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Domingo, 2 noviembre 2025
Argentina
2 de noviembre de 2025
ENCRUCIJADA
Por Sebastián Lalaurette

Empujando en la crisis: cómo se sostiene la economía social en la provincia

Medio millón de bonaerenses trabajan en cooperativas, quintas agrícolas, fábricas recuperadas y otros emprendimientos que buscan sobrevivir en medio de la penuria económica. Cómo se financia un sector que tiene cada vez más peso en la provincia.

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En medio de la crisis que afecta al país, y en particular a la provincia de Buenos Aires, ese sector de la economía que aparece como marginal, pero que cada vez representa una porción mayor de lo que se produce y comercializa, puja por subsistir. Se trata de la llamada “economía social”, que comprende a una multitud variopinta de emprendimientos, generalmente pequeños, dedicados a cultivar alimentos, construir viviendas, brindar servicios domiciliarios, mantener las calles y toda una serie de otras actividades que, en conjunto, representan casi el 12% del producto bruto interno (PBI) nacional.

“En la provincia de Buenos Aires hay casi 7000 cooperativas. Es casi un tercio del total del país”, apunta Gildo Onorato, de larga trayectoria en el sector (fue secretario gremial de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, UTEP) y actual presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC).

La importancia de este sector no es para subestimar. Medio millón de personas trabajan en cooperativas en la provincia de Buenos Aires, ya sea en fábricas recuperadas, pequeños emprendimientos agrícolas (como las quintas de la periferia platense), prestadoras de servicios eléctricos, de agua y gas e incluso de otros servicios urbanos como la limpieza y recolección de residuos en distintos municipios. Es decir que una de cada 14 personas de la población económicamente activa (PEA) bonaerense se ubica en este sector.

Empujando en la crisis: cómo se sostiene la economía social en la provincia

En la provincia hay unas 160 fábricas recuperadas (el IPAC está haciendo en estos momentos un censo para actualizar los datos). Son emprendimientos que nacieron en diversas situaciones de crisis, muchas veces de conflicto, y que hoy empujan para sostenerse en la crisis general de la economía argentina.

En este contexto, la intervención del Estado funciona como una rueda de auxilio, a través de dos formas de financiamiento: créditos y subsidios. Los créditos vehiculizados a través del Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO) ofrecen a los emprendimientos condiciones más accesibles que las que se pueden encontrar en el mercado privado, y los aportes no reembolsables ayudan a poner en marcha las operaciones con la compra de insumos o herramientas.

Existe, por ejemplo, el fideicomiso Fuerza Solidaria, creado en 2006, que en los últimos tres años aprobó más de 200 préstamos, por más de 1.800 millones de pesos. El tope máximo para estos créditos es de $ 150 millones, y están orientados a los rubros de producción, comercialización, acceso a servicios, construcción y refacción de viviendas, cultura y salud; también a sociedades de fomento y clubes sociales y deportivos.

“Las cooperativas, clubes, sociedades de fomento y otras entidades asociativas funcionan en muchos casos como el motor de las comunidades. Son las propias vecinas y vecinos quienes las gestionan, quienes sostienen los servicios y los procesos productivos. Por eso su impacto es tan profundo y genuino: porque surge desde el territorio y con un fuerte sentido de pertenencia”, dijo Juan Cáccamo, presidente de Fuerza Solidaria.

“Hoy tenemos más de 200 créditos aprobados en toda la provincia, y lo más importante es que ninguna cooperativa registra mora. Todas cumplen, todas honran su palabra, incluso en este contexto económico tan complejo”, destacó.

Empujando en la crisis: cómo se sostiene la economía social en la provincia

El mes pasado, el presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO), Juan Cuattromo, y el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, firmaron un convenio para financiar proyectos sociales en nueve municipios, a través de ese fideicomiso. Los municipios involucrados son Alberti, Ezeiza, San Martín, Ituzaingó, Mar Chiquita, Morón, Salto, Almirante Brown y San Vicente.

El Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA) bonaerense, que conduce Javier Rodríguez, también contribuye con los emprendimientos, especialmente los dedicados a la producción de alimentos, a través de aportes no reembolsables, pero también de programas de promoción, como Sabores Bonaerenses, un evento periódico que busca poner en contacto a los productores con los compradores llevando los productos al centro de la ciudad.

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El propio IPAC tiene su propio programa de subsidios, de hasta 10 millones de pesos por emprendimiento, que busca fomentar el sostenimiento de asociaciones de distintos tipos. El año pasado se entregaron subsidios por unos $ 1400 millones.

“Las fuentes de financiamiento provinciales, principalmente mediante subsidios, son el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Fuerza Solidaria, el IPAC, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Agrario”, detalla Eduardo Montes, titular de la Federación de Trabajadores de la Economía Social (FETRAES). “Del Estado nacional, desde que asumió este nuevo gobierno, el financiamiento es nulo.”

De todas maneras, la idea es que los emprendimientos puedan sostenerse por sí mismos. “No se puede depender exclusivamente del Estado. Eso no sirve, no ha funcionado”, enfatiza Onorato.

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Crecimiento y freno de mano

El sector cooperativo explotó luego de la pandemia de COVID-19. En aquellos momentos el gobierno de Alberto Fernández procuró asistir a las empresas que se veían en problemas para sostenerse por la dramática caída de la actividad, e implementó medidas como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que muchos monotributistas y trabajadores informales aprovecharon para generar sus propias iniciativas, pero también auxilios específicos para cooperativas y empresas recuperadas a través de la cartera de Desarrollo Social. En 2021, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) adoptó la resolución RENOVAR, destinada a facilitar la puesta en marcha y el funcionamiento de cooperativas y mutuales. El sector creció durante tres años.

