La llegada de Milei y Villarruel supuso un giro drástico en las políticas de memoria y reparación de los crímenes de la dictadura. El gobierno de Axel Kicillof asumió el protagonismo en un área que desde la Nación se ningunea. La búsqueda de los nietos y la pelea por salvar documentos de la destrucción.

Derechos humanos: la Provincia toma la posta

Hace más de 2300 años, los filósofos griegos precursores de la ciencia pensaban que la Naturaleza le tenía horror al vacío y reaccionaba inmediatamente ante la posibilidad de su aparición llenando el espacio con materia. La tesis se demostró falsa en el campo de la ciencia, pero en política sigue siendo válida: todo espacio que necesite ser llenado será ocupado de alguna manera, como si la política no tolerara su vacancia.

Algo así ocurre en la Argentina con las políticas de derechos humanos. El cambio de gobierno supuso una retirada del Estado nacional en ese campo; esta ausencia fue compensada, de alguna manera, por el Estado bonaerense, que vino a ocupar su lugar.

“Con Javier Milei se inició un ataque simbólico y material a las políticas de memoria, verdad y justicia”, dijo a La Tecla el subsecretario de Derechos Humanos bonaerense, Matías Moreno. “Se ve en el discurso oficial para el 24 de marzo, pero también en el discurso que pronunció el Presidente en Davos. Hoy nos toca desde la Provincia de Buenos Aires redoblar los esfuerzos para poder continuar con estas políticas.”

Un botón de muestra de este fenómeno: hace pocos días, más de 70 empleados del espacio de memoria que funciona en lo que fuera la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), que ofició como el mayor centro clandestino de detención (CCD) durante la dictadura cívico-militar que se extendió entre 1976 y 1983, recibieron la notificación de que habían sido despedidos. En la misma jornada, un equipo del gobierno bonaerense visitó el lugar para una actividad oficial. Los empleados los recibieron con sonrisas y con un vivo interés: procuraron intercambiar datos de contacto y ponerlos al tanto de todo el trabajo que hacían. Alguno habrá enviado su curriculum vitae para futuras búsquedas.

En efecto, la asunción de Milei como presidente de la Nación (y de Victoria Villarruel como vicepresidenta) marcó un quiebre en muchos aspectos, y uno de ellos fue el de las políticas de derechos humanos. El gobierno no sólo abandonó el impulso de las acciones por la memoria, la verdad y la justicia respecto de los hechos ocurridos durante la dictadura cívico-militar que se extendió entre 1976 y 1983, sino que procuró contrarrestarlas y hasta promovió un relato diametralmente opuesto que se plasmó en el video difundido hace exactamente un año.

No se trata solamente de una cuestión de discurso. Además del vaciamiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), los recientes despidos en lo que fuera la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y la cancelación de los convenios con las secretarías de Derechos Humanos en las provincias, el oficialismo emprendió acciones concretas, a veces embozadas, para revertir lo hecho en la materia. Un ejemplo: la visita de diputados libertarios a una cárcel donde permanecen encerrados algunos represores, que les entregaron un borrador de proyecto para dejarlos en libertad. Otra acción material fue la avanzada del Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, para destruir documentación en poder de las Fuerzas Armadas sobre los años de plomo.

El salvataje

“Nosotros lo veíamos venir, porque ya lo propugnaba Villarruel hacía tiempo. Recordemos que es básicamente una representante de los genocidas. Por eso, hace un año y medio empezamos a enviar escritos a diferentes instancias estatales, con el objetivo de que el Archivo Provincial de la Memoria pueda retener todas las copias de la documentación”, explicó Moreno a La Tecla. “Así pudimos avanzar en la preservación de mucha información importante.”

Moreno destacó que la relación entre el área a su cargo y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Alberto Baños, es tensa. “La Nación dio de baja todos los convenios con nosotros”, señaló.

Uno de esos convenios se refería al Faro de la Memoria, ubicado en Mar del Plata. En el predio donde está emplazado el faro funcionó un centro clandestino de detención (CCD). Hasta la llegada del gobierno libertario, la Provincia y la Nación colaboraban en el mantenimiento y operación de ese predio; con la baja de los convenios, quedó bajo el arbitrio exclusivo del gobierno nacional.

“Nosotros nos hacemos cargo del mantenimiento de los espacios de memoria ubicados en la provincia, como el Pozo de Banfield, el Destacamento de Arana, la Comisaría 5ª y tantos otros. El Faro de la Memoria quedó en la órbita nacional. Pero hace un mes, si bien no tenemos jurisdicción, colaboramos con la reparación de un techo”, contó el subsecretario.

“Entendemos que tenemos que preservar esos lugares, más allá de que hoy estén a cargo de Milei y de Baños. Por eso les entregamos una membrana a los compañeros para que lo pudieran reparar. Lo hicimos por un compromiso militante”, subrayó Moreno.

