Los cambios en la conducción de la Provincia y en muchos distritos del territorio bonaerense sacaron nuevamente a escena la ley de Paritarias municipales. Tras su discutida aprobación durante al año pasado en la Legislatura bonaerense, algunos ejecutivos comunales comenzaron a evaluar los convenios colectivos de trabajo para sus empleados. Pero el acto eleccionario y la modificación en el ámbito político generó un manto de dudas sobre el tema.
Es que si bien durante su histórico tratamiento hubo diversas presentaciones y se logró un consenso, a varios alcaldes no les cerraba la idea de no tener más la potestad de cuánto aumentar a sus empleados y re-chazaban la postura de que la suba no fuera impuesta por la Comuna.
Más acá en el tiempo, los recién asumidos no saben fehacientemente cómo está ni cuál es la situación de los trabajadores contratados y permanentes en su municipio. Es más: muchos no tienen una nómina completa de la cantidad de empleados comunales, y lo van a evaluar durante estos días. Así, en estos distritos, la conformación de la ordenanza de convenios colectivos se retrasará, y la legislación que debe entrar en plena vigencia el 6 de enero del próximo año está en serios riesgos de poder aplicarse.“Nos agarró una etapa de elecciones, con intendentes que no querían firmar hasta conocer las situaciones y ver cómo encuentran las comunas; los sindicatos nuestros están conversando con muchos intendentes. Vamos a presentar una nota a Vidal para pedir una audiencia y hablar de todos estos temas también con el ministro de trabajo
la provincia de Buenos Aires”, explicó a este medio Rubén García, titular de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FE.SI.MU.BO).
Una de las cuestiones por las que varios jefes comunales están pensando en retrasarla es que la gestión anterior dejó las arcas económicas con un gran déficit, lo que perjudicaría el normal funcionamiento por lo menos en los primeros meses. Del mismo modo generaría retraso en las obligaciones salariales de diciembre, que, además del sueldo, tienen el medio aguinaldo. Y ya es sabido que mu-chos alcaldes recurrirán a la Gobernadora Vidal para pedirle una ayuda económica y poder solventar este vacío.
Por lo tanto, muchos de ellos no pueden pensar en una discusión paritaria sin tener bien en claro cómo harán para afrontar los salarios y el aguinaldo en diciembre.
Con este estado de situación, los distintos sindicatos municipales ya denunciaron la existencia de una estrategia por parte del Ejecutivo entrante de María Eugenia Vidal para no avanzar en la realización de paritarias a nivel municipal, por lo menos en lo que hace a su primer año de gobierno.
Consultado por La Tecla sobre la situación de cada uno de los jefes comunales, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda, Walter Fariñas, afirmó que “hay de todo un poco”, y aclaró que “los intendentes no tienen que adherir o no”, sino que “tienen que cumplir con la ley”.
Fariñas también indicó que no hay posibilidades de no cumplirla, y explicó que “hay alguna versión de un acuerdo de la Gobernadora electa con el sector del Frente Reno-vador de postergar el cumplimiento de los convenios colectivos de trabajo. Nosotros estamos a la expectativa de esa situación”.
Y este rumor al que hizo referencia Fariñas es tomando con mucha fuerza por varios intendentes con la idea de retrasar la discusión paritaria de los empleados municipales. Uno de ellos es Néstor Grindetti, jefe comunal de Lanús, quien deslizó esta posibilidad y confirmó que necesita “tiempo” para aplicar la nueva norma. Aunque la consideró necesaria, el hombre del PRO manifestó que no es fácil llevar adelante una negociación colectiva de este tipo.
Siguiendo con el mismo color político pero en otro distrito, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, también buscaría esta salida y, según manifestaron va-rios sindicalistas, encabezaría el lobby para que los jefes comunales exijan, por decreto, suspender la ley.
En contraposición a esto, el diputado del Frente para la Victoria y autor de la ley, Hernán Doval, manifestó que “hay una parte que está vigente, restaría el régimen supletorio, que si no existiera un convenio colectivo de trabajo entraría en vigencia el 6 de enero. El único camino que existe para retrasar la entrada en vigencia es modificar la ley, con lo cual se tendría que votar nuevamente en las dos cámaras, por lo que sería un tema bastante engorroso, porque tendrían que sesionar las dos cámaras. Gran cantidad de diputados que la votaron a favor tendrían que modificarla”.
Así las cosas, todo parece indicar que la última palabra la tendrá la Gobernadora, quien, con los reclamos de los intendentes en los oídos, puede tomar la decisión de, mediante un artilugio legislativo, retrasar la aplicación del régimen supletorio y jugar a favor de algunos jefes comunales. De ser así, los sindicatos municipales mostrarán todo su accionar y resistirán esta medida, pero no desde el escritorio, sino desde la calle. |
