El Gobierno los despidió y ahora les pide renunciar a sus derechos a cambio de planes sociales

A finales de 2017, estalló en Azul el conflicto con la dependencia de fabricaciones militares del ministerio de Defensa de la Nación. En definitiva, por medida del equipo de Mauricio Macri se decidió cerrar las puertas de FANAZUL y despedir a los trabajadores. El caso, de gran impacto económico para el distrito, tuvo varios episodios de resistencia, marchas, reuniones y promesas.

Una de las promesas que recibieron los cesanteados por el gobierno de Cambiemos, fue justamente desde dos estamentos menores a la presidencia. La intendencia y la gobernación fueron quienes aseguraron que ayudarían a los despedidos.

Hernán Bertellys, jefe comunal de Azul (exkirchnerista y actual vidalista), y María Eugenia Vidal, llegaron a un acuerdo con los trabajadores a principios de mayo de este año.

El encargado de llevar las negociaciones fue el ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, que el 3 de mayo anunció el pago de una “contención social”. En definitiva, el acuerdo, al menos en su anuncio, se calcularía con “el valor del contrato al 31 de diciembre de 2017 y el 50 por ciento de dicho valor se multiplicará por la cantidad de años que duró la locación de servicios, a lo que se adicionará medio canon locativo más”, correspondiente al medio aguinaldo.

Incluso, el propio Bertellys se puso al frente de dicho reclamo para llevarse los laureles: “a partir de gestiones que veníamos realizando, el gobierno bonaerense otorgará un fondo para atenuar el desempleo de los trabajadores de FANAZUL y en la audiencia de la que participamos hoy, se diagramó cómo será la entrega de este subsidio”.

Sin embargo, no todo es color de rosa y detrás de los planes sociales que el Gobierno de Vidal ofreció a los despedidos de FANAZUL se esconde una trampa. Es que, conforme a lo denunciado por los cesanteados, para recibir la “contención” deben firmar un acuerdo por medio del cual están obligados a desistir y renunciar a todos los derechos y acciones que les corresponden por su trabajo en FANAZUL, como podría ser el inicio de algún juicio laboral.

Incluso, la contención, que se puede pagar en cuotas, sólo contempla los últimos once años trabajados y no la totalidad. Claro está, la medida fue catalogada como una “canallada” del gobierno bonaerense y municipal.

En ese marco, la secretaria General de ATE Seccional Azul, Vanina Zurita, adelantó que pedirán una audiencia con Bertellys para que de explicaciones de lo ocurrido. “Es una canallada porque es una ayuda social y también porque no pueden pedirle a los trabajadores que vayan en contra de sus propios derechos, como es reclamar al Estado Nacional la indemnización por todo el tiempo que trabajaron en Fabricaciones Militares”, sentenció.