El presidente, Javier Milei, presentó el Presupuesto 2026 y contempla una medida que miran con atención los gobernadores. En medio de reclamos por falta de pago, ahora Nación estipula enviar fondos a las cajas previsiones provinciales que no fueron transferidas. El Gobernador, Axel Kicillof, concurrió a la Corte para que paguen lo adeudado.
Según lo establece el artículo 60, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) contará con $122.762 millones para cubrir gastos corrientes del programa de transferencias a cajas jubilatorias provinciales. Los recursos se girarán en forma mensual y en calidad de adelanto, calculado como una doceava parte del último déficit reconocido en cada jurisdicción.
Asimismo, indican que podrán acceder a estos anticipos únicamente aquellas provincias que tengan acuerdos firmados con la ANSES, con resultados provisorios o definitivos desde 2021 en adelante. El organismo previsional será el encargado de fijar las normas complementarias para determinar los montos a transferir.
En paralelo, el artículo 61 introduce una excepción a la Ley de Convertibilidad (23.928) y sus modificaciones, al permitir que provincias y la Ciudad de Buenos Aires emitan deuda en moneda nacional o tomen préstamos para financiar obras de infraestructura o reestructurar pasivos. Esta posibilidad estará sujeta a la autorización prevista en la Ley de Responsabilidad Fiscal (25.917).
Lo proyectado en el Presupuesto Nacional se da en el marco de una deuda de Nación con la provincia de Buenos Aires asciende a más de 12 billones de pesos. Son varios los ítems que componen la abultada suma, pero el 5 de agosto el Gobierno bonaerense pidió a Milei que reintegre fondos previsionales de la ANSES, destinados a compensar el déficit del régimen jubilatorio bonaerense. La misma se convirtió en la séptima presentación judicial que hace el gobierno bonaerense contra la administración de Javier Milei.
En el escrito que presentaron Axel Kicillof junto a Hernán Gómez, fiscal de Estado de la provincia de buenos Aires, basaron su pedido “en atención al tiempo transcurrido desde el inicio de la acción (26/4/2024)”. En esa línea, pidieron que el máximo tribunal nacional “tenga a bien expedirse sobre su competencia” y que “se fije una audiencia de citación de las partes a los fines de procurar una salida conciliatoria, en función de la apremiante situación económica oportunamente descripta en la demanda, y a los intereses públicos comprometidos de índole previsional en juego”.
También plantearon como antecedentes las situaciones de las causas por recursos nacionales iniciadas por las provincias de Córdoba y Santa Fe, con Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro a la cabeza. En la presentación bonaerense detallaron que “respecto a la fijación de audiencia, solicitamos el mismo tratamiento que se ha otorgado a otras provincias en procesos similares”.
El gobierno de Kicillof ya solicitó que el tribunal declarara inconstitucional el artículo 18 del decreto 280 del año 2024 y que “restablezca las transferencias de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en concepto de compensación por el déficit del régimen jubilatorio de la Provincia de Buenos Aires no transferido al Estado Nacional”.
La deuda de Nación con la Provincia de Buenos Aires asciende a 12.1 billones de pesos y, además de los fondos por transferencias de la Anses, los montos más altos que son los de 180 obras públicas ($4.018.602 millones); los del Plan Procrear ($1.254.900 millones), y los del Fondo de Fortalecimiento Fiscal (Fofofi), que suman $1.251.271 millones.