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Jueves, 28 marzo 2024
QUILMES
14 de agosto de 2016

Cooperativas: se reactiva la Justicia y apunta al Barba

La “causa de las cooperativas” vuelve al centro de la escena en la política quilmeña. Las últimas presentaciones judiciales, los avances de la mano del nuevo gobierno y las cuestiones pendientes

Cooperativas: se reactiva la Justicia y apunta al Barba - La Tecla

El cambio de tiempos políticos ha provocado la reactivación de cientos de expedientes que descansaban en cajones de juzgados y fiscalías ordinarias y federales. Las causas que involucran a la gestión del ex intendente de Quilmes Francisco “Barba” Gutiérrez no son la excepción.

La “causa de la cooperativas”, conocida así desde la gran repercusión mediática que tuvo en 2012, a partir de la difusión de serias irregularidades en la ejecución del programa Argentina Trabaja en el ciclo televisivo Periodismo Para Todos, de Jorge Lanata, en estos tiempos comenzó a dar signos de reactivación y algunos avances.

“Estoy convencido que la Justicia va a avanzar; no es fácil, pero ahora los tiempos de la Justicia se acelerarán un poco, como pasa con todos los cambios de gobierno”, afirmó el diputado nacional Fernando Pérez, quien en 2012 se presentó en Como-doro Py para realizar la denuncia.

Agregó el legislador: “Hubo un desfalco millonario con un sistema que era inmoral; no sólo por la falta de transparencia y los he-chos de corrupción que hemos denunciado, sino porque justamente se hizo con dinero que estaba dirigido a mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables de la sociedad”.

Hace tan sólo unas semanas, el juez Luis Armella, a cargo de la causa que se encuentra en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, llamó a declarar al nuevo director de Econo-mía Social del municipio, Leandro Díaz, a cargo del área que articula el trabajo de las cooperativas con el municipio.

“El juez Armello me llamó a declarar para ver cómo era la situación actual del programa, porque desde junio soy el responsable y por mi experiencia con el tema de cooperativas”, contó Díaz, quien desde hace años es referente del “Movimiento 8 de octubre”, y hasta 2008 cercano a Luis D’Elía y afín al kirchnerismo.

El funcionario afirmó que aportó “valiosos” datos a la Justicia. Entre los pasajes más relevantes de su declaración, que suman nuevas líneas de investigación y pruebas a la causa, Díaz destacó que el “Argentina Trabaja” en Quilmes tenía “135 cooperativas y sólo 14 tenían papeles”.

Y explicó que muchos presidentes de las cooperativas están siendo llamados a prestar declaración para contar su situación con la gestión de Gutiérrez y también porque había situaciones irregulares. “Hay cheques por montos altos de dinero con firmas que no coinciden, los presidentes firmaban obras y cheques bajo presión”, apuntó el responsable de Economía Social del municipio.

En esta misma línea, La Tecla también dialogó con el presidente de la cooperativa “La Nueva Unión”. Héctor Sosa afirmó: “Firmábamos papeles co-mo que retirábamos materiales. Yo pe-día fotocopia de lo que nos hacían firmar, pero nunca nos dieron nada; no sabíamos bien qué era, no llegábamos a leer”. Además destacó que ellos nunca recibieron ningún dinero extra ni directamente del municipio, y que el cobro por sus trabajos estaba bancarizado.

Por su parte, Díaz aclaró que desde el municipio “estamos haciendo un balance interno sobre el Argentina Trabaja, porque no sabemos cómo se ejecutaron las obras; para ver también en qué libros de actas se asentaban que los cooperativistas recibían ropas y maquinarias”. Además consideró que “las 135 cooperativas son las que sufrieron las peores cosas”, por las malas condiciones en que trabajaban y por cómo fueron usadas para sacar beneficio económico “por quien se supone que tenía que ayudarlos”.

Por último afirmó: “Ahora estamos en el proceso de regulación; la municipalidad había comprado los libros y los estatutos en la gestión anterior, pero nunca se los entregó a los cooperativistas”.

El proceso judicial, en tanto, continúa en manos del juez Armello, quien ha mostrado algunos avances, sobre todo a partir de diciembre del año pasado, días antes del cambio de gobierno, cuando se realizó un allanamiento en las oficinas municipales, y en los últimos meses, en que se hicieron llamados a indagatoria para engrosar el documental probatorio.

“La expectativa de los funcionarios judiciales con respecto a este tema es muy buena, la causa está avanzando”, afirmaron a La Tecla fuentes cercanas al Juzgado Federal N°4. Sólo resta es-perar nuevos avances en la investigación, el llamado a indagatoria de los funcionarios municipales imputados por “presunto desvío millonario de fondos”, nuevas líneas de investigación a partir de la declaración de Díaz y “posibles detenciones”.


LOS PRIMEROS PASOS DE LA CAUSA Y EL MATERIAL PROBATORIO

“En septiembre de 2012 presentamos la denuncia en Comodoro Py, con el material probatorio que habíamos juntado”, afirmó el diputado nacional Fernando Pérez, quien por ese entonces era concejal en Quilmes. Desde aquellos tiempos, el exfiscal y diputado Manuel Garrido se hizo cargo de las presentaciones judiciales, y actualmente “está al tanto de la causa y de vez en cuando se acerca al Juzgado Federal para conocer los avances”.

