La denuncia sostiene que Juan Pablo Masi incurrió en abuso de autoridad y prevaricato al intentar frenar la investigación federal por lavado de activos.

Escala el escándalo judicial: piden la remoción de un juez por la causa D’Onofrio

El dirigente de Pilar Matía Yofe y el diputado Luciano Bugallo promovieron formalmente el inicio de un Jury de Enjuiciamiento contra el juez de Garantías Nº 4 de La Plata, Juan Pablo Masi, a quien acusan de mal desempeño de sus funciones, incumplimiento de deberes y posibles delitos de abuso de autoridad y prevaricato. La presentación fue realizada al amparo del artículo 23 de la Ley provincial 13.661 y solicita, además de la apertura del proceso, la suspensión preventiva inmediata del magistrado y, eventualmente, su remoción del cargo.

Matías Yofe y Luciano Bugallo

La denuncia se centra en la actuación del juez Masi en la causa provincial vinculada al escándalo por las foto-multas y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), una investigación iniciada en 2023 que involucra presuntas maniobras de corrupción millonarias en el área de Tránsito bonaerense. Según el escrito, los hechos dieron lugar a dos procesos paralelos: uno en la Justicia Federal, por lavado de activos, a cargo del Juzgado Federal de Campana, y otro en la Justicia provincial, por delitos como fraude a la administración pública y asociación ilícita. Entre los imputados figura el exministro de Transporte Jorge D’Onofrio, quien ya fue procesado y embargado en la causa federal.

El eje más grave de la acusación apunta a que Masi habría intentado arrogarse indebidamente competencia federal para concentrar el control de ambas investigaciones. En particular, se cuestiona una resolución dictada a comienzos de octubre de 2025, mediante la cual el juez platense solicitó que su par federal se inhibiera y remitiera el expediente por lavado de activos al fuero provincial. Para los denunciantes, se trató de una intromisión inadmisible en la jurisdicción federal, carente de fundamento y orientada a obstaculizar o frenar el avance de una investigación que ya contaba con abundante prueba.

El escrito detalla que, al momento de ese pedido, la causa federal llevaba más de dos años de tramitación, con medidas clave ya realizadas: levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil, informes internacionales, detección de cuentas y sociedades en el exterior, allanamientos con secuestro de grandes sumas de dinero y documentación, y un procesamiento reciente. A pesar de ello, Masi habría sostenido que no estaba acreditado e delito de lavado de activos sin haber tenido acceso formal al expediente federal ni a su prueba, lo que fue duramente objetado por el fiscal provincial interviniente, Álvaro Garganta.

Según la denuncia, estas decisiones no solo vulneraron el principio de juez natural y la división de competencias entre fueros, sino que también habrían favorecido la estrategia defensiva de los imputados, en particular de D’Onofrio. En ese marco, se menciona que la defensa del exministro había impulsado previamente un planteo de inhibitoria para llevar la causa federal al ámbito del juzgado de Masi, pedido que finalmente fue rechazado por la Justicia Federal y cuya negativa fue respaldada por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.

Los denunciantes sostienen que el accionar del juez platense evidencia una desviación de poder y una grave afectación a la recta administración de justicia, con posibles motivaciones políticas o personales. Por eso, reclaman al Jurado de Enjuiciamiento que admita la denuncia, disponga la suspensión preventiva del magistrado mientras dure el proceso y, de comprobarse los hechos, aplique la sanción máxima prevista por la ley: su remoción del cargo.

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