El INTA y varias instituciones tecnológicas están en riesgo por un decreto de Javier Milei que obliga a que pierdan su estado autárquico. La necesidad del gobierno de hacer caja, despidos y un reclamo que va más allá de la eterna grieta

Los sectores productivos y científicos volvieron a encender las alarmas pese a que pasaron la primera prueba de fuego cuando lograron quedarse afuera del recorte anunciado en la Ley Bases. Varias entidades prestigiosas como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el Instituto Nacional de Semillas (Inase) se encuentran preocupados porque se cocina un decreto que obliga a las entidades a perder su autonomía y pasarán a depender del estado nacional.

El caso del INTA es el más preocupante, ya que perderá su estado autárquico y pasará a encontrarse bajo el filo de la motosierra que propone el presidente Javier Milei. La misma pasaría a depender de la secretaría de Agricultura de Nación, lo que implica que perderán su independencia administrativa y presupuestaria.

Otras entidades descentralizadas como el INTI, INV y el Inase tampoco están ajenos a esta situación, por eso se están preparando para realizar acciones conjuntas con el fin de frenar este avance por parte del gobierno. El Instituto de Tecnología Industrial pasará a estar bajo el ala de la secretaría de Industria como una “unidad organizativa”, mientras que las restantes perderán su condición de entes descentralizados para ser rebajados al rango de direcciones nacionales.

El INTA es una institución que lleva más de 70 años y tiene establecimientos a lo largo y ancho del país. La misma está directamente ligado a la producción de alimentos, al avance tecnológico e innovación de la producción, es totalmente indispensable para el futuro agropecuario de Argentina y la posibilidad de generar recursos.

Durante la gestión de Javier Milei, en el INTA hubo un retiro voluntario donde hubo alrededor de 300 personas que perdieron su empleo. Los trabajadores estaban nucleados en el programa Pro Huerta, el programa Cambio Rural, con fuerte presencia en el interior del país. Eran programas que eran financiados, uno por la Secretaría de Agricultura y otro por Desarrollo Social, que los llevaba adelante en el territorio del INTA.

En la provincia de Buenos Aires, zona núcleo para la producción agrícola a nivel nacional, cuenta con 77 sedes distribuidas por todo el territorio bonaerense. 15 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (una en CABA y las restantes en el Conurbano), 25 en la región llamada Buenos Aires Norte (Segunda y Cuarta sección electoral) y otras 39 en Buenos Aires Sur (Quinta, Sexta y Séptima sección).

Según datos que aportó el secretario general de la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA), Mario Romero, la entidad tecnológica “se financia a través de un impuesto que es el 0,5% de las importaciones del país y el 31,3% de lo que es la tasa de estadística que también se pagan los productos que ingresan al país”.

Para hacerle frente a esta situación, iniciaron diálogos con diferentes actores de la política en defensa del INTA. Según Mario Romero, tuvieron “una muy buena recepción de los diputados y los senadores nacionales en los últimos meses. De diferentes espacios. Han visitado las estaciones experimentales del INTA, se han expresado senadores del PRO, senadores de los gobernadores que por ahí son dialoguistas con el Gobierno Nacional, como la gente de Córdoba, que el gobernador se expresó en defensa del organismo. Se expresó el gobernador Pullaro, se expresó el gobernador Torres, se expresó el gobernador Llaryora, bueno, gobernadores como el de la Provincia de Buenos Aires, de Formosa, de diferentes extracciones políticas, se han expresado en la necesidad de que el INTA continúe cumpliendo con su función como está actualmente”.

Pese a las intenciones del gobierno nacional de desmantelarlas, hay una ley que ampara al INTA y que debería ser eliminada para que deje de ser un ente autárquico. La misma es la Ley 21.680 y que fue sancionada por el Congreso nacional y reglamentada el 10 de diciembre del año 1956, en épocas de la Revolución Libertadora.

La normativa implicaba la creación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (I.N.T.A.) “para impulsar, vigorizar y coordinar el desarrollo de la investigación y extensión agropecuaria y acelerar con los beneficios de estas funciones fundamentales la tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y de la vida rural. Será un órgano autárquico del Estado, que podrá desarrollar su acción en todo el territorio de la Nación, adecuando su funcionamiento a las directivas del Poder Ejecutivo Nacional en todo cuanto concierne a la tecnología agropecuaria”.

Ante esta situación que preocupa a todo el sector agropecuario, legisladores bonaerenses de distintos colores políticos dejaron la grieta de un lado y presentaron diversos proyectos en Diputados y Senadores para repudiar la iniciativa del gobierno. Una de ellas fue las senadoras de Unión por la Patria, Laura Clark y María Rosa Martínez, presentaron un proyecto de declaración en la Cámara alta provincial en el que expresaron la preocupación por el proceso de “reestructuración” que atraviesa el INTA, por iniciativa del Gobierno de Javier Milei.

Una presentación similar realizó el bloque Acuerdo Cívico UCR-GEN en la Cámara de Diputados. La bancada presidida por el tandilense Matías Civale también cuestionó las intenciones del gobierno y expresaron: “La labor del INTA resulta un pilar clave en la promoción de una agricultura con enfoque social, sustentable y con fuerte arraigo local, en especial en el trabajo cotidiano con productores locales, cooperativas, familias rurales, actores centrales de un ecosistema productivo que sostienen a las economías regionales”.

El reclamo por el desmantelamiento del INTA también llegó al campo bonaerense. A través de su presidente, Ignacio Kovarsky, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) expresó “su preocupación ante versiones sobre una posible reestructuración del INTA impulsada desde el Gobierno Nacional. No rechazamos la necesidad de modernización, pero advertimos que cualquier cambio debe planificarse con inteligencia, diálogo y visión de largo plazo”.

