Adolfo Alsina decretó la emergencia económica

Adolfo Alsina es uno de los municipios más complicado con respecto a la situación financiera desde hace varios meses y por esto el intendente de Adolfo Alsina, David Hirtz, decidió decretar la emergencia económica, financiera y administrativa.

En una conferencia de prensa, junto a sus funcionarios, el jefe comunal señaló: "La deuda heredada, el primer recorte que hizo la Provincia del Coeficiente Único de Distribución y el segundo recorte que se produjo por el Fondo Educativo Nacional, han complicado de sobremanera las cuentas del Municipio; si a eso sumamos la imposibilidad que manifiesta la Nación y la Provincia de poder sanear la situación, nos enfrentamos hoy a un panorama complejo de resolver”.

Y añadió: “Pero asumimos la responsabilidad que esperamos compartir con el Concejo Deliberante que hasta ahora no nos ha acompañado con la sanción de medidas que nos ayuden a optimizar la recaudación”.

Para culminar, indicó: “Vamos a racionalizar los recursos para poder brindar los servicios que el Municipio debe prestar, vamos a hacer todo el esfuerzo que esté a nuestro alcance para cumplir con los proveedores y con el pago de los sueldos, pero para ello, necesitamos el compromiso de todos nuestros funcionarios de optimizar al máximo los recursos".

Según prevé el artículo 1º del decreto: "Declárase la emergencia Económica, Administrativa y Financiera en la Municipalidad de Adolfo Alsina, a partir del día 1 de septiembre 2012 y hasta el día 31 de diciembre de 2012".

Entre las medidas adoptadas por el jefe comunal, se destacan:

No expedición de guías u otros trámites, cuando se adeuden tasas municipales con una antigüedad anterior al 31/12/2011.

Se suspende la incorporación de nuevo personal a la Administración Municipal y Organismos Descentralizados.

Se suspende la realización de horas extras.

Suspensión de viáticos, excepto aquellos esenciales para el funcionamiento de la administración municipal.

Suspender el otorgamiento de subsidios, excepto aquellos que comprometan la continuidad del funcionamiento de la institución solicitante, evaluándose cada situación en particular.

Restringir la compra de bienes de capital.