Tras la presentación en Tribunales, de la que también participaron otros legisladores y concejales, la investigación de Stornelli fue engrosando su caudal probatorio, e incluso el ex intendente Francisco Gutiérrez entregó al fiscal 60 mil fojas de documental sobre el programa. “El dictamen de Stornelli fue muy duro y muy contundente. Luego la causa pasó a Quilmes, porque se desestimó la denuncia contra funcionarios nacionales y quedó sólo contra los locales”, explicó Pérez.

A partir del trabajo del fiscal se probó que “en el caso de Quilmes, el Ministerio de Desarrollo Social transferiría a la Municipalidad los fondos para que ella contrate a los proveedores de las cooperativas, siendo que dicho dinero era acreditado en una cuenta del Municipio” que “aprovechando la disponibilidad de los fondos haría que las cooperativas contrataran la provisión de servicios con particulares o empresas que en realidad no prestarían ningún servicio” y “serían ‘puestas’ por funcionarios para poder hacerse de los fondos”.


HAY PARA TODOS: CARRIÓ TAMBIÉN DENUNCIÓ AL EX INTENDENTE

La diputada Elisa Carrió también quiso ser parte de la causa que, de resolverse en un corto plazo, podría convertirse en uno de los íconos de la lucha contra la corrupción. En mayo de este año, y bajo el resonante título de “estoy enfrentándome a las grandes mafias de la Provincia”, Carrió decidió presentarse como “amicus buriae”en la causa de las cooperativas, en el Juzgado Federal N° 4 de Quilmes.

Lo hizo junto a Mónica Frade, la mediática abogada cerca de la Coalición Cívica. Un mes antes, las dos mujeres habían sumado una nueva denuncia contra “El Barba” Gutiérrez, en la que se pedía que se auditen judicialmente las áreas de Gobierno, Hacienda, Medio Ambiente, Comercio y Legal y Técnica, donde se produjeron faltantes y habría habido “sustracción de fondos públicos y muebles”.


EL COOPERATIVISTA: LA OTRA CARA DEL PROGRAMA ARGENTINA TRABAJA


“Hace cinco años que trabajamos con el municipio; nosotros teníamos armada la cooperativa, somos 60 personas, y con el Argen-tina Trabaja nos encargamos del barrido de cordón y vereda”, contó Héctor Sosa, presidente de la cooperativa “La Nueva Unión”.

Y continuó: “Antes trabajábamos cuatro horas por día; salíamos temprano a la mañana y nos dividíamos las calles. Como cualquier otro trabajo estábamos puntales ahí con las herramientas, cepillos y desmalezadoras que nos daban de la Municipalidad”.

También hizo referencia a las irregularidades en los requisitos formales para el funcionamiento de la entidad que preside: “Nunca tuvimos los libros contables, recién ahora el municipio nos está dando”, afirmó sobre los libros de actas de asambleas, balance, inventario, etcétera, que según Leandro Díaz estaban en el municipio sin entregar. “Cada mes íbamos al banco y con la tarjeta cada uno cobraba su sueldo”, que a fines de 2015 era de 2.600 pesos y ahora es de 3.100, según deta-lló.

Además Sosa aclaró que los miembros de su cooperativa “al municipio no íbamos; sólo a veces he ido yo a firmar papeles, según decían, por retiro de materiales de trabajo”. Su firma puede ser una de las tantas que son investigadas por la Justicia, ya que, conforme denuncia la nueva gestión, los presidentes de cooperativas eran “extorsionados” para rubricar papeles de los que desconocían el contenido y, en muchos casos se presume, tal como sostuvo el fiscal Stornelli, eran utilizados para desviar fondos en favor del municipio.


NUEVA GESTIÓN: LA REGULARIZACION DE LOS TRABAJADORES

El director de Economía Social del municipio afirmó que actualmente se encuentran realizando una auditoría sobre el funcionamiento del programa y están regularizando la situación de las 135 cooperativas, tanto de aquellas municipales como de otras que responden a movimientos sociales u organizaciones políticas.

“Queremos que las cooperativas se ajusten a derecho; les entregamos sus estatutos y libros contables”, afirmó Díaz, y agregó que además “estamos realizando capacitaciones para que tengan sus balances, tenemos convenio con la UBA”.

Se detalló además que actualmente hay 2.886 cooperativistas que en los últimos años “han sido maltratados”.


LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES IMPUTADOS

Hasta el momento, ade-más de Gutiérrez, son: Guillermo Robledo (ex secretario de Producción), Alejandro Tozzola (ex se-cretario de Hacienda), José Pavón (director local del Argentina Trabaja), Leda Cejas (responsable local del Argentina Trabaja),

Hugo Muñoz (ex director de Compras), Julio Sevilla (director operativo de Reinserción Social) y Roxana González (secretaria de Obras Públicas), por el “presunto desvío millonario de fondos” destinados al programa.

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