“No se trata de aplicar la motosierra del desmantelamiento, sino el bisturí de una transformación seria y responsable que prepare al INTA para los próximos 50 años”, añadieron.

Ante esta situación de apoyo casi unánime de los sectores políticos, trabajadores y organizaciones del campo bonaerense, se esperan fuertes medidas gremiales en todo el territorio nacional si el gobierno avanza con este decreto de desmantelamiento a una de las instituciones con más prestigio y que más avances tecnológicos le aporta al país.

MARIO ROMERO – SECRETARIO GENERAL DE APINTA

“El gobierno nacional quiere los fondos del INTA”

El secretario general de la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA), Mario Romero, aseguró que vienen trabajando hace mucho tiempo en para frenar el avance de la motosierra: “Los frenamos durante casi un año y el Gobierno Nacional avanzó con la idea de, con las facultades que le dio la Ley Bases, modificar la estructura del INTA. La idea del Gobierno es sacarle la autarquía al INTA, es un ente descentralizado con autarquía financiera que le permite tomar personal para llevar adelante las diferentes actividades que lleva adelante el organismo de ciencia y técnica”.

En esa línea, Romero fue contundente: “El gobierno nacional quiere los fondos del INTA”. Y añadió: “El INTA ingresa alrededor de 550 millones de dólares anuales de recaudación. Este año le dieron 240 millones de dólares, lo que significa que hay un saldo a favor entre lo que recauda y lo que se le asigna de presupuesto, que va a una cuenta que está para un fondo tecnológico que está depositada en el Banco Nación. Esa cuenta hoy tiene 590 millones de dólares. ¿Qué quiere el Gobierno? Esos 590 millones de dólares, quedarse con todo lo que ingresa del impuesto y después asignarle un presupuesto institucional para el funcionamiento, que siempre, y lo conocemos, es escaso. No alcanza para el funcionamiento institucional, no alcanza para trabajar en los proyectos y los programas que desarrolla el INTA en todo el país”.

También detalló los pormenores del proyecto del gobierno nacional, que consta en cerrar las 300 unidades de extensión que están ubicadas en las diferentes provincias del país, poner en disponibilidad a 1.500 trabajadores y vender los bienes del INTA”.

Allí se expresó en relación a los bienes de la entidad: “Cuando hablamos de vender los bienes del INTA son los campos experimentales, las hectáreas que tiene el INTA alrededor de las estaciones experimentales e institutos en todo el país, y lo que tiene en el fondo el Gobierno Nacional es hacer caja, quedarse con la guita que ingresa por el INTA, por su fuente financiamiento y por la venta de los activos del organismo”.

También manifestó el apoyo recibido por la política bonaerense: “En el INTA dentro de la provincia hemos tenido visitas de legisladores provinciales, legisladores nacionales a las distintas experimentales del INTA. Se ha expresado el gobernador Axel Kicillof, el ministro Javier Rodríguez, el ministro de Trabajo Walter Correa. Hemos tenido un apoyo importantísimo de la provincia de Buenos Aires que valoramos y que sabemos que cuando los necesitemos en la Cámara de Diputados y Senadores van a estar acompañando la defensa del organismo. Así que de la provincia de Buenos Aires no dudamos que va a haber un apoyo significativo”.

JOSÉ LUÍS PEREA - SECRETARIO GENERAL INTA CASTELAR

“No hay antecedentes de que el INTA no haya cumplido con los objetivos”

El titular de la Junta Interna y secretario general del INTA Castelar, José Luís Perea, dialogó con La Tecla para expresar su rechazo a la intervención y realizar fuertes críticas al gobierno nacional.

Allí sostuvo que la situación “se está viviendo como un gran impacto, un gran golpe, un ataque devastador hacia una institución que lleva 70 años de logros institucionales. El INTA fue considerado la gallina de los huevos de oro. No hay antecedentes sobre de ningún gobierno y de ningún tipo de organismo que haya en estos 70 años haya explicado que el INTA no haya cumplido y no cumpla sus objetivos históricos”.

El Consejo Directivo Nacional del INTA está conformado en buena parte por la Mesa de Enlace, las cuatro organizaciones, Federación Agraria con Confederaciones Rurales de Argentina y Sociedad Rural. Allí sentenció: “Está dirigido por los que tienen una gran presencia en la producción agropecuaria. El hecho de que quiera ser reducido el INTA dentro de una órbita de una secretaría de Agricultura que permanentemente sufre procesos de disolución. En los últimos gobiernos y de este gobierno se nota que hay una enorme improvisación en la secretaría”.

Para Perea, “el desmembramiento también va a tener una cara de provincialización. De algún modo es la destrucción de un organismo que es uno de los pocos organismos nacionales que han logrado desarrollar una política de Estado. Venga quien venga, esté quien esté, nunca se modificó los objetivos”.

Allí detalló las acciones que realizarán en defensa de la entidad: “En nuestro plan de lucha estamos formando comités de huelga en cada lugar y pensamos llevar adelante medidas sincronizadas en todo el país para que en cada lugar se hagan asambleas, marchas, cortes de ruta, para iniciar un gran plan de lucha nacional porque pueden llegar a despedir entre 1.500 y 2.000 trabajadores”.

“Nosotros entendemos que la defensa del INTA es la defensa de los intereses nacionales, y en la defensa de los intereses nacionales, aparte de los derechos de los trabajadores, pueden intervenir todos los sectores”, cerró.

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