A la izquierda, el despacho de Ernesto Kreplak, encargado del juzgado Criminal y Correccional N.° 3; y a la derecha, el poderoso tribunal electoral N.° 1, que es subrogado por Adolfo Gabino Ziulu, responsable del Fuero Civil y Comercial N.° 2, con oficinas en otro edificio.
Diecinueve pasos separan el despacho de Kreplak del juzgado que subroga Ziulu. Si fuera potrero, con un “pan y queso” bastaría. Pero no, acá, la cancha es otra, se juega en primera. Y cuando dos grandes no se ponen de acuerdo, se sabe, lo define el escritorio. El pasillo es tierra neutral, pero puertas adentro se juega un partido importante, con conotaciones políticas
Ambos magistrados podrían entrar en un conflicto de poderes por quién se queda con la causa que investiga los aportes en la campaña electoral de Cambiemos para las elecciones legislativas de 2017. También está en medio de esta disputa el juez en lo Criminal y Correc-cional N.° 7 porteño, Sebastián Casanello, con otro expediente contra el oficialismo por los mismos motivos.
Las primeras denuncias, tras la investigación periodística publicada por El Destape, llegaron a manos de Kreplak y Casanello, y mientras el caso recorría medios de comunicación, los apoderados del PRO fueron al juzgado de Ziulu y pi-dieron por escrito que las causas se sustancien en el fuero electoral.
Ziulu aceptó el “pedido de inhibición para actuar” y solicitó a sus pares que le giren los expedientes. Ese fue el puntapié inicial en los vaivenes que amenazan con terminar en la Corte Suprema nacional. Los denunciantes creen que si las causas van al fuero electoral, le cabrían a Cam-biemos solo sanciones partidarias y lo penal se diluirá sin responsables.
El abogado Luis Alén, patrocinante de un grupo de personas que aparecen como afiliadas y aportantes de Cambiemos pero que no pertenecen al partido ni donaron dinero para la campaña pidió que “se investigue la falsificación de fichas de afiliación y los aportes, y de dónde vino el dinero que se disfrazó con falsos aportantes; y eso lo tiene que investigar la Justicia Penal”. Entiende que de lo contrario, si la causa va al fuero electoral, “no habrá sanciones penales”. Lo mismo aduce la Fundación La Alameda, otra de las denunciantes.
Pero en el tribunal de Ziulu, que se rige por el viejo axioma de “un juez habla sólo con sus sentencias”, lo niegan; y prometen que si hay delito penal lo girarán al fuero criminal.
En el trasfondo también aparecen cuestiones políticas vinculadas a las afinidades de cada uno de los magistrados, pero lo cierto es que Ziulu pretende unificar las causas y tramitar en su juzgado todos los expedientes, mientras Kreplak y Casanello deberán definir si aceptan o no la inhibitoria.
Si la rechazan tendrán que elevar el conflicto a la Cámara. Pero ¿a cuál? Surge, entonces, otro incidente que hace que el conflicto de poderes derive directamente en la Corte. Es que, de acuerdo al Código de Procedimiento Penal, el rechazo de la inhibitoria “se debe elevar a la cámara del fuero que previno (de primer contacto)”.
Ziulu se adelantó y pidió a sus pares que si rechazan la inhibitoria, lo eleven a la Cámara Nacional Electoral. Pero Kreplak podría remitirlo a la Cámara Federal Platense, y allí vuelve a presentarse otro conflicto de competencia. La novela promete más de una temporada. Casanello ya negó el pedido de inhibitoria y aseguró que se está “en presencia de dos procesos de distintas naturalezas”.
“El que venimos llevando adelante es una investigación judicial penal, orientada a comprobar la extensión del daño causado. El que se encuentra a cargo del Dr. Ziulu, en cambio, es una pesquisa en materia electoral”, fundamentó. Y declinó la competencia parcial sólo en lo que refiere a la investigación de falsificaciones en el juzgado de Kreplak. Puede que haya definiciones claves esta semana.
“En diez años se resolverá”, timbean secretarios de los tribunales. Y recuerdan el “caso Miguel del Sel”. Una causa similar, por irregularidades en el financiamiento de la campaña de 2011 en Santa Fe -cuando el humorista fue candidato a gobernador por el PRO- que fue al fuero electoral y que a la fecha solamente arrojó una inhabilitación para el integrante del trío Midachi, y dos dirigentes, por el lapso de seis meses para ejercer cargos públicos y presentarse como candidatos.
Luis Alen: “Se debe investigar la posible comisión de delito”
Luis Alén representa a una quincena de beneficiarios de planes sociales que aparecen en las listas de aportantes y que denunciaron la situación ante el juzgado de Kreplak. El abogado es de los principales opositores a que la causa pase al Juzgado Electoral.
“Ziulu es juez electoral, su competencia electoral nadie la cuestiona, pero acá no se están investigando cuestiones electorales, se está investigando la posible comisión de delitos penales”, afirma el letrado a La Tecla.
Para él, Ziulu “admite que si hay delito tiene que investigar la Justicia Penal, pero aclara que hay que esperar a que lo definan ellos. Ya sabemos que hay delito: hay personas que dicen que no aportaron y que les falsificaron una afiliación. No necesitamos más”.
El patrocinante de los denunciantes es uno de los consultados para determinar si la causa cambia de juzgado, y está clara su posición de que quiere que siga en el juzgado Criminal y Correccional N°.3.
En rigor, los denunciantes temen que si la causa cambia de juzgado y todo se unifica bajo el fuero electoral, los denunciados eviten un proceso penal y todo quede concentrado en lo administrativo.
De todos modos, el juez sub-rogante del Juzgado Electoral ya ha adelantado que en caso de encontrar la comisión de un delito pasaría la actuación correspondiente a la órbita penal.
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