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2 de julio de 2025
RELEVAMIENTO

Distrito por distrito: cuánto cobran los legisladores provinciales

En algunas jurisdicciones hay sueldos superiores a los $8 millones por mes y en otros apenas superan el millón. Un informe a nivel nacional nacional reveló la profunda disparidad salarial entre provincias y expuso la falta de transparencia en la mayoría de las legislaturas.

Distrito por distrito: cuánto cobran los legisladores provinciales
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Un relevamiento nacional realizado por la organización Ruido para la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI), en colaboración con el proyecto Reverso y publicado en el sitio Chequeado, reveló cuánto perciben mensualmente los legisladores provinciales de las 24 jurisdicciones del país. El informe, que se basó en recibos de sueldo correspondientes a abril y mayo de 2025, expuso importantes disparidades entre provincias y puso de manifiesto la escasa transparencia institucional en varios distritos.

Los diputados de Santa Fe encabezan el ranking con ingresos netos de $8,5 millones por mes, seguidos por sus pares de Neuquén ($6 millones) y de la provincia de Buenos Aires ($5,6 millones). En el otro extremo, los legisladores de Chaco perciben $1 millón, los de La Rioja $1,5 millones y los de Formosa $1,8 millones. El promedio nacional se ubica en $3,9 millones mensuales, lo que equivale a 12,4 veces el salario mínimo vital y móvil, fijado en $317.800 desde julio.

El caso de Santa Cruz ubica a la provincia entre las que ofrecen mayores haberes legislativos. Según el gráfico interactivo del informe, los diputados provinciales santacruceños cobran $4.894.742 netos por mes, cifra que los posiciona en el quinto lugar del ranking. Sin embargo, si se consideran distritos con datos no desglosados en esa visualización, el lugar de Santa Cruz puede variar. En todo caso, se encuentra entre las jurisdicciones con mejores remuneraciones legislativas.
 


La metodología del estudio contempló el salario neto —es decir, el monto de bolsillo luego de descuentos— como el indicador más fiel del ingreso real de los legisladores. Esto responde a que muchas dietas formales incluyen montos simbólicos y la mayor parte de los haberes se compone de adicionales como “gastos de representación” o “adicional por función”. En Santa Cruz, por ejemplo, el sueldo básico es de $282.982, pero el monto final se incrementa significativamente por estos ítems complementarios.

El informe también detalla la dispersión de conceptos en los recibos de sueldo. En 11 provincias, entre ellas Santa Cruz, se incorpora la antigüedad como adicional, calculada sobre el tiempo de servicio en la administración pública. Además, en distritos como Río Negro, Tierra del Fuego, Chaco, La Pampa y Formosa, se reconocen ítems por título académico, zona desfavorable o traslados. No todos estos conceptos se registran con nombres uniformes y en algunos casos se otorgan beneficios por fuera de la dieta formal.

Al momento del relevamiento no se pudo acceder a la información de los sueldos de senadores provinciales de Catamarca, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, ni de los diputados de Mendoza. Algunos datos fueron provistos bajo la condición de anonimato y otros fueron recabados sin respaldo documental. En la mayoría de las legislaturas no existen canales formales para conocer esta información.

Según Juan Krahl, coordinador del área de Ciudadanía e Instituciones de Gobierno de Directorio Legislativo, “no existe un estándar nacional que defina los componentes de las dietas legislativas ni el valor de los módulos”. Este vacío genera una marcada heterogeneidad entre provincias y dificulta la evaluación pública del gasto legislativo.

Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, consideró que “el acceso a esta información es fundamental porque transparenta el funcionamiento de las legislaturas y responde al interés de la ciudadanía”. Al mismo tiempo, señaló que, aunque los legisladores deben ser remunerados en función de sus responsabilidades, esa discusión debe enmarcarse en el contexto económico general del país y de cada provincia.

El informe también recuerda que la gran mayoría de las legislaturas provinciales —casi 9 de cada 10— no publican datos clave sobre contrataciones de personal o uso de fondos. Esta opacidad complica el seguimiento de los recursos públicos y obstaculiza la rendición de cuentas en uno de los tres poderes del Estado.
 

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