15 de agosto de 2025
ESCENARIO PROVINCIAL
Inteligencia artificial: los riesgos de la campaña sucia en los comicios bonaerenses
El gobernador bonaerense y la vicegobernadora Verónica Magario cuestionaron la circulación de videos y noticias falsas. El abogado constitucionalista Diego Armesto, entrevistado por Desconfiados, destacó la necesidad de controles judiciales y regulaciones frente a estas prácticas.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof y la vicegobernadora Verónica Magario salieron al cruce de lo que calificaron como una “campaña sucia” impulsada por Javier Milei y su espacio, en el marco de las elecciones legislativas del 7 de septiembre. La controversia se originó a partir de la difusión de un video editado que tergiversaba declaraciones del mandatario, seguido por otra noticia falsa que aseguraba un supuesto cambio del 80% de los lugares de votación en la provincia. “Dijimos que esta iba a ser una campaña roñosa; no nos equivocamos. Milei y sus empleados quieren ganar mintiendo y haciendo trampa”, advirtió Kicillof.
Este tipo de estrategias de desinformación no es nuevo en la provincia. Elecciones recientes, como las legislativas de la Ciudad de Buenos Aires en mayo pasado, también registraron circulación de contenidos manipulados que buscaban influir en la percepción del electorado.
Consultado por Desconfiados de Cadena Río, el abogado constitucionalista Diego Armesto explicó que “la justicia con competencia electoral es la que debería poner un freno a este tipo de acciones que se llevan adelante por distintos actores de la política provincial y nacional, y que deberían buscar mecanismos para limitar estas prácticas”.
Armesto recordó antecedentes recientes, como un planteo realizado ante la Cámara Electoral por el doctor Gil Domínguez y casos de deepfakes difundidos en campañas de figuras como Mauricio Macri, Lospenatto y Mario Negri. “Hay que poner los puntos claros y avanzar en un control más exhaustivo sobre estas formas de hacer campaña, porque terminan acrecentando el riesgo de fraude electoral al inducir al votante a error”, sostuvo.
El especialista también mencionó un proyecto presentado por senadores del radicalismo, liderado por Maximiliano Abad junto a legisladores mendocinos, que busca regular estas cuestiones en el ámbito federal. Armesto concluyó que “lo máximo que podemos hacer es exigir al Poder Ejecutivo Nacional o al Congreso que establezcan políticas públicas que regulen estas prácticas, para proteger a los ciudadanos frente a campañas engañosas que distorsionan la información electoral”.