobierno de Axel Kicillof acrecienta las deudas con los 135 municipios que superan los miles de millones de pesos, dejando a intendentes —incluso los afines— en la cuerda floja financiera. Cuáles son los conceptos que más preocupan a los alcaldes y cómo son los tironeos con la administración bonaerense.
Fuentes consultadas revelan un panorama desolador: los fondos del ATP llegan escasos y sesgados hacia distritos alineados con la gestión provincial, mientras el resto debe rascar la olla en presupuestos locales para tapar agujeros.
Por otra parte, el Banco Provincia, que ofició durante años como muleta financiera de distintas administraciones, ha impuesto límites draconianos a los adelantos por descubierto, cortando de raíz la capacidad de los municipios para solventar gastos extras como sueldos o aguinaldos, complicando aún más la situación frente a los compromisos que se vienen con la llegada del fin de año. Esta restricción no es un capricho técnico, sino un ajuste encubierto que obliga a los distritos a postergar inversiones esenciales, perpetuando un ciclo vicioso donde los intendentes terminan como prestamistas involuntarios de su propia administración local.
El colmo llega con el recorte y la transformación discrecional del Fondo Provincial Compensador, un salvavidas para los Consejos Escolares que ahora se ahoga en burocracia y en los últimos meses se redujo dos tercios, complicando más a los municipios grandes que cuentan con más establecimientos educativos que atender. Tal es así que consejeros de 50 distritos, desde Avellaneda hasta Tandil, denunciaron un "impacto negativo" que paraliza mantenimientos, insumos y hasta la alimentación escolar, forzando a municipios como Trenque Lauquén a desviar fondos educativos para no cerrar aulas. Kicillof justifica esto con la "caída de recaudación nacional", pero omite que su propio cambio de reglas —de un esquema objetivo a uno caprichoso manejado por ARBA— agrava la crisis, convirtiendo escuelas en rehenes de un ajuste que prioriza deudas externas sobre pizarrones y pupitres.
Asimismo, hay otros conceptos que también complican a las arcas de los municipios como los correspondientes a los Juegos Bonaerenses que cubren los intendentes en la medida que destacan que es una partida que no registra atrasos significativos.
A esto se suma el goteo errático de obras delegadas y anticipos financieros, como los 157 millones pendientes para el acceso urbano en Trenque Lauquén o los fondos para 70 viviendas en Madariaga, que los municipios inician con recursos propios ante promesas ministeriales que evaporan en La Plata. Intendentes opositores y oficialistas por igual ejecutan con fondos locales lo que la Provincia firma en convenios pomposos, revelando un patrón de incumplimientos que tensionan las relaciones entre administraciones locales y de la Provincia.
Mientras Kicillof negocia endeudamientos millonarios para condonar viejos compromisos, los distritos terminan financiando su propia infraestructura, perpetuando un federalismo de cartón donde la Provincia delega responsabilidades pero retiene la billetera.
Finalmente, la coparticipación y la deuda de IOMA pintan un cuadro de abandono sistemático: la primera cayó 1,5% real en el semestre, con la Provincia reteniendo más para sí mientras los distritos pierden terreno; la segunda, un monstruo de 321 millones en Trenque Lauquén —280 de este año solo— y 365 en Madariaga, equivalente a aguinaldos enteros, ahoga hospitales que cubren déficits de 2.100 millones con tasas locales.
Las deudas obligan a una peregrinación constante donde los intendentes ruegan en los despachos ministeriale por giros pendientes de viviendas o salud, pero reciben compromisos vacíos en medio de restricciones que Kicillof achaca a Nación. En este enredo de deudas cruzadas, los bonaerenses pagan el pato: un gobernador que pide endeudarse para condonar favores pasados, pero deja facturas impagas confirmando que, en la política provincial, la solidaridad es tan selectiva como los fondos que gotean.
Municipios en alerta por recortes y discrecionalidad en los fondos
Según datos oficiales, entre enero y agosto de 2025 la Provincia de Buenos Aires transfirió a los municipios $2,94 billones, de los cuales $2,27 billones correspondieron a coparticipación y el resto a distintos programas sociales, ambientales y educativos. Entre los fondos específicos, se destacan el Fondo de Financiamiento Educativo, con $292.747 millones, el Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales, con $128.214 millones, y el Fondo Municipal de Inclusión Social, que alcanzó $96.401 millones. Estas partidas representan la base del financiamiento local y son esenciales para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos.
Pese al volumen total de recursos transferidos, los intendentes advierten que varios programas sufrieron recortes y demoras, especialmente el Fondo Provincial Compensador, clave para el sostenimiento cotidiano de las escuelas. Desde julio, el Gobierno bonaerense modificó el sistema de distribución, que pasó de ser automático a un mecanismo discrecional, sin parámetros claros. El cambio provocó una reducción significativa de los montos enviados a los distritos, lo que complicó el mantenimiento edilicio, las reparaciones menores y la provisión de insumos básicos en los establecimientos educativos.
