Diputados denuncian intento de privatización de Puertos provinciales

Mostrar su preocupación ante la pretensión del Gobierno bonaerense de crear Consorcios de Gestión privada para las Delegaciones Portuarias y ratificar que la dirección y gestión de la actividad es un deber indelegable del Estado, son los objetivos de un proyecto de declaración presentado por legisladores del FPV-PJ en la Cámara de Diputados provincial.

Los firmantes denunciaron la "intención de conformar sendos Consorcios de Gestión Portuaria para las actuales delegaciones de Dock Sud, Coronel Rosales y Paraná interior (San Nicolás)", asegurando que "la situación de nuestros puertos provinciales ha sido de total incertidumbre" desde el comienzo de la gestión de María Eugenia Vidal.

En tal sentido, recuerdan que el Ministerio de Producción y la exSubsecretaría de Actividades Portuarias estuvieron acéfalas por un largo tiempo, sumadas a la "falta de conducción en un área tan sensible como la política portuaria".

Además, mencionaron un "crescendo de denuncias de supuestos actos de corrupción, de tráfico de sustancias prohibidas, de abuso de autoridad y de una deliberada desinversión en las terminales portuarias".



Luego de señalar lo que consideran la promoción de "una virtual privatización de todo el complejo portuario", denuncian que el avance del Ejecutivo también "involucra a la administración del Fondo Provincial de Puertos, que por Ley debe utilizarse para atender gastos operativos y de administración, originados en los propios puertos".

"A pesar de la intangibilidad de dicho fondo, en más de una ocasión se le imputan como gastos, los gastos operativos y en obras de los consorcios existentes. Todo esto constituye un pingüe negocio para el sector privado, que se sirve de recursos provinciales para sostener un negocio con rentabilidad asegurada", expresaron en su iniciativa.

Y añaden que "en el caso de las delegaciones de Dock Sud y Paraná Inferior, entre ambas promedian en los últimos años el 90% de los ingresos correspondientes al Fondo Provincial de Puertos".

Finalmente, ponen en evidencia que "arrecian las denuncias sobre una serie de irregularidades sobre las que el Poder Ejecutivo no da explicación alguna", además de exponer que la respuesta a los trabajadores por denunciar los intentos privatistas "fue la de perseguir a la organización sindical y, como represalia al reclamo, se le ha quitado la facultad de descontar la cuota sindical en las liquidaciones salariales a sus afiliados".