Pero quizás la acción que mejor marca esta aparición de la Provincia a la cabeza de las políticas de derechos humanos ante la retirada (o embestida) de la Nación es la creación, en el ámbito provincial, de una unidad “espejo” de la que el gobierno nacional dio de baja, y que se encargaba de la búsqueda de los hijos de desaparecidos que aún no tienen certeza de su verdadera identidad.

Esta unidad funcionaba en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), organismo que presidía Claudia Carlotto, y volvía a traer el tema de los derechos humanos nuevamente a primer plano cada vez que se lograba encontrar a un nieto o nieta. El gobierno de Milei la cerró en agosto del año pasado, a través de un decreto (727/24) firmado por el Presidente y su ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Ni lerdo ni perezoso, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció la creación de un organismo equivalente bajo la órbita de la Subsecretaría que conduce Moreno. La titular de la nueva unidad: Claudia Carlotto.

Otra área en la que la Provincia sigue sosteniendo acciones desdeñadas por la Nación es el impulso de los juicios por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

“El Estado nacional está despidiendo a abogados. Entonces, hay una merma en la cantidad de abogados que representan al Estado nacional en los juicios de lesa humanidad. Pero el Estado provincial sigue garantizando esos juicios”, destacó Moreno.

El faro y las tinieblas

El Faro de la Memoria, ubicado en Mar del Plata, es el único de los espacios de memoria ubicados en territorio bonaerense que se encuentra bajo jurisdicción del Estado nacional. En los últimos meses ha estado en las noticias más por decisiones oficiales polémicas que por su función para iluminar el pasado.

Hasta allí, por ejemplo, llegó la controversia luego de que el gobierno de Milei obligara a cancelar un concierto que el joven cantante Milo J iba a brindar en la ex ESMA. Como coletazo de esa cancelación, el Ministerio de Justicia puso la mira en este otro espacio, y apuntó contra las actividades que se iban a realizar allí, obteniendo también la orden judicial para darlas de baja. Se trata de la frustrada presentación del libro Lanzallamas: Milei y el fascismo psicotizante, de Rocco Carbone, y de una jornada de “Memoria y resistencia” que iba a consistir, entre otras cosas, en una serie de espectáculos, una feria de productores y actividades para chicos. El incidente ocurrió el 14 de febrero y fue rápidamente tapado por el escándalo que ocasionó esa misma noche la promoción, por parte de Milei, de la criptomoneda Libra, que resultó ser el centro de una estafa que hoy se investiga en la Argentina y en los Estados Unidos.

Sólo unos meses antes, a mediados de 2024, el Faro de la Memoria había aparecido en el ojo público por la autorización, por parte de la Municipalidad de General Pueyrredón, de instalar en el predio que ocupa un bar de gin, lo que fue interpretado como una afrenta a la memoria sobre los crímenes de la dictadura.

Ocurre que el régimen militar secuestró a 577 personas en Mar del Plata, de las cuales 276 continúan desaparecidas, y el predio en que se encuentra el faro funcionó como centro clandestino de detención (CCD) en esos años. Los detenidos desaparecidos eran alojados en un chalet donde funcionaba una radio de la Armada, en polvorín y en una sala de armas. Sólo el chalet continúa en pie; los otros dos edificios fueron demolidos en la década del ’90, para construir allí el Acuario marplatense.

“Tenemos que resistir hasta que este gobierno se vaya”

Además de ser hija de Estela Barnes de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo; hermana de Laura Carlotto, desaparecida durante la dictadura, y tía de Ignacio Montoya Carlotto, pianista y nieto recuperado, Claudia Carlotto es la titular de la Unidad de Investigación Especializada para la Búsqueda de Niños Víctimas del Terrorismo de Estado creada por el gobierno de Axel Kicillof luego de que el gobierno nacional disolviera la unidad que, al mismo efecto, funcionaba en la CONADI, que ella misma encabezaba.

En diálogo con La Tecla, Carlotto dijo que la misión del equipo que conduce es “resistir el desguace de la memoria” emprendido por la administración de Javier Milei.

“Tenemos que resistir hasta que este gobierno se vaya y venga un gobierno humano”, dijo Carlotto.

La creación de la dependencia a la que todos, por economía, llaman “la Unidad” es uno de muchos ejemplos de la estrategia de Kicillof consistente en replicar programas que la Nación elimina en virtud de su política de la “motosierra”. El filo ha pasado por el área de los derechos humanos con especial saña, algo que Carlotto atribuye a la influencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

“Lo más importante que es la voluntad política del Gobernador, que inmediatamente entendió que había que hacer algo. Y que lo que había que hacer era reemplazar eso que el gobierno nacional borró del mapa. Gracias a eso, hoy tenemos un poquito más de esperanza”, dijo la funcionaria.

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