El Senado recibió un proyecto que busca coparticipar el impuesto a los combustibles y distribuir automáticamente los ATN, tras el fracaso de las negociaciones con Economía. La iniciativa tiene amplio respaldo y evitaría un veto presidencial, sin afectar el superávit fiscal, según sus autores.

Se abre el debate por el reparto de la torta

El proyecto para regular la distribución de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) y establecer la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos fue ingresado este miércoles a la Cámara de Senadores, tras la finalización de las negociaciones por parte del Ministerio de Economía, que consideró que las demandas de las provincias comprometían el superávit fiscal.

Ambas iniciativas cuentan con el respaldo necesario para obtener los dos tercios de los votos tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, lo que impediría incluso un eventual veto del presidente Javier Milei. Los proyectos llevan las firmas de los titulares de los bloques de Unión por la Patria, José Mayans (Formosa); de la UCR, Eduardo Vischi (Corrientes); del PRO, Alfredo De Ángeli; de Convicción Federal, Fernando Salino; así como de senadores aliados, como Carlos Espínola, de Unidad Federal, entre otros.

Según destaca el matutino Clarín, una de las propuestas incorpora a la Ley Permanente de Presupuesto un artículo que asegura la distribución automática de los recursos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias, integrándolos a la masa de fondos coparticipables.

Para contrarrestar el argumento del Gobierno sobre el impacto en el superávit fiscal, el texto subraya que "se trata de recursos con asignación específica administrados por el Gobierno nacional, pero que no le pertenecen". "Por lo tanto, es evidente que la modificación normativa propuesta no afecta las finanzas públicas nacionales”, se añade.

Asimismo, se destaca que el contexto económico justifica la medida, ya que el fondo fue creado para atender situaciones de "emergencia y desequilibrio financiero". "La norma propuesta establece la modalidad de distribución del Fondo ATN, que actualmente prácticamente no se ejecuta”, se enfatizó.

Por su parte, la otra iniciativa promueve la eliminación de los fideicomisos de Infraestructura Hídrica, de Infraestructura de Transporte y del Sistema Vial Integrado, así como de los fondos Compensador del Transporte, Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior y Nacional de la Vivienda.

Además, se dispone que los recursos en cuestión, salvo los provenientes del impuesto a los Combustibles Líquidos, “se distribuirán conforme” a lo estipulado en la Ley de Coparticipación Federal.

También se detalla que, del impuesto al cheque, un 14,29 % irá al Tesoro Nacional, un 57,02 % a las provincias y un 28,69 % al Sistema Único de Seguridad Social, destinado a cubrir las obligaciones previsionales nacionales.

Se especifica, además, que la distribución entre las provincias será en un 25 % en partes iguales y el 75 % restante según los índices de coparticipación.

En los fundamentos, los senadores explicaron que la reforma busca "la transferencia directa y automática de recursos que financian responsabilidades y funciones asumidas por las administraciones provinciales, en algunos casos de manera compartida con los municipios de sus jurisdicciones”.

Asimismo, destacaron que “se trata de recursos con afectación específica administrados por el Gobierno Nacional, pero que no son propios. Por ello, es claro que la modificación normativa propuesta no afecta las finanzas públicas nacionales".

También se indica que la eliminación de los fondos fiduciarios propuesta por el Senado "está en sintonía con la disposición del Poder Ejecutivo" de suprimir entidades que operan fuera del presupuesto y del Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF), "lo que dificulta su seguimiento y control".

Además, se señala que la iniciativa se enmarca en el proceso de Reforma del Estado y Reorganización Administrativa, y en relación con un artículo de la “Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.

Los gobernadores optaron por avanzar con estas propuestas en busca de mayores recursos tras el fracaso de las negociaciones con el Gobierno, que presentó una contrapropuesta que no logró satisfacer las expectativas de las provincias.

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