MARCHA ATRAS
14/02
El Gobierno derogó el decreto de Macri para importar basura
El presidente Alberto Fernández dio marcha atrás con el decreto de la gestión anterior y estableció un plazo de 180 días para formular una nueva propuesta.
El Gobierno derogó el decreto de Mauricio Macri que habilitaba la importación de basura y estableció un plazo de 180 días para formular una nueva propuesta "que promueva una gestión integral de los residuos en el marco de una economía circular".

La decisión de anular el decreto 591/2019, firmado por el ex presidente y publicada en el Boletín Oficial, "deja sin efecto la exigencia de contar con un certificado de inocuidad sanitaria y ambiental" lo que "constituye un retroceso en materia ambiental que coloca a nuestro país en una situación de riesgo ante el posible ingreso de residuos peligrosos".

"El decreto de hoy de derogar la recepción de residuos peligrosos es muy importante. Tenemos una cantidad grande de basurales a cielo abierto y encima el decreto de Macri permitía residuos que venían de afuera. Era un despropósito”, dijo el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan Cabandié, quien precisó que entraron 40.000 toneladas de residuos en este tiempo.

Cabandié afirmó que desde la cartera están trabajando sobre el tema de los basurales a cielo abierto y manifestó que "el Estado tiene que hacer campañas de separación de residuos en origen y que se modifiquen los hábitos culturales”.

Tal como publicó La Tecla, la norma de Mauricio Macri se firmó en medio de un contexto internacional donde la República Popular China cerró la importación de residuos a Estados Unidos y la creciente sospecha de favorecer a lobbies de empresas trasnacionales para encontrar en suelo argentino tierra fértil para depositar sus residuos, cuando en el país existen serias deficiencias para tratar los desechos propios.

El decreto quedó bajo la lupa de los principales referentes de la oposición, que reclamarán en ámbitos legislativos la inconstitucionalidad del mismo, por avasallar cuestiones establecidas en la Carta Magna nacional.

En efecto, la Resolución modificó los decretos reglamentarios de la ley de Residuos Peligrosos para permitir el ingreso de “sustancias y objetos”, procedentes de otros países, que puedan ser utilizados para otras finalidades o para los que exista un mercado o demanda específica.

“Aquellos residuos que pasan por operaciones adecuadas y suficientes de tratamiento (...) dejan de ser considerados como tales y son destinados a un proceso productivo e incluso comercializados como insumos, materias primas o productos, tales como los desechos de papel y cartón, la chatarra ferrosa y de aluminio, los desechos de material plástico y el cascote de vidrio”, señala el texto.

Asimismo, el decreto sólo llevaba las firmas del presidente Macri; del jefe de Gabinete, Marcos Peña; y del ministro de Producción, Dante Sica, quien fue cuestionado por grupos ambientalistas por excluir como autoridad de control a la Secretaría de Ambiente, que conduce el rabino Sergio Bergman.

Tras la sospecha, desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos apuntaron sin titubeos contra el beneficio a empresas como Coca Cola y Cabelma; al tiempo que se enfatizó el perjuicio a entidades encargadas del reciclaje, entre ellas, cartoneros y cooperativas, por la disminución en el costo de los materiales al abrir sin límites y sin control la importación de residuos.

La polémica avanzó en la justicia con pedidos de inconstitucionalidad de parte de la líder del GEN, Margarita Stolbizer.