El reclamo se extiende a otros fondos que también registran atrasos, como los destinados a infraestructura escolar, programas de inclusión social y tratamientos ambientales, lo que genera presión sobre los presupuestos municipales. En varios distritos, los gobiernos locales debieron utilizar recursos propios para cubrir obras y servicios esenciales ante la falta de desembolsos provinciales. Aunque desde La Plata reconocen las demoras, las atribuyen a la caída de la recaudación y al contexto macroeconómico nacional, prometiendo regularizar los envíos en los próximos meses.
En el plano político, la tensión entre los municipios y la Provincia se profundiza en la misma proporción que crecen los reclamos tanto al gobernador Kicillof, como al área económica que comanda Pablo López.
"Hay buen diálogo con Provincia pero debe traducirse en soluciones"
El intendente de Balcarce, Esteban Reino, reconoció que el municipio enfrenta un panorama financiero complejo por la falta de actualización de la coparticipación provincial y las deudas de IOMA e IPS, que, según indicó, ya rondarían los 300 millones de pesos. “La comuna está recontra ajustada, muy ajustada. La coparticipación no despega y eso nos complica sobremanera”, sostuvo el jefe comunal, quien agregó que si los organismos provinciales estuvieran al día, “no tendríamos sobresaltos”.
Reino explicó que la principal dificultad se concentra en los atrasos de los aportes del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y del Instituto de Previsión Social (IPS), que impactan directamente en el flujo de caja del municipio y en el pago de prestaciones. “Más allá de la deuda, el valor de las prestaciones nos paga muchísimo menos de lo que cuesta”, advirtió.
Además, mencionó una caída del 25% al 30% en los fondos por descentralización tributaria, lo que agravó las tensiones financieras. “Eso lo destinamos al pago del aguinaldo, y este año nos complicó sobremanera”, señaló.
A pesar del contexto, el intendente destacó que las obras provinciales comprometidas se están cumpliendo, entre ellas la construcción de un nuevo centro de salud y una sala de atención primaria. “En ese aspecto no tenemos inconvenientes, han respondido”, aclaró. No obstante, remarcó que el desafío inmediato es mantener el equilibrio fiscal y garantizar el pago de sueldos municipales. “Estamos ajustadísimos, pero tratando de llegar en tiempo y forma. Tenemos buen diálogo con la Provincia, pero ese diálogo debe traducirse en soluciones concretas”, concluyó Reino.
El jefe comunal insistió en que los municipios necesitan mayor previsibilidad en el envío de fondos y una actualización de los coeficientes de coparticipación, que, según explicó, “quedaron rezagados frente a la inflación y al aumento de costos”. También, el jefe comunal advirtió que la falta de recursos afecta la planificación a mediano plazo: “Nos obliga a reprogramar obras y a priorizar el gasto corriente por encima de las inversiones”.
"Los pagos no llegan con la rapidez que uno aspira"
El Secretario de Hacienda de Trenque Lauquen, Alfredo Zambiasio, aseguró que el municipio mantiene sus cuentas ordenadas, aunque admitió que ese equilibrio se sostiene con esfuerzo local ante la falta de aportes externos. “Financieramente estamos ordenados, pero en estos dos años no hemos recibido absolutamente nada de Nación”, afirmó. El funcionario reconoció que el contexto económico limita la ejecución de proyectos: “El intendente ha tenido que postergar obras y hacer recortes presupuestarios, aunque sin afectar el pago de salarios ni el funcionamiento básico del municipio”.
Zambiasio explicó que varias obras provinciales se encuentran en marcha gracias al financiamiento municipal, ante la falta de desembolsos prometidos. “Provincia se comprometió a entregar el anticipo financiero del 30%, unos 157 millones de pesos, pero aún no llegó, la estamos empezando con fondos municipales”, detalló sobre la licitación para el acceso a la ciudad. A eso se suman atrasos en el programa Juegos Bonaerenses, por unos 125 millones de pesos, y en el plan de infraestructura escolar (PIE), donde “ya se están ejecutando obras con recursos locales porque el anticipo financiero todavía no apareció”.
El área de salud es la que más preocupa al municipio. La deuda de IOMA asciende a 321 millones de pesos, de los cuales 280 millones corresponden a 2024, según datos al 30 de septiembre. “Es una preocupación no solo por el monto, sino porque la cápita no cubre los costos reales de las prestaciones”, sostuvo el funcionario. El déficit del sistema sanitario local se proyecta en 2.700 millones de pesos para fin de año, cubierto íntegramente con recursos municipales. “Los pagos no llegan con la rapidez que uno aspira, pero lo soportamos con fondos propios”, reconoció Zambiasio.
El secretario también advirtió que el panorama para 2025 será “muy complejo”, condicionado por la inflación y la incertidumbre en los presupuestos nacional y provincial. “Estamos a la expectativa de cuánto recibiremos de coparticipación y de los nuevos lineamientos presupuestarios”, señaló.
