La Justicia investigará los aportantes “pobres” de la campaña de Cambiemos

La Justicia pone la mira en los aportantes de campaña de Cambiemos en las últimas elecciones legislativas. La investigación que ahora llevarán adelante los tribunales federales surgió a raíz de una nota publicada en el sitio El Destape en la que advirtieron que el oficialismo utilizó, al menos, a 205 personas que reciben planes sociales (Ellas Hacen y Argentina Trabaja) o que están por debajo de la línea de la pobreza y figuran como financistas de la campaña.

Una de las causas se inició por una denuncia de Lucas Schaerer, de la fundación La Alameda que lidera el ex legislador porteño Gustavo Vera, y le tocó por sorteo al juez Sebastián Casanello ; la otra, la abrió por su cuenta el fiscal federal Jorge Di Lello, el único de los fiscales de Comodoro Py con competencia electoral.

Los denunciados son Esteban Bullrich y Gladys González , que fueron los candidatos a senadores nacionales, y Graciela Ocaña y Héctor Flores, que eran los primeros candidatos a diputados.

Según consignó La Nación, Casanello recibió la denuncia ayer y la envió a la fiscalía de Carlos Stornelli para que dictaminara si corresponde abrir una causa.

En cuanto a Di Lello, él decidió iniciar una "investigación preliminar, por la que le tomó declaración testimonial  el periodista Juan Amorín, autor de la nota, y podría citar a alguno de los supuestos aportantes falsos. 

El matutino destacó que, por una cuestión de competencia, lo más probable es que, de avanzar la investigación, los dos expedientes se unifiquen en la Justicia Federal con competencia electoral de La Plata.

Según El Destape, los aportes sospechados son todos por montos bajos, de 300 a 1500 pesos, y corresponden a aportantes de "Quilmes y otros partidos de la zona Sur y oeste del Gran Buenos Aires".

Fuentes de Cambiemos respondieron ayer que están revisando todos los documentos y que colaborarán con la Justicia. Según dijeron, todos los aportantes cuestionados son afiliados de Pro y no hay ilegalidad alguna en que tuvieran planes sociales, que -afirmaron- les fueron otorgados antes de la llegada de Cambiemos al Gobierno.

Sostuvieron que la ley no exige cruzar aportantes con beneficiarios de planes sociales y dijeron además que el oficialismo dio cuenta en esa campaña de aportes por 86 millones de pesos y que los aportantes cuestionados sumarían cerca de 400.000 pesos.