Hay silencios atronadores, que ensordecen, aunque parezca un juego de palabras. Son los que envuelven a la falta de respuestas ante situaciones complicadas, comprometedoras, como un recurso ante la evidencia.
La investigación de La Tecla sobre el controvertido pedido de las autoridades portuarias de Dock Sud, consistente en una condonación de deudas a empresas petroleras, puso sobre la mesa una antigua "jugarreta" que involucra a compañías y funcionarios, en un dudoso ajedrez.
¿De qué se trata? Simple y complejo a la vez: grandes empresas como Shell o Exolgan acumulan deudas por el derecho de uso (canon) en la terminal ubicada en Avellaneda, sin que el Estado reclame por ellas. Una vez que se acumulan compromisos, se recurre a funcionarios para licuarlas a través de una obra sin control.
Así, como ya ocurriese años atrás, las autoridades portuarias ceden su obligación de realizar dragados a las empresas, que contratan barcos para las tareas, una función que le corresponde a los funcionarios. Sin embargo, los trabajos no son controlados, tomándose como verdad absoluta lo que la empresa dice que hicieron.
La mecánica tiene como corolario un pedido que, por esos días, se repite: un pedido del Delegado en el puerto para que el Gobierno (ministerio de Producción, a cargo de Javier Tizado, y/o la subsecretaría de Puertos, en manos de Rodrigo Silvosa) acepten "canjear" el costo del dragado por la mayor parte de lo adeudado, algo que es calificado como anormal por los expertos.
Las repercusiones de lo publicado en la revista La Tecla fueron muchas, aunque no se ha escuchado una sola voz oficial. Ni para confirmarlo ni para desmentirlo, dando lugar a que muchos interpreten este mutis por el foro como una especie de "quien calla, otorga".
La gravedad de tal maniobra causó preocupación entre trabajadores y empresarios Pyme de la región, especialmente del mencionado Puerto, llegando incluso a ámbitos políticos.
Así, en las próximas horas será presentado un pedido de informes -probablemente también de declaración- por parte de diputados nacionales de la oposición, recogiendo la indignación que la situación genera.
Tampoco se descarta que en la Legislatura bonaerense se generen solicitudes similares, algo que ya se concretó con otros temas vinculados a la actividad portuaria, como el que, días atrás, ingresó con la firma del diputado bonaerense Miguel Funes (Unidad Ciudadana), para advertir sobre la ilegalidad de otorgar un subsidio por 20 millones de pesos al Puerto de Mar del Plata.
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