Todo eso se frenó con la llegada de Javier Milei al gobierno. Primero, porque se cortó el financiamiento por parte del Estado nacional a través de subsidios. Segundo, porque en 2024 se derogó un artículo de la resolución RENOVAR que permitía poner en marcha cooperativas de trabajo y prestación de servicios para productores rurales con sólo tres integrantes, elevando el número nuevamente a seis, como era antes. El argumento era que había aumentado el incumplimiento en la presentación de documentación y que la reducción del número necesario de socios desvirtuaba los valores base de las cooperativas.

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Sin embargo, Joaquín Noya, en un trabajo publicado en la revista de la fundación Idelcoop, advierte que “poner en duda el carácter democrático de una cooperativa constituida por entre tres y cinco socias y socios conlleva a una arbitrariedad normativa e interpretativa de los valores cooperativos desconociendo experiencias cooperativas de otros países donde se permiten cooperativas de dos socios o socias en adelante”, y que “evaluar los resultados de una política pública generados desde cambios normativos profundos como los planteados en la resolución Renovar lleva un periodo de tiempo, difícil quizás de determinar en años exactos, pero claramente dos años y medio de aplicación de la resolución resultan muy poco en términos de políticas de Estado para definir derogar un cambio de esta magnitud”.

Lo cierto es que no sólo el cambio en la norma, sino también la recesión en que entró la economía durante la administración libertaria, le pusieron un freno de mano, en los últimos dos años, al crecimiento del sector. Juan Manuel Rossi, presidente de la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE), que representa a cooperativas de todo el país, define el momento como “tremendo”.

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“Las ventas cayeron entre un 10 y un 40% por la caída del consumo. Las cooperativas que producen alimentos están en una crisis. No hay herramientas apropiadas para el sector y la presión impositiva no baja. El régimen impositivo es regresivo: generalmente se grava más a los emprendimientos chicos que a los grandes”, lamenta Rossi en diálogo con La Tecla.

“Hay algunos esfuerzos valorables, como el de la Provincia de Buenos Aires, con la que tenemos una muy buena relación, pero que no alcanzan para la incorporación de tecnología, para hacer nuevas investigaciones o para competir con las grandes corporaciones”, subraya el hombre de la FECOFE.

Si bien las cooperativas cumplen tareas de interés público y son un modo de inserción laboral y de favorecimiento de la “actividad económica solidaria e inclusiva”, las políticas desplegadas por el gobierno nacional “desprecian cualquier tipo de integración de dichas empresas sociales al cumplimiento de las acciones de políticas públicas, quedando para los municipios y/o provincias el compromiso de intermediar con estos sectores autogestivos”, afirma Montes. 

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“Actualmente, sólo las cooperativas de construcción están siendo esporádicamente contratadas por el Estado provincial. Las demás subsisten dentro del mercado privado. Por otro lado, el trabajo comunitario está sostenido por los ingresos mínimos provenientes de programas sociales”, explica el titular de la FETRAES. 

Cerealcoop, un caso testigo

“Lo primero que tuvimos que hacer fue cambiar el chip que teníamos en la cabeza”, cuenta Sebastián Anta, presidente de la cooperativa Cerealcoop, de Tres Arroyos, fundada en 2020 tras dos años de lucha por el cierre de la planta de la cerealera 3 Arroyos, antes conocida como Laso. Se trata de una de tantas fábricas recuperadas que funcionan en el país.

La cooperativa, dedicada a producir cereales para desayuno, logró empezar a funcionar, en plena pandemia, gracias a un subsidio recibido el año anterior de parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; otros aportes no reembolsables del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense fueron fundamentales para que pudiera adquirir materia prima y mejorar las instalaciones.

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Pero tanto o más importante que esos aportes es, quizá, la ayuda brindada por la Provincia en términos de capacitación en cuestiones como el desarrollo de productos, señala Anta. Cerealcoop, que hoy cuenta con 84 socios, de los cuales 60 son trabajadores en la fábrica, mueve sus productos (avena arrollada, extrafina, harina de avena y salvado, entre otros) en el circuito alternativo que representan las asociaciones y mercados cooperativos, y también en los grandes locales de La Coope (pertenecientes a la Cooperativa Obrera), que ofrece mejores condiciones que las cadenas de supermercados tradicionales.

Según el estatuto de Cerealcoop, los trabajadores perciben salarios que se aproximan a los de convenio del gremio de alimentos. Al principio había una treintena; luego se fueron incorporando, en tandas, otros tantos. La idea es seguir ampliando la dotación a medida que los números lo permitan.

De todas maneras, y a pesar del crecimiento que tuvo esta joven cooperativa, éste no es un buen momento. “En los últimos meses se ha notado mucho la baja del consumo; además, la mercadería importada que está entrando a nuestro país representa una competencia”, apunta Anta. A esas dificultades se suman las que tienen que ver con el acceso al crédito, y en particular, con lo elevado de las tasas de interés.

“Nos hemos tenido que adaptar, reinventar. Estamos trabajando muy fuerte en tema costos y en la eficiencia y eficacia de las líneas de producción”, cuenta el presidente de la cooperativa que, pese a las dificultades, busca seguir creciendo.
 

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