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Política Provincial
3 de junio de 2019
JUSTICIA

Habilitan jury al juez que ordenó un polémico allanamiento a la exesposa de Pérez Corradi

El Jurado abrió un proceso de juicio político contra Diego Martínez, juez de Garantías Tigre. El allanamiento terminó en escándalo, con niños apuntados con armas, y cuestionado por la Justicia Federal.

Habilitan jury al juez que ordenó un polémico allanamiento a la exesposa de Pérez CorradiHabilitan jury al juez que ordenó un polémico allanamiento a la exesposa de Pérez Corradi
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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados inició la apertura de un proceso de juicio político contra Diego Martínez, juez de Garantías de Tigre, cuestionado por un allanamiento polémico en 2016 de un domicilio del narcotraficante Ibar Pérez Corradi, según confirmaron fuentes judiciales a La Tecla.info

El Jurado decidió el martes 28 la apertura del jury, a raíz de una presentación realizada por la diputada Elisa Carrió años atrás en la que le achacó varios ilícitos. El Jurado de Enjuiciamiento, presidido por el titular de la Suprema Corte, Eduardo de Lázzari, decidió avanzar solo por el allanamiento, que es tildado de ilegal.

La Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento ya elevó los escritos a la Procuración General, a cargo de Julio Conte Grand, y a la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados para que analicen la acusación contra el magistrado.

El allanamiento cuestionado se produjo el 10 de febrero en Don Torcuato mientras Pérez Corradi –vinculado a mafia de la efedrina– era intensamente buscado. Martínez ordenó a la Policía bonaerense un procedimiento para su captura que terminó un escándalo por la violencia con la que fue llevado a cabo. Y por lo infructuoso: el acusado no estaba allí.

Los efectivos les apuntaron con armas a los niños, arrojaron gases lacrimógenos contra la vivienda, tiraron abajo la puerta destrozaron muebles, revolvieron todo la casa, sacaron prendas de vestir de los placares y hasta mataron a dos mascotas. Al parecer, Martínez había ordenado el allanamiento por información de inteligencia errónea. 

El hecho, que llegó a los medios de comunicación de entonces, significó un conflicto de competencias judiciales, que le valió serios cuestionamientos a Martínez por parte de la Justicia Federal. La jueza María Servini de Cubría y el fiscal Franco Picardi señalaron que la orden se habría dispuesto fuera del marco de competencia correspondiente a la justicia bonaerense y se habrían secuestrado elementos que excedían el objeto de la medida. Dijeron, además, que la orden de allanamiento “no habría sido motivada”.

No fue el único cuestionamiento. El titular de la Fiscalía Nº8 en lo Criminal y Correccional Federal, Juan Pedro Zoni, pidió que se lo investigue a Martínez en virtud de que el procedimiento se realizó  “sin motivo ni justificación aparente” y sin dar noticia o intervención a la Justicia Federal que había ordenado la captura de Esteban Ibar Perez Corradi.



Zoni, también le achacó que la orden de allanamiento fue librada ‘con el único fin de efectivizar la detención’” y “‘proceder al secuestro de armas de fuego’”, pero se habrían llevado a cabo “seguimientos, traslados, secuestros de diversos objetos y documentación”, según se citan en la denuncia realizada por Carrió.

Ahora, Martínez enfrentará un juicio político en su contra por un caso que generó un fuerte revuelo mediático en su momento. De hecho, el propio juez de Garantías llegó a denunciar a efectivos de la Policía bonaerense por el hecho. En tanto, el proceso de la Justicia Federal en su contra sigue abierto. 

“El denunciado sistemáticamente se arroga facultades que le son otorgadas por la ley, asume competencias que no le son propias, actúa injustificadamente fuera de sus límites, prolonga tiempos procesales en perjuicio de los imputados, realiza actos de arbitrariedad manifiesta, interpreta de manera arbitraria la ley, adopta decisiones infundadas, incurre en actos de parcialidad y dicta resoluciones contrarias a la ley”, sostiene el escrito. 

Pérez Corradi

Pérez Corradi fue finalmente capturado en junio de 2016. Fue condenado en noviembre a siete años de prisión por el Tribunal Oral Federal 8 por tráfico ilegal de efedrina entre los años 2004 y 2008. Se lo acusó de dirigirlo hacia bandas de narcotráfico para la producción de drogas de diseño. También fue condenado a dos años y cinco meses de prisión por el contrabando de efedrina desde China e India

Sin embargo, tiene otras causas abiertas vinculadas al tráfico de efedrina. La semana pasada fue noticia cuando en una sala de Comodoro Py soltó más de 40 cucarachas para denunciar las condiciones de extorsión